Violencia y cultura antisindical

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Luis Alberto Vanegas Z.

El empresariado colombiano ha desarrollado un modelo económico basado en la concentración de la riqueza y el incremento de las ganancias en un escenario de crecimiento, de apertura económica, flexibilización laboral, intransigencia patronal y violencia política.

El desarrollo económico reciente se ha soportado en las bases premodernas y excluyentes de la estructura social y ha aprovechado estas condiciones para navegar por las crisis cíclicas del sistema. De esta forma, apoyado en el recetario neoliberal, se ha adaptado gradualmente al escenario internacional configurando un modelo exitoso para unas minorías que se han adueñado del país.

Es tan agresivo el escenario de la discusión de un pliego que los empresarios mediante estrategias jurídicas han logrado hacer nugatorio este derecho al momento de su presentación por parte de los trabajadores. La patronal responde por lo general con un contrapliego y con las más diversas acciones de persecución a los sindicalizados, como los despidos y el desconocimiento del fuero sindical, hasta desconocerlo para discutir las condiciones de trabajo, intervenir la autonomía sindical y favorecer el paralelismo, estimular el contrato sindical, liquidar la empresa y cambiar de razón social para eludir las obligaciones laborales.

No se puede entender cómo, en medio del crecimiento económico reflejado en el PIB con incrementos anuales por encima del 4%, la participación de los salarios durante los últimos años por el contrario haya retrocedido del 32% al 26% del PIB. Tampoco es comprensible que cuando los trabajadores tratan de defender sus ingresos se multipliquen los casos de empresas como Bavaria donde, luego de presentar un pliego de peticiones, la patronal se resistiera a discutirlo y solo fuera posible hacerlo mediante la presión de los trabajadores y el acompañamiento de la OIT.

Se ha vuelto tan sistemática esta polarización y antagonismo en las relaciones laborales que la CUT ha encontrado hasta 115 organizaciones laborales involucradas en conflictos, con todos los sectores de la producción abocados a esta situación. Es el caso en el sector siderúrgico con empresas como Gerdau y Paz del Río donde los despidos y la persecución sindical están a la orden del día. La pirámide empresarial que explota la riqueza petrolera de Puerto Gaitán, Meta, en donde participan Pacific Rubiales, Ecopetrol, Cepcolsa y otras contratistas, que vienen sobreexplotando la mano de obra y han desconocido a la USO.

Al inicio del presente año los conflictos laborales se han vinculado con violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en los ingenios azucareros María Luisa y La Cabaña se presentaron más de 60 despidos y un activista sindical, Juan Carlos Muñoz, fue asesinado. Dirigentes de Sintraelecol, Caldas, han sufrido atentados; se han incrementado las amenazas a 11 filiales de la CUT y a su Comité Ejecutivo por parte del grupo paramilitar Los Rastrojos. También han sido amenazados Sintramunicipio de Yumbo, Sintrainagro y los negociadores de Sintracarbón en la discusión del pliego en la empresa El Cerrejón, quienes se han visto en la necesidad de votar el inicio de la huelga.

Si el anterior período de crecimiento económico, había sido marcado por la resistencia de la clase obrera, este escenario se agudizará por la confrontación entre el capital y el trabajo que algunos deseaban ver resuelta desde una óptica desideologizada, y en la que suponían desaparecida la lucha de clases.

La dinámica de la protesta social muestra que se han incrementado los paros y las protestas por diversas motivaciones pero con una característica: la dispersión en la movilización popular, tendencia que es preciso revisar con el fin de articular la más amplia y contundente movilización por la soberanía, la democracia y la paz con justicia social.

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