jueves, marzo 28, 2024
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Víctimas de sus propios escoltas

Ex funcionario del DAS y escolta de la Unidad Nacional de Protección es juzgado por amenazar a nombre de Los Rastrojos a miembros de la Unión Patriótica.

Diego Céspedes Moreno es un ex funcionario del desaparecido DAS, y ante la liquidación de esta institución se vinculó como escolta en una empresa privada de vigilancia, que le prestaría los servicios de protección a miembros de la Unión Patriótica (UP), Marcha Patriótica y defensores de derechos humanos.

El pasado 25 de junio aceptó su responsabilidad por amenazas contra la vida de 18 líderes políticos, entre ellos Aída Avella, Carlos Lozano Guillén, Jaime Caycedo y Piedad Córdoba, a nombre de Los Rastrojos.

La protección del Estado en el caso UP

El Estado colombiano tiene un deber de garantizar los derechos de todos los ciudadanos, pero ante el genocidio que se perpetró contra la UP, y ante la acción legal que se adelanta ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, este tiene una obligación especial con esa colectividad.

El abogado Diego Martínez, quien representa a las partes demandantes, le contó a VOZ que “el Estado está obligado a brindarle garantías políticas a la UP y a preservar la vida y la integridad física a sus miembros. De ahí que sus militantes tengan un programa de protección especial de medidas materiales que se aplican a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Y por otro lado, se les garanticen otras medidas como las de investigación, de lucha contra la impunidad, de resarcir su buen nombre, ligadas a la no repetición”.

Protección en manos de particulares

Hoy la UP es un partido sin garantías, en tanto su derecho a hacer política en el país, como demanda la Constitución, sigue siendo violado. Después de eliminado el DAS, la UNP se ha encargado de tercerizar esa seguridad, es decir: contratar empresas de seguridad privadas para cumplir con esta función.

Se calcula que más de 600 funcionarios que venían del DAS pasaron a ser empleados de estas empresas y hoy son quienes asumen la protección de militantes de la UP, de miles de defensores de derechos humanos y dirigentes políticos.

Uno de los elementos que los protegidos vienen alegando ante la UNP es que existen investigaciones por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Control y por parte de la Fiscalía contra altos funcionarios de la UNP y contra las empresas privadas de seguridad. Por otro lado, ha generado inquietud el hecho de que, al ser ex funcionarios del DAS, estos escoltas sigan prestando labores de inteligencia y de seguimiento sobre sus protegidos.

No son hechos aislados ni recientes

Según menciona el jurista Martínez, Céspedes Moreno tenía como oficio pasar de esquema en esquema con el propósito de conocer los movimientos de sus protegidos, pasar informes a la empresa de seguridad y desvirtuar el papel de los mismos. Este “escolta” ya había sido denunciado por sus protegidos. Ese es el caso de Rigoberto Jiménez, de la Coordinación Nacional de Desplazados, quien denunció el año pasado que Céspedes Moreno registraba con fotografías y hacía seguimiento de todas sus funciones y actividades cotidianas. Lo curioso es que la UNP le retira el esquema a Rigoberto, pero lo trasladan a otro esquema.

Reitera Martínez que no es el único caso de esquemas de seguridad vinculados a la UNP. Martínez también ha denunciado a su esquema, pues la empresa a la cual pertenece el “escolta” le exige, al hacer seguimiento, registro de sus movimientos y pasar informes a la empresa.

A pesar de las pruebas presentadas contra Céspedes Moreno, la Fiscalía solo lo imputa por el delito de amenazas y no por el delito de concierto para delinquir, desvirtuando su vinculación con los grupos paramilitares y evidenciando el intento del Estado por evadir su responsabilidad, en tanto es una persona vinculada por este para proteger a defensores de derechos humanos y líderes políticos.

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