A diferencia de lo que por años han sostenido los mandos militares, hoy se sabe que la responsabilidad no corresponde solamente a los soldados que ejecutaron las órdenes. Altos oficiales, ministros y expresidentes deberán responder por los hechos develados
Gabriela Gil
@GabbyG1l
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dio a conocer en su auto 033 de 2021 la priorización del caso 003 denominado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, conocido públicamente como el caso de los “falsos positivos”. Las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” como fueron conocidos desde el 2003 no eran solo 2.248 como ha sostenido la Fiscalía General de la Nación, sino que esta cifra es solo una tercera parte de la real.
Como se relata en el libro ‘La responsabilidad del hombre de atrás’, escrito por la Corporación Jurídica Libertad, las ejecuciones extrajudiciales, bajo la modalidad de falsos positivos, se definen como el homicidio ocasionado por agentes del Estado en contra de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, en el marco de una estrategia que tiene como objetivo simular resultados operacionales para demostrar que se está triunfando en la guerra.
La cifra que ha revelado la JEP, producto de los informes entregados por organizaciones sociales como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Corporación Jurídica Libertad, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, el Comité de Solidaridad con Prisioneros Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otras, y de las versiones voluntarias recibidas, es una muestra clara de la sistematicidad de estos crímenes de Estado, y no obedece a unos pocos hechos cometidos por “manzanas podridas”, como ha querido hacerlo ver el Ejército Nacional durante años.
Esta generalidad está revelando que en efecto se ha tratado de una doctrina al interior de la Fuerza Armadas y que será necesario que se esclarezca la información sobre estructuras, mandatos y demás que hayan permitido la pervivencia de estos crímenes de lesa humanidad.
Caso Antioquia y la Brigada más “efectiva”
Desde el 2002, el Ejército Nacional incrementó la ejecución de un conjunto de operaciones militares de naturaleza ofensiva, situación que implicó la inversión económica dirigida al robustecimiento del cuerpo marcial mediante el aumento del número de sus combatientes. Todo este despliegue militar obedecía al cumplimiento de las políticas marciales en el marco de las orientaciones del Plan Colombia, asumido como una estrategia de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
Antioquia fue uno de los departamentos que contó con la inyección de capital en este proceso de aumento del pie de Fuerza, en agosto de 2002 el departamento tuvo un incremento de 5.172 uniformados que llegaron a fortalecer las unidades adscritas a las brigadas IV, VI, XIV y XVII las cuales tenían presencia en este territorio.
Consecuente con las políticas del Ejército Nacional, la IV Brigada procuró otorgarle apariencia de legalidad al trabajo militar mediante una imagen de supuesto fortalecimiento del trabajo de inteligencia, basada en la creación y consolidación de redes de informantes, cooperantes y guías que contribuyeran como civiles en las acciones bélicas.
Este fortalecimiento también contó con la destinación de un rubro significativo de dinero para el empleo de civiles como informantes y guías, su accionar se orientó alrededor de la ejecución de operaciones militares, elemento llamativo dado el papel determinante de éstos últimos dentro de la comisión de ejecuciones extrajudiciales.
La IV Brigada conocida como “La efectiva” por los medios de comunicación, debido a las “bajas en combate” que presentaba, contaba con 12 mil militares y su competencia territorial comprendía para el periodo en análisis, 127 municipios de Antioquia y Chocó. Esta unidad militar representaba año a año un equivalente al 20% de los resultados nacionales.
El carácter efectivo que se le atribuye a la IV Brigada se ha traducido en constituirse como la brigada con mayor número de casos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de “falsos positivos”, con el 21,8% de los casos del total a nivel nacional. Es necesario resaltar que desde el año 2000 hasta el 2007, este estamento militar se mantuvo en el primer lugar en el reporte de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Desde 1997 se han formulado numerosas denuncias contra esta guarnición que la colocaban ya entre una de las más destacadas por la vulneración del derecho a la vida. Muchas de las cifras y datos han sido revelados por la Corporación Jurídica Libertad en el informe entregado a la JEP ‘La Brigada más “efectiva”: Crímenes de la Cuarta Brigada bajo la seguridad democrática y el Plan Colombia (2002-2003)’.
La implementación de la política de seguridad democrática representó un incremento significativo y preocupante en las cifras de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, llevando consigo una constante ascendente a partir de esta temporalidad. A partir del año 2002, el índice de ejecuciones extrajudiciales aumentó en un 138% en relación con el año inmediatamente anterior, siendo Antioquia el departamento con mayor porcentaje de casos con el 26,15% de las ejecuciones cometidas por el Ejército en el territorio nacional.
¡Las víctimas tenían la razón!
Durante años las historias desgarradoras de los familiares de las víctimas han retumbado en las calles y escenarios de justicia, donde han acudido para exigir verdad, para preguntar, ¿por qué a sus familias?, ¿por qué quienes debían cuidarles hoy son sus victimarios?
“Era un secreto a voces que estas ejecuciones eran sistemáticas. Sin embargo, es diferente que lo diga yo a que lo haga un cuerpo de justicia como la JEP. Entendemos que esto no comenzó con el expresidente Álvaro Uribe, a sabiendas de que su responsabilidad con este caso es clara y que se presentaron en su mandato más crímenes. Hay registros desde 1980 y claro que esto supone que la guerra dejó más de 10 mil casos de los mal llamados “falsos positivos”, cuenta Nora Pulgarín, hermana de Humberto León Pulgarín y sobrina de Jhon Fredys Navarro, ejecutados extraducialmente en la vereda La Concha del municipio de Campamento, Antioquia, por tropas del Batallón Atanasio Girardot, adscrito a la IV Brigada.
Las ejecuciones extrajudiciales, “falsos positivos”, no solo se cometieron contra hombres sino también contra mujeres de todas las edades incluyendo menores de edad como es el caso de Luz Esteli Morales una quinceañera, asesinada en la vereda El Morro en Granada, Antioquia, y presentada como guerrillera dada de baja en combate en San Carlos, Antioquia, el 17 de septiembre de 2003.
¿Quién dio la orden?
La pregunta sobre los máximos responsables de este crimen de lesa humanidad no solo ha rondado en el pensamiento de los familiares, sino también de las organizaciones representantes de víctimas y quienes han indagado en esta macabra parte de la historia del país.
¿Quién dio la orden?, ¿quién ordenó que se cometieran estos hechos? Las organizaciones sociales han sostenido con fuertes argumentos, la hipótesis que cada vez toma más fuerza, era una política de Estado. Las instrucciones y mandatos al interior de las Fuerzas Militares han sido registradas en los manuales de guerra, estudiados por los batallones, y cumplidos por quienes integran las filas del Ejército Nacional.
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