Los insólitos argumentos de los voceros gubernamentales para justificar los crímenes de Estado no convencen sino a ingenuos y pusilánimes
Luis Jairo Ramírez H.
Para nadie es un secreto la naturaleza violenta del Estado colombiano, por lo menos en los últimos 60 años.
La “época de la violencia” de los años 40 y 50 del siglo pasado dejó al menos 300 mil muertes a manos del ejército chulavita y el despojo infinito de tierras; ésta fue una violencia institucional atizada desde los gobiernos conservadores del momento, de la cual se ha escrito mucho. Después, de los años 80 para acá, la violencia institucional se dio para favorecer el modelo neoliberal y registra más de 400 mil muertes violentas, cinco millones de desplazados y el despojo de 10 millones de hectáreas de tierra a campesinos, negritudes e indígenas, todo lo cual está en la impunidad.
Especialmente durante los últimos gobiernos se hacen maniobras para tratar de evadir esta realidad, para lo cual tratan de “borrar rastros” que implican la existencia de una criminalidad de Estado, o de un Estado paramilitar como lo denominó el propio Salvatore Mancuso.
Los ejemplos de tales maniobras son diversos. El gobierno de Uribe patrocinó la publicación de un señor Libardo Botero, con la cual se afirma que los tres mil asesinatos de sindicalistas no son responsabilidad de la alianza Estado-paramilitares, sino “por riñas callejeras, atracos o líos de faldas”, y que hay muertes inventadas.
El señor Pacho Santos, “encargado de derechos humanos” en el gobierno Uribe, afirmó sin ruborizarse que el genocidio de cinco mil dirigentes del PCC y la UP fue producto de una “vendetta interna”. Por su parte el gobierno de Santos se aprovechó perversamente de la existencia de unas falsas víctimas para desplegar una campaña oficial señalando que la masacre de Mapiripán nunca existió.
Hace unos meses el abogado Rafael Nieto Loaiza, en defensa del Estado ante la CIDH, afirmó que en la retoma al Palacio de Justicia no hubo desaparecidos. Últimamente el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo lidera una campaña mediática para “responsabilizar a la guerrilla” del despojo de tierras a campesinos y ocultar de manera vulgar una realidad de bulto: que los 10 millones de hectáreas de tierra que ha sido despojada están en manos de paramilitares, políticos regionales, testaferros, militares y ganaderos arropados por el Estado.
No son hechos aislados
El país sabe que la ejecución de crímenes de Estado no ha sido aislada, son acciones sistemáticas y planificadas para la eliminación de sectores sociales y políticos que han llevado a cabo acciones de oposición o de reivindicación de derechos esenciales, y cuyos responsables han sido grupos paramilitares que han contado con el apoyo, complicidad y tolerancia del Estado. Estos crímenes se han realizado con arreglo a una política planeada para alcanzar resultados precisos en lo económico, político, social y militar, para imponer un modelo de desarrollo al servicio del capital financiero, los latifundistas y multinacionales que saquean la minería y los hidrocarburos del país.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha proferido 12 sentencias de condena al Estado colombiano por crímenes efectuados en connivencia con el paramilitarismo, y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha llamado la atención sobre la responsabilidad del Estado colombiano en múltiples violaciones de derechos humanos.
Es evidente la existencia de una estrategia del presidente Santos para limpiar la cara y esconder el carácter terrorista del Estado colombiano, estrategia especialmente ejecutada por el negociador en La Habana, Humberto De la Calle, y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quienes expresan reiteradamente que “las FARC deben ponerle la cara y reparar a las víctimas del conflicto armado…”. Para ello cuentan con unos medios de prensa propiedad del gran capital expertos en censura y desinformación.
Un Estado que incumple su deber de ser guardián y garante de la Constitución y, por el contrario, somete a la sociedad al terror para imponer un modelo económico y desaforados privilegios de sus dirigentes no puede pretender impunidad so pretexto de unas negociaciones para la paz.
