Volver a leer el 18 Brumario. A propósito del fallo de la Corte

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Presidente Santos posesionó a Cristina Pardo y Carlos Bernal como magistrados de la Corte Constitucional el pasado 16 de mayo. Foto Presidencia.

Oscar Dueñas

El ocaso de la Corte Constitucional se inició. Da tristeza. Fue un tremendo error de cálculo el episodio de cinco magistrados poniéndole obstáculos a un histórico proceso de paz. Como ciudadanos tenían lo obligación de “propender al logro y mantenimiento de la paz” (artículo 95 C.P.). Como magistrados no podían eludir la cristalización de la integridad de una Constitución que establece en el artículo 22 que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Si esa paz fue firmada por el Presidente de la República dentro de sus facultades constitucionales (artículo 189 C.P.), ha debido existir una relación armónica entre la cabeza del ejecutivo y las ramas legislativa y judicial para la realización de uno de los fines del Estado: una sociedad en paz, así lo ordena el artículo 113 de la Carta. Si después de varios años de actividad entre las partes (gobierno e insurgencia) se fijaron de manera general los parámetros para el fin del conflicto, ninguna autoridad puede exigir requisitos adicionales para su ejercicio (artículo 84 de la Constitución). Los pactos son para cumplirlos y si eso no acontece surge la inquietud  de si Colombia es o no un país serio.

Cuando la Corte Suprema de Justicia estuvo encargada de la supremacía de la Constitución era más prudente cuando tomaba decisiones que tenían como razón principal superar momentos de violencia. Ejemplos: (i) las normas sobre estado de sitio establecían que para poder decretarlo se requería previo concepto del Consejo de Estado; pues bien, el 10 de abril de 1948, pocas horas después del asesinato de Gaitán, mediante decreto 1239, se declaró el estado de sitio en toda la República sin concepto previo; la Corte, sin salvamento de voto, con ponencia de Ricardo Hinestrosa, lo declaró exequible; dijo la Corte que las instituciones no pueden quedar desamparadas por obra de estas mismas. (ii) Una Corte Suprema dio vía libre a la convocatoria del plebiscito desarrollando lo acordado por Alberto Lleras y Laureano Gómez; los magistrados, pese a que habían sido elegidos por Rojas Pinilla, manejaron la teoría del “estado de necesidad”. (iii) No existiría la Constitución de 1991 si la Corte Suprema de aquél entonces hubiera dicho que eran inexequibles la contabilización de los votos por la séptima papeleta y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Catecismo constitucional

En la actualidad, ha quedado sin confianza alguna la obligación constitucional de buscar la necesaria paz. Se sacrifica un mundo (la esperanza de la paz) para salvar un verso (procedimiento tradicional en el parlamento). Lo curioso es que esto lo hace una Corte que en la parte motiva de sus fallos expide reglas equiparables a normas y que se ha caracterizado por un desbordado activismo judicial.

El episodio del fallo se suma al cúmulo de acontecimientos que existen en Colombia (toda clase de ataques al proceso de paz, recrudecimiento de la violencia, recorte de derechos laborales y de la seguridad social, desconfianza en la justicia, corrupción en las élites, paros, etc.). Se requieren respuestas concretas. Pero también se requiere tener claridad conceptual sobre lo que está aconteciendo. Por eso es muy conveniente volver a leer “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”, obra maestra de Carlos Marx que analiza científicamente la cantidad de hechos que ocurrieron en Francia entre 1848 y 1851. Los criterios de Marx son una extraordinaria enseñanza, especialmente si se tiene en cuenta que el tema de la Constitución estuvo presente en aquellos años turbulentos.

Todos sabemos que en Colombia y en el mundo la gran mayoría de los magistrados provienen de la pequeña burguesía. Esa clase media tiene virtudes, pero también tiene puntos débiles. Los negativos los caracterizó muy bien Marx en “El 18 Brumario”: “La pequeño burguesía, es decir una clase intermedia en la que los intereses de dos clases  se embotan el uno contra el otro, cree estar por encima del antagonismo de clases en general”. Esto explica algunos comportamientos.

La conducta de los magistrados se veía venir porque se ha llegado al extremo de creer que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es un catecismo constitucional que está por encima del bien y del mal. Extraña forma de sumisión. Ese no fue el criterio en la década de 1990 y principios de este siglo cuando la jurisprudencia se consideraba muy importante, pero la misma Corte, en sentencia C-131 de 1993, dijo que era inconstitucional considerar a su doctrina como obligatoria. La jurisprudencia progresista de la primera etapa de la Corte Constitucional, se trastoca de unos años para acá y se ha convertido en una jurisprudencia regresiva. Eso ya lo han sufrido trabajadores y pensionados (ver sentencias SU-555  y SU-556 de 2014, entre muchas). Es la “involución” como lo han calificado algunos magistrados de la misma Corporación (ver salvamento de voto a la sentencia SU-555 de 2014). Ocaso que principia antes de lo mandado.

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