50 años de construcción de poder concreto

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Foto Sophie Martínez

Héctor Mondragón 

Las luchas desde la fundación del CRIC, son el proceso más importante de construcción y ejercicio de poder propio de los pueblos indígenas del Cauca, desde que en 1700 la corona española reconoció los resguardos en la región y la autonomía de los cacicazgos, tras cien años de guerra desde las montañas y una negociación.

Juan Tama, líder del proceso ante la corona, como el antiguo héroe de los Nasa, “Llibán” o Dxi’pam, nació en la laguna donde cada año las autoridades indígenas refrescan sus bastones para sacarles el exceso de “calor” producido por los conflictos, incluidos los debates internos, y continuar en el camino común.

A partir de Tama, la territorialidad de los resguardos expresó el resultado de la resistencia y su continuidad en medio del inestable equilibrio con la sociedad colonizadora, que insiste en despojar a los pueblos indígenas. Si en 1820 un decreto de Bolívar ordenó devolver las tierras a los resguardos, un año después el Congreso de Cúcuta ordenó disolverlos. Todo el siglo XIX pasó en órdenes y contraordenes, hasta que el Estado del Cauca por ley 90 de 1859 restableció la posesión comunal de los de resguardo. Esta ley sirvió de modelo a la 89 de 1890, que por un siglo fue instrumento de defensa de derechos indígenas.

La ley 55 de 1905, confirmó las declaraciones de vacancia de resguardos “abandonados”, “cedió” a los municipios los resguardos dando a los personeros la facultad de tramitar las “vacancias”, provocando una ola de despojos, contra la que surgió el movimiento de Quintín Lame en 1910.

Envalentonados por la derrota del levantamiento indígena en el Cauca, los hacendados hicieron aprobar la ley 104 de 1919, que ordenaba, otra vez, la disolución de los resguardos. La ley 32 de 1920 extinguió el resguardo de Yumbo, Valle.

Los resguardos son propiedad de las comunidades indígenas

El secretario de Quintín, José Gonzalo Sánchez se refugió en el Tolima, donde conformó el Consejo Supremo de Indios (1920). Aunque en 1921 la ley 38 supeditó a las asambleas departamentales la aplicación de la ley de 1919, y la sentencia de la Corte Suprema declaró que los resguardos son propiedad de las comunidades indígenas, la misma Corte declaró exequibles las leyes de 1919 y 1920, demandadas por José Gonzalo en 1925. Quintín luchó en el Tolima desde 1922. En 1925 participó en el II Congreso Obrero Nacional, en el cual fue elegido primer vicepresidente.

En el Cauca, en 1936, las manifestaciones de protesta lograron reducir los días de terraje e impusieron el decreto 50 de 1937 que prohibía las ventas de tierras de resguardo. En 1938 fue fundada la Federación Campesina e Indígena, que envió a José Gonzalo y al líder arhuaco César Niño, militantes comunistas, como delegados al II congreso de la CTC.

Durante el gobierno de Eduardo Santos, el decreto 1421 de 1940 estimuló la división de los resguardos e inició otra ofensiva. El decreto 918 de 1944 trató la disolución de los resguardos de Tierradentro. La ley 55 de 1948 disolvió el resguardo de Quinchía.

En 1940 el poder de los hacendados se manifestó en el Morro de Tulcán, donde se iba a erigir una estatua del Cacique Pubén, del escultor Rómulo Rozo. En vez de ella, colocaron una del conquistador Sebastián de Belalcázar, que destruyó la cúspide de la pirámide precolombina allí oculta. El derrumbe de la estatua de Belalcázar en 2020 por una manifestación de las Autoridades Indígenas del Suroccidente fue una expresión simbólica del poder concreto indígena en el Cauca. Desde 1948 la violencia destruyó la Confederación Campesina e Indígena.

José Gonzalo fue envenenado en 1949. Los resguardos invadidos. Los indígenas de Tierradentro intentaron tomar Belalcázar, lo cual desató una ola represiva: indígenas fueron enterrados vivos. Fueron más de mil asesinatos, incluida la masacre en el cabildo de San José. La comunidad de Santo Domingo decidió en 1950 solicitar el apoyo de los guerrilleros de Riochiquito comandados por Ciro. Pero los efectos de violencia extendieron por años el terraje y dejaron a muchas comunidades sin tierra.

