Las casas del debate elitista y excluyente
Alfonso Castillo Garzón
Defensor de derechos humanos y víctimas
hojasuelta0@gmail.com
Otra vez Petro poniendo temas al centro del debate…
Como es costumbre, el alcalde Gustavo Petro anuncia el día 5 de noviembre que su administración construirá 374 viviendas de interés prioritario para víctimas, en zonas consideradas exclusivas de la ciudad de Bogotá, en las que viven y se establecen ciudadanos de extractos socioeconómicos altos.
El anuncio no tardó en convertirse en polémico, lo que ha suscitado toda clase de comentarios y reacciones en favor y en contra, desde nuestro criterio una sola critica a la medida, pues la forma en la que se anuncia crea la sensación de una medida improvisada, en especial para quienes participamos en dinámicas de víctimas y viviendas. Se trata de un anuncio que no se había hecho en diversos escenarios que las organizaciones han establecido con el gobierno distrital para buscar salidas al grave problema de la vivienda para víctimas del conflicto.
En este sentido el anuncio sorprende, al tiempo que abre varios debates en los que las víctimas deben intervenir, con opiniones sopesadas alejadas del ruido causado por opiniones desproporcionadas generadas por sectores que se oponen a la medida, con bastante sentido elitista y excluyente, solo porque provienen del alcalde Petro, sin analizar sus proyectos con cabeza fría. La idea es consecuente con el momento político que vive el país, cuando se habla por doquier de la terminación del conflicto armado, gracias a los avances de los diálogos entre el Gobierno y las guerrillas de las FARC-EP, y ojala pronto con el ELN y el EPL.
Por tanto la sociedad colombiana, incluidas las clases sociales acostumbradas a privilegios y exclusividades, debería dar muestra de su disposición a adoptar posturas más tolerantes e incluyentes, que den muestra de una nueva etapa en la historia del país.
Las víctimas del conflicto pueden vivir en cualquier lugar si hay las condiciones.
Un segundo aspecto tiene que ver con la conveniencia de vivir en el estrato 6. Frente a esta cuestión, no puede verse como un impedimento, por cuanto la Administración ha planteado que se garantiza que las viviendas se clasificarán en estrato 1 por diez años. En este sentido, servicios públicos e impuestos se tasarán con este extracto, por lo demás el tema de la compra de víveres y otros bienes de consumo se resolverán por cada persona, según sus costumbres y posibilidades, al fin y al cabo es lo que todas las personas hacen.
Seguramente, por el poco número de viviendas algunos beneficios como la educación primaria y secundaria no estarán al alcance de las víctimas que allí vivan, pero esta es una cuestión que el Distrito sabe sortear y superar, tanto con la ubicación de cupos en colegios distritales, como con la asignación de subsidios de transporte, lo cual no será gran problema. En cambio se mejorará el servicio de transporte y recreación dado que ese sector cuenta con abundante oferta en este aspecto.
Quizá el mayor riesgo se sitúa en eventuales cambios de criterios catastrales y reorganización del territorio, si cambia drásticamente la composición del concejo y la orientación política-ideológica de la Alcaldía y lo establecido por esta administración se hecha atrás para favorecer intereses de comerciantes y sectores adinerados para aprovecharse de las víctimas y desarrollar acciones para despojarles de esas viviendas.
Problemas de convivencia hay en todas partes
Un tercer elemento hace referencia a la convivencia ciudadana, lo que supone el desarrollo de acciones de pedagogía ciudadana, que permita superar tensiones y prevenciones planteadas básicamente por los actuales pobladores de las zonas donde se construirán las casas, que ven amenazada su integridad y seguridad, como si se considerara que ser víctima y de escasos recursos es sinónimo de delincuencia y mal ciudadano.
Sin embargo basta con analizar otras experiencias como por ejemplo: ciudad de México, Barcelona y Sao Pablo, para darse cuenta que esta prevención es producto más de la imaginación que de la realidad, incluso de la propia ciudad de Bogotá, hay sectores donde habitan con relativa tranquilidad estratos altos con los bajos, separados por una calle o un parque y la situación no produce tensiones ni incidentes de intolerancia o confrontación.
Al fin y al cabo, ciudadanos con malas mañas se encuentran en todos los estratos, basta con mencionar a los hermanos Nule, Andrés Felipe Arias, Samuel e Iván Moreno o a los directores de Interbolsa, para solo mencionar unos nombres de personas de estratos altos que se robaron los recursos públicos o que estaban a su custodia y que con toda seguridad vivían y trabajaban en zonas similares a las que hoy generan polémica.
Cuarto, las víctimas del conflicto no deben tener ningún temor de vivir allí. Se trata de un ejercicio de justicia social, se puede vivir en cualquier parte de la ciudad, siempre y cuando allí exista oferta de vivienda a su alcance.
Aprovechar los recursos disponibles para reparar a las víctimas.
Quinto, es necesario recordar que es deber de la Administración pública utilizar los bienes disponibles para buscar soluciones a problemáticas sociales, que como el caso de la vivienda de interés prioritario en la ciudad de Bogotá es un problema evidente ante la falta de terrenos. En este caso, se trata de lotes propiedad del Distrito, que se ponen al servicio de subsanar la necesidad de vivienda. En este sentido debemos insistir en la idea de redensificar el centro ampliado para construir viviendas de interés social, en construcción de propiedad horizontal, con lo cual se dignifica la vida y se abaratan costos de infraestructura y servicios públicos, además de oponer a tesis excluyentes que decidieron que los pobres deban vivir en periferias y extremos de la ciudad.
Sexto, un aspecto no menos importante es el debate sobre el costo de las soluciones, forma y criterios de adjudicación, subsidios, financiación de las saldos, terminados de las soluciones, equipamiento comunitario, opciones de empleabilidad o generación de ingresos, aspectos que están todos relacionados con la garantía de que la adjudicación de estas viviendas sea la posibilidad de reparar integralmente y facilitar la reconstrucción del proyecto de vida.
Finalmente, saludar la audacia del señor alcalde al proponer esta iniciativa y desafiar contundente el arribismo elitista con un debate necesario, no sin dejar de recordar que la administración de Petro está lejos de cumplir con la meta establecida en su programa de gobierno, para la construcción de 40 mil soluciones de vivienda a víctimas del conflicto.
De otro lado, es necesario que las víctimas y sus organizaciones se fortalezcan, mejoren la capacidad de interlocución y seguimiento a todo tipo de propuestas, de tal manera iniciativas como esta no sean capturadas por politiqueros y oportunistas e incluso por el sector financiero y terminen sirviendo a favorecer mezquinos intereses económicos. Solo una interlocución y movilización de las víctimas y sus organizaciones garantiza el restablecimiento pleno de derechos vulnerados.
Bogotá, Noviembre de 2014
