Desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, ha sido clara la insistencia en introducir contrarreformas en la política de educación superior del país, relacionadas con la profundización del modelo neoliberal en las universidades.
Kevin Siza Iglesias
El signo característico del momento actual por el que atraviesa la educación superior en Colombia, es la profundización del modelo neoliberal, cuyo eje central, ha girado en torno a la conversión del derecho a la educación en una mercancía más, dentro del mercado que ofrece la sociedad capitalista. En este proceso, se hacen cada vez más evidentes las tendencias hacia la depauperación de la universidad pública, en función del fortalecimiento del sector privado. Lo anterior, en desarrollo de los llamados que realizaran en esta dirección la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial, en el marco de sus objetivos durante la presente etapa, tendientes a convertir los saberes en una fuente de valorización del capital[1. Vega Cantor, Renán. La universidad de la ignorancia. Ed. Ocean Sur, Bogotá, 2015.].
Desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, ha sido clara la insistencia en introducir contrarreformas en la política de educación superior del país, relacionadas con la profundización del modelo neoliberal en las universidades. Es así como en el año 2011, el gobierno intentó imponer la tristemente célebre Reforma a la Ley 30, que fue derrotada por la movilización estudiantil liderada por la MANE, por lo que sus intenciones tuvieron que ser aplazadas, aunque no por largo tiempo.
En el año 2013, el Ministerio de Educación Nacional hizo público el ‘Acuerdo por lo Superior 2034’, que se erige en un refrito de la propuesta gubernamental derrotada por los estudiantes en 2011 y que se enmarca en la recomposición táctica del Ministerio de Educación Nacional, al renunciar parcialmente a la idea de introducir contrarreformas por la vía de proyectos de ley en el Congreso, para hacerlo ahora en forma de política pública, la cual, en esencia, sigue manteniendo los principios y orientaciones estratégicas del proyecto neoliberal para las universidades colombianas.
Los principales contenidos del ‘Acuerdo por lo Superior 2034’, están orientados a la transformación de la educación superior en el país, para armonizarla con los propósitos que en materia económica tiene el gobierno Santos, relacionados fundamentalmente con la apuesta de reprimarizar la economía, para lo que necesita un nuevo tipo de educación superior, ya no basado en las universidades como elemento central de la misma, sino en instituciones técnicas y tecnológicas, de baja calidad y costos, que formen a los jóvenes para el ‘trabajo y la productividad’, marco dentro del cual el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 concibe el ‘Sistema Nacional de Educación Terciaria’. En este sentido, el ‘Acuerdo’ también se orienta a debilitar y privatizar las universidades, en la medida en que se reduce la financiación gubernamental para la oferta pública de las instituciones, a partir del desarrollo de otras fuentes de financiación concentradas principalmente alrededor de la idea de autosostenibilidad de las mismas. Lo anterior, está ligado a un proceso tendiente al fortalecimiento del subsidio a la demanda, expresado en los programas gubernamentales como ‘Ser pilo paga’, donde se prioriza el ingreso de estudiantes beneficiarios a las universidades privadas, como lo demuestra el hecho de que en el 2015, el 85% de los jóvenes ‘pilos’ accedieran a este tipo de instituciones, en desmedro de las universidades públicas. El actual, es un proceso tendiente a fortalecer la mercantilización y la financiarización de la educación superior en Colombia.
En el último periodo, se ha evidenciado la fuerte ofensiva del Ministerio de Educación Nacional en función de la materialización del ‘Acuerdo 2034’. Dentro de la misma, podemos ubicar la reciente expedición de la resolución 02041 del 03 de febrero de 2016 por parte del MEN, que bajo la idea de establecer las características de calidad para la obtención de registros calificados y acreditaciones de los programas de licenciaturas, pretende estandarizar los contenidos de los mismos a partir de los requisitos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, violentando alevosamente la autonomía universitaria.
Se viene profundizando una crisis de tipo estructural en la educación superior del país, pues no sólo está circunscrita a alguna esfera exclusiva de ésta, sino que afecta al conjunto de la misma. La crisis, se expresa de manera manifiesta en el proceso de desfinanciación que tiene su origen en el propio esquema establecido a partir de la Ley 30 de 1992, basado en el congelamiento de los recursos destinados por el Estado para la financiación de la educación superior, al definirse como criterio para ésta el incremento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), para establecer los montos que por transferencias, le corresponde asumir al Estado para el funcionamiento de las universidades públicas. Estas, producto del esquema definido, se vieron obligadas a asumir la generación de recursos propios para su funcionamiento.
