Alcalde Gustavo Petro, sostiene que el Plan de Ordenamiento Territorial debe ser cambiado para permitir espacios públicos, para la educación y para la justicia en el desarrollo urbanístico de Bogotá
Redacción Bogotá
El decreto 0075 del 23 de enero de 2013, “por el cual se reglamenta el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a programas de Vivienda de Interés Social para predios sujetos a los tratamientos urbanísticos de desarrollo y renovación urbana y se dictan otras disposiciones…”, sigue causando polémica y escozor entre la población más pobre del país, toda vez que se constituye en una discriminación hacia las clases menos favorecidas.
En Bogotá, el alcalde mayor, Gustavo Petro Urrego, ya a principios de año había manifestado su descontento con el decreto en mención ya que éste señala reglas para establecer cómo y dónde cada ciudad y municipio de Colombia debe construir viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP).
Se puede decir que de alguna manera tal decreto es segregacionista, ya que obliga a las autoridades locales a edificar la vivienda para los más pobres en zonas lejanas, que no han sido urbanizadas, puesto que no es rentable, mientras que para la vivienda de interés social que si es rentable para las constructoras, determina que pueden usarse suelos urbanizados con miras a renovación.
En su momento el entonces ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, sostuvo que los alcances de los decretos 0075 de 2013 y el 2729 de 2012 buscaban permitir suelo para la construcción de Vivienda de Interés Social, VIS, y de Interés Prioritario, VIP. Dijo Vargas además que era tarea de los concejos municipales, en los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, instaurar los porcentajes de suelo urbanizado que se les exigirán a los constructores para impulsar el desarrollo de la vivienda para los más pobres, que no pueden ser inferiores al 20%.
Recientemente este tema ha despertado nuevamente la atención de los habitantes de la Capital de la República, pues el alcalde mayor defiende a capa y espada el derecho de los pobres a vivir en lugares dignos como cualquier otro ser humano.
“… Yo no me puedo subir a una locomotora que no le garantiza el espacio público a la tercera edad y a la juventud. No me puedo subir a una locomotora que no me permita los espacios para la infraestructura, que no permita acceder a la justicia”, sostuvo el mandatario capitalino, ante la petición del presidente de la República Juan Manuel Santos de que se montara a la locomotora de la vivienda.
El burgomaestre dijo además que no puede participar en dicha invitación del presidente Santos, ya que esto implica construir viviendas para los pobres en zonas de alto riesgo, únicamente por cuenta de un decreto que excluye la construcción de viviendas al interior de la Capital para esos mismos pobres. La Administración Distrital solicitó formalmente al Gobierno Nacional la derogatoria del decreto en mención.
“…No puedo subirme a una locomotora que le quita la posibilidad a la tercera edad de tener espacios de recreación… No me puedo subir a una locomotora que condena a los pobres a vivir en el borde de la ciudad, bajo el riesgo inmenso de la inundación. Toda la política constructiva de la ciudad debe generar espacio público, espacio para la educación, para equipamientos sociales y algo fundamental para la justicia. El POT vigente no permite, porque impide la mezcla de usos poblacionales, por eso es difícil que la justicia llegue a estos barrios, que haya fiscalías en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, en Bosa, en Kennedy, donde la ciudadanía pueda acudir”, concluyó el alcalde Mayor de Bogotá.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia señaló sobre el tema de la vivienda que Bogotá aportó el 41% del total de viviendas iniciadas en el país en 2008, pero que este año sólo aportó en el primer trimestre el 18% y preocupa que las bajas han sido en Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario.
Hay que decir que en la Capital existen ánimos segregacionistas también de los propios habitantes, uno de estos ejemplos es la posición que tomaron varios de los propietarios de apartamentos en conjuntos residenciales en inmediaciones de la carrera 30 con calle 19, cuando se enteraron de que el Distrito iba a construir vivienda de Interés Social en un lote cercano, ya que consideraron que la zona se iba a “dañar” por el tipo de gente que iba a llegar a la zona.
