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Víctimas de la Policía esperan justicia

En memoria de Diego Felipe Becerra, Nicolás Neira y Sandra Vásquez, sus familias crearon la Fundación de Víctimas de la Policía Nacional para exigir justicia. Varios casos de abuso sexual rondan la institución. Fiscalía investiga red de prostitución al interior de la Policía Nacional

Kikyō

El pasado 27 de febrero, familias que conforman la Fundación de Víctimas de la Policía Nacional realizaron una protesta pacífica frente a los juzgados de Paloquemao de Bogotá, exigiendo justicia por la impunidad que cunde en los casos perpetrados presuntamente por miembros de la desprestigiada institución. La fundación fue impulsada por Gustavo Trejos, padre del joven Diego Felipe Becerra, mejor conocido como el grafitero. Y es que a las familias de víctimas de la Policía no les queda más remedio que organizarse y de esta manera exigir justicia.

Precisamente el mes pasado se otorgó casa por cárcel a los dos oficiales de la Policía involucrados en el caso del joven grafitero. La Unidad de Vida e Integridad Personal de la Fiscalía General solicitó que se investigue al defensor del patrullero Wílmer Alarcón Vargas, involucrado en la muerte de Diego Felipe Becerra, ya que el litigante asumió la defensa desde el 16 enero del 2013 y desde el comienzo ha impedido el normal desarrollo de las audiencias.

Los casos de Nicolás Neira y Óscar Salas, jóvenes asesinados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, permanecen en la impunidad.

Abusos sexuales

Veintiún años se cumplieron el pasado 28 de febrero de un hecho delictivo que conmocionó al país, primero porque la víctima fue una niña, segundo porque ocurrió en el interior de una Estación de Policía y nadie se dio cuenta, y tercero porque solo hasta dos años después se dio con el culpable. Aunque este pagó solo diez años de los 45 que le habían dado, debido a un fallo del juez 50 penal del Circuito.

Sandra Catalina Vásquez Guzmán fue víctima de abuso sexual y asesinato en la Estación de Policía de Germania, en la ciudad de Bogotá, y fue allí donde se realizó un acto simbólico en su memoria el viernes pasado.

La niña fue asesinada el 28 de febrero de 1993 y, aunque inicialmente se culpó a su propio padre, gracias a investigaciones científicas en las que participó el FBI, que practicó pruebas de ADN, se pudo determinar que el culpable de los hechos fue el agente de policía Diego Fernando Valencia, que tenía problemas de conducta.

Casos recientes

El Juzgado 22 Penal Municipal de Medellín con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del patrullero de la Policía Nacional Hansel Stalin Martínez Blandón por abuso sexual. De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), la víctima habría sido abusada luego de ser invitada a ingerir licor por el uniformado. Martínez Blandón, de 26 años de edad, estaba adscrito a la Estación de Policía del barrio Aranjuez de Medellín en el momento de cometer el crimen.

Otro caso ocurrió en el 2012 en el barrio Las Brisas de Medellín, cuando un patrullero de la Policía de 20 años de edad y su amigo de 31 abusaron de una joven aprovechando que había ingerido alcohol con ellos. Gracias a que otra de las chicas que acompañaba a los hombres en una discoteca pudo huir, denunció el caso.

Estos casos y muchos más se dan a conocer en medio de una profunda y extensa crisis institucional que ha dejado desprestigiada a la Policía Nacional. Solo por citar un ejemplo, está la revelación hecha por Noticias Uno de la existencia de una red de prostitución al interior de la Policía.

La Comunidad del Anillo

Las denuncias se hicieron con base en declaraciones de estudiantes de la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, que acusaron al general en retiro y ex jefe de Seguridad del Congreso, Jerson Jair Castellanos Soto, como cabeza de dicha red llamada la “Comunidad del Anillo”.

El hecho estaría relacionado con la reapertura del proceso por el supuesto suicidio de la alférez Lina Maritza Zapata, ocurrido en enero de 2006, ya que su familia sostiene que fue asesinada porque venía investigando denuncias por acoso sexual y por la existencia de una red en la Escuela de la Policía General Santander que ofrecía uniformadas a políticos y paramilitares. Las amenazas hacia Jesús Vergara, abogado de la familia de la cadete, obligaron a la Fiscalía a reabrir el caso.

Mauricio Vélez Bedoya (alférez para la época de los hechos) declaró que el coronel Castellanos le hacía propuestas de mantener relaciones sexuales con él a cambio de un millón de pesos. Existen declaraciones de otros estudiantes, incluso una del capitán Edwin Alejandro Orjuela, en la que afirma que los cadetes recibieron propuestas para tener relaciones sexuales con el mencionado mando de la Policía.

Desaparición forzada y nexos con AUC

Recientemente el Juzgado Cuarto Penal Especializado del Circuito de Medellín condenó al teniente de la Policía Nacional Camilo José Pérez Parrado y los patrulleros de la misma institución Álex Fernando Flórez y José Luis Moncada Ruiz por su complicidad en la desaparición forzada de un hombre y tres mujeres en el municipio de Itagüí (Antioquia).

El 3 de diciembre de 2002, en la vía que de Capitanejo conduce a Málaga (Santander), miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) instalaron un retén para interceptar el vehículo donde se desplazaban los policías César Augusto Carreño, Óscar Alberto Ortega y Juan José Blandón, quienes iban a cumplir con una diligencia judicial en Málaga.

La Fiscalía pudo establecer que Villalba Landínez, comandante de la Estación de Policía de Capitanejo para la época de los hechos, entregó información importante a miembros de las AUC sobre el proceso en el que iban a testificar los agentes asesinados con ocasión de unas capturas de paramilitares que se efectuaron en la región días antes. Con la información suministrada por el oficial, las AUC asesinaron a los tres agentes en el retén.

La Policía Nacional requiere de manera urgente, más que una purga, de un cambio en el que el buen ejemplo desde los altos mandos sea el que reciban los jóvenes en formación en la institución.

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