Los siete puntos de la plataforma del CRIC

El temor a organizarse sólo fue quebrado tras la fundación de la ANUC. Sus recuperaciones de tierra, así como sus “guardias campesinas”, fueron precedente de la decisión de los pueblos indígenas del Cauca de conformar una organización propia, el CRIC. Su primer presidente fue Manuel Tránsito Sánchez, hermano de José Gonzalo.

Para entender el proceso de construcción de poder concreto en las comunidades indígenas del Cauca, hay que recordar la situación de hambre y vulnerabilidad social que vivían en 1971 miles de indígenas sin tierra y terrazgueros.

Hoy podemos decir que cada uno de los siete puntos de la plataforma del CRIC aprobados

en su segundo congreso en 1971 ha sido cumplido ampliamente: Recuperar las tierras de los resguardos; Ampliar los resguardos; Fortalecer los cabildos indígenas; No pagar terraje; Hacer conocer las leyes indígenas y exigir su justa aplicación; Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas y formar profesores indígenas.

Los congresos siguientes añadieron el fortalecimiento de las empresas económicas y comunitarias y defender los recursos naturales y ambientales de los territorios indígenas.

Los programas económicos y ambientales ocupan parte importante del esfuerzo organizativo. El programa de salud es un elemento destacado y complejo del ejercicio de la autonomía. La educación propia es una realidad. También la presencia de emisoras y otros medios de comunicación indígena.

Un décimo punto fue agregado a la plataforma: la defensa de la familia, que resalta a la mujer, jóvenes y mayores. Las organizaciones indígenas están empeñadas en defender los derechos de la mujer y la equidad, la participación de las mujeres en todos los niveles organizativos, y particularmente en los de decisión, así como enfrentar las diferentes formas de violencia contra la mujer.

Los indígenas del Cauca enfrentaron la contrarreforma agraria del Pacto de Chicoral, luego la represión del estatuto de seguridad y el estatuto indígena del gobierno de Turbay, así como el conflicto armado. Fueron asesinados líderes, como Benjamin Dindicué o el padre Alvaro Ulcué. Muchos cayeron en las recuperaciones de tierra, otros en movilizaciones, otros haciendo respetar la autonomía frente a grupos armados ilegales o frente al ejército o la policía.

Después de la fundación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC 1982), el debate, diversidad y unidad siempre han estado presentes, el reconocimiento de los derechos indígenas por la Constitución de 1991 marcó un punto de inflexión. La ley 21 del 1991 aprobó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Para los indígenas estas normas no son un fin, sino un elemento político que hace parte de una construcción mayor.

La guardia indígena

En diciembre de 1991, el CRIC enfrentó la masacre del Nilo, ejecutada bajo el mandato de hacendados. Desde que los indígenas pusieron sus pies en las tierras del valle geográfico al ocupar López Adentro en 1984, la respuesta ha sido violenta y lo sigue siendo. La movilización y la solidaridad con la comunidad asentada en Nilo produjo resultados concretos. El resguardo de Corinto que incluye López Adentro fue titulado en 1995. En el Valle las comunidades nasa de Florida consiguieron desde 1995 la titulación colectiva. El incumplimiento de la reparación por la masacre, mostró que los ingenios azucareros disputaban las mismas tierras. Ya no era sólo el problema con los latifundistas ahora se enfrentan a los proyectos destructores impuestos por el lucro de los inversionistas.

Después del 91 se amplió el campo de la jurisdicción indígena y el control territorial. La guardia indígena se ha multiplicado e inspiran a las guardias campesinas y cimarronas. La figura de la guardia indígena es un patrimonio popular, un ejemplo del ejercicio del poder concreto de la comunidad, por el cual han dado su vida como Cristina Bautista cuya voz no olvidamos: “si hablamos nos matan, si nos callamos nos matan, entonces hablemos”.

Es la lucha por la paz las acciones tomaron cuerpo en los y las guardias indígenas desarmados que desarmaron a actores armados, como se vio en Toribío en 2012. Los paros y las Mingas indígenas han servido para luchar por reivindicaciones y para poner en primer plano los grandes problemas nacionales.

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