sábado, abril 20, 2024
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Vigente el plan de exterminio contra el movimiento sindical

La CUT y la USO muestran preocupación por el incremento de la violencia antisindical

Los trabajadores condenan los crímenes contra sus dirigentes.
Los trabajadores condenan los crímenes contra sus dirigentes.

Redacción laboral

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) denunciaron nuevos hechos graves que ponen en riesgo la vida de los dirigentes sindicales en Colombia y que recrudecen una estrategia de exterminio contra el movimiento sindical en momentos en que la sociedad entera clama por la paz.

A pesar que el gobierno nacional mantiene un discurso engañoso sobre unas supuestas garantías de seguridad al movimiento sindical, en especial a la USO, este se encuentra ante una violencia antisindical creciente contra sus organizaciones y afiliados.

“Ponemos de manifiesto que el Estado colombiano y Ecopetrol, para el caso de la USO, hacen caso omiso de las denuncias sobre amenazas, seguimientos, panfletos amenazantes y atentados contra los trabajadores”, dijo uno de sus dirigentes.

En varias oportunidades la USO sindical ha denunciado ante Ecopetrol, sus empresas contratistas y las autoridades de Barrancabermeja la grave situación que se viene presentando en el distrito de producción El Centro, por la reactivación del paramilitarismo en esta zona y la imposición de un ambiente de terror entre los trabajadores y las comunidades aledañas, denuncias que han caído en el vacío.

Algunos hechos

El 9 de mayo en Ciénaga (Magdalena) se produjo la muerte sicarial de Tomás Rodríguez Cantillo, sindicalista bananero afiliado a Sintrainagro.

El pasado 15 de mayo, en el corregimiento El Centro, en Santander, en la vereda Campo 45, al terminar su jornada sindical diaria en las instalaciones del equipo de Work Over, operado por la Empresa Estrella, contratista de OXY, Alexánder Castro Peñaloza se movilizaba en una moto de su propiedad con el escolta Óscar Niño de parrillero, asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP); a 700 metros del área del equipo fueron sorprendidos por disparos que provenían de un lado de la vía. Cayeron al piso y el escolta respondió con su arma de dotación para que el dirigente corriera hasta las instalaciones.

En 2012 Alexánder Castro Peñaloza había sido víctima de amenazas junto a sus compañeros Ignacio Hernández, Rafael Rodríguez, Martín Ravelo y Ariel Corzo, hecho que obligó a algunos de ellos a salir de la región durante tres meses; un año después Rafael Rodríguez fue víctima de un atentado en la ciudad de Barrancabermeja, hechos todos que se encuentran sin investigar y están en la impunidad.

El pasado 22 de febrero, un panfleto firmado por Vladimir Rojas y Rogelio Ayala, autodenominados comandantes de las Autodefensas de Medellín, fue lanzado con un objeto contundente a la casa de Alexánder Castro Peñaloza. Se le amenazaba de muerte a él y a toda la subdirectiva de la USO El Centro y se le daban 24 horas para que salir de la ciudad, de lo contrario atentarían contra él y su familia.

A pesar de la gravedad de la situación, los mecanismos de protección que presta el Estado a través de la UNP son absolutamente precarios, dado el nivel de riesgo. Andrés Villamizar, jefe de la UNP, a pesar de los graves hechos ocurridos, en una actitud soberbia desconoce un fallo de tutela y entrega unas medidas de seguridad precarias.

El 16 de mayo de 2014, a las 2:30 pm, en la ciudad de Cartagena, en donde estaba instalada la carpa de la huelga del magisterio colombiano y a poca distancia de esta, dos sicarios atentaron contra la vida Luis Alberto Plazas Vélez, secretario general de la CUT subdirectiva Bolívar y sindicalista del magisterio.

En la reacción de los escoltas se produjo la muerte del conductor de la moto desde donde se perpetró el atentado.

El movimiento sindical condena los anteriores actos criminales, en un país donde cada día se torna más peligroso para ejercer el libre derecho a la expresión, sindicalización y el trabajo social en general. Donde se atenta contra los trabajadores y sus dirigentes sindicales por pensar diferente y proponer un nuevo modelo de desarrollo, distribución de la riqueza y exigencia de justicia.

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