Venezuela y el informe ‘fake’ de derechos humanos

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El informe sirve como expediente para que los gobiernos alineados con Washington no reconozcan las elecciones parlamentarias de diciembre en Venezuela, argumentando que el panorama de derechos humanos descrito invalida el proceso electoral

Ricardo Arenales

Punto por punto, las autoridades venezolanas desvirtuaron un publicitado ‘informe’ de la que se autoproclamó “Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela”, de las Naciones Unidas, referida a presuntas violaciones de derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del actual mandatario de ese país, Nicolás Maduro, y su entorno de colaboradores en el gobierno.

Se trata de una comisión que nunca visitó Venezuela, una comisión de ‘determinación’ que no determinó, porque se redujo a realizar unas entrevistas sesgadas en forma virtual. Es un mecanismo de ‘verificación’ agenciado por una serie de países alineados con la estrategia de Estados Unidos de estrechar el cerco político y diplomático contra el gobierno bolivariano, con el fin de crear y justificar un escenario de mayor injerencia en los asuntos internos de es país, y crear una coyuntura favorable a un golpe de estado o a una intervención militar directa.

Detrás de la escogencia de los integrantes de la comisión, están países de la OEA y los integrantes del Grupo de Lima, conocidos por su odio visceral al gobierno bolivariano de Maduro.

Informe sesgado

La flamante comisión tiene sentido, en la medida en que se inscribe en la política de aislamiento, de sanciones y de cerco al gobierno de Venezuela. Las autoridades en Caracas, bajo la actual administración, suscribieron y han respetado instrumentos de colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Michelle Bachelet. Este organismo abrió oficina en Caracas y ha presentado ya dos informes que guardan notables diferencias con el que ahora ha sido publicado.

La relación bilateral se rige por una Carta de Entendimiento suscrita en febrero de 2019, de conformidad con una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por consiguiente, como lo indicaron en su momento en el Palacio de Miraflores, estamos ante una comisión paralela, espuria, con un marcado sesgo político, sin la anuencia del gobierno venezolano ni el de la Alta Comisionada, en el marco del endurecimiento de las sanciones contra Venezuela, en épocas de campaña electoral del actual mandatario norteamericano.

El informe sirve como expediente para que los gobiernos alineados con Washington se desmarquen y deslegitimen las próximas elecciones parlamentarias de diciembre, argumentando seguramente que el panorama de derechos humanos allí descrito invalida el proceso electoral. Por ende, le resta piso a una solución negociada a la crisis política del país, que ya está andando gracias las gestiones de Maduro. Esta posición torticera es avalada por el secretario general de la OEA.

Alargando la crisis

La otra veta desestabilizadora de la comisión paralela consiste en endilgarle responsabilidad por crímenes de lesa humanidad al presidente Nicolás Maduro y a sus colaboradores; de esta manera le apuestan a la idea de que los delitos no prescriben, a fin de mantener vigente un expediente penal contra los principales líderes venezolanos. Si a ello agregan la idea de reconocerle legitimidad al presidente ‘fake’ Juan Guaidó, estarían prorrogando por cinco años más la actual crisis.

La idea de criminalizar a Maduro es una vieja aspiración de la administración norteamericana. Hay que recordar que el Fiscal General, William Barr, fijó una recompensa por la captura del presidente venezolano y a parte de su gabinete por supuestos delitos de ‘narcotráfico’ y ‘terrorismo’.

Fue en estas condiciones como se produjo el informe de la comisión paralela sobre derechos humanos, contra Venezuela. No fue una visita in situ, sino de manera virtual, sin