En este contexto, se dio cita en la ciudad de Ibagué, los días 1, 2 y 3 de abril, la Junta Nacional de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Aceu. Desde el salitroso y ardiente Caribe, pasando por el altiplano majestuoso del centro, los extensos y bravos llanos orientales, hasta el sur profundo y exuberante, llegaron delegaciones de jóvenes, líderes y representantes estudiantiles de las instituciones de educación superior de Colombia, para discutir las proyecciones de la organización en el presente y mediano plazo de la lucha estudiantil en el país.
Durante el primer día, se desarrolló la Audiencia ‘Crisis del sistema universitario estatal: Universidad del Tolima’, la cual contó con la presencia del representante a la Cámara por Antioquia Víctor Correa, el rector de la UT José Herman Muñoz y dirigentes estudiantiles de la FEU, la ACEU e Identidad Estudiantil. La audiencia, develó la crisis profunda por la que atraviesa la UT, así como las implicaciones y posibles salidas de la misma, arrojando como principal conclusión la necesidad de rodearla y defenderla ante el inminente peligro de cierre.
Los debates ubicaron la lucha contra la desfinanciación de la educación superior, como el principal reto del momento presente para el movimiento estudiantil colombiano. En lo inmediato, luchar por la superación de la asfixia financiera a la que se han visto sometidas las universidades del país, por más de dos décadas de aplicación del ‘neoliberalismo educativo’, se convierte en el eje gravitacional sobre el que debe desarrollarse un fuerte movimiento universitario que pueda develar el actual estado de la crisis y ubique salidas de corto, mediano y largo alcance para superarla. Esto, en función de atacar la principal manifestación del proceso de privatización de la educación superior en Colombia.
Se considera prioritaria la recomposición de fuerzas del movimiento estudiantil, en función de construir una agenda común que permita elaborar una hoja de ruta para la reactivar la movilización estudiantil por el presupuesto y la superación de la crisis presupuestal. Lo anterior, pasa necesariamente por la construcción de procesos regionales que coloquen en la palestra de la discusión universitaria la crisis de la educación superior colombiana. En los procesos territoriales, está la clave del reimpulso del movimiento estudiantil del país.
Es preciso posicionar, en el marco de los debates del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y de prioridades del gasto fiscal, la necesidad de soluciones inmediatas a la crisis de financiación de las instituciones de educación superior, a partir del impulso de la lucha por mayor presupuesto y un plan de pago acordado entre éstas y el gobierno nacional, entendiendo que la deuda de éste, asciende a 14 billones de pesos. Lo anterior, implica reactivar la movilización hacia el segundo semestre del presente año.
Se trata, entonces, de avanzar en la lucha contra la ofensiva del neoliberalismo en la educación superior colombiana, expresadas fundamentalmente en la implementación del ‘Acuerdo por lo superior 2034’ en las universidades públicas del país. Esto, debe estar ligado al impulso de las reivindicaciones históricas de los estudiantes por ampliar el bienestar universitario, contra la flexibilización laboral de la planta docente, solución a problemas de infraestructura y laboratorios, entre otros.
Lo expresado, coloca como necesidad de primer orden la unidad del propio movimiento estudiantil. Proyectar la construcción de una organización estudiantil unitaria, que conduzca la lucha contra el ‘neoliberalismo educativo’ en Colombia y logre concretar espacios y apuestas desde lo sectorial, regional y lo nacional, en aras de hacerle frente a las políticas que van en contravía de la educación como derecho fundamental y bien común, es una de las tareas pendientes de la hora. Así mismo, deben dirigirse esfuerzos por avanzar en la unidad multiestamentaria, elemento indispensable para el desarrollo del proceso universitario nacional.
La concreción de acuerdos de paz entre el gobierno y las insurgencias, se ubica como eje central en la acción de la ACEU, en la medida que el presente, puede convertirse en el año de la superación de la guerra y el derramamiento de sangre en el que se ha envuelto el país en los últimos 50 años. En esta dirección, se hace preciso que de cara a un posible escenario de posacuerdo, el movimiento estudiantil logre posicionar salidas de largo alcance a la crisis, que ubiquen como necesidad la construcción de una reforma democrática de la educación para la paz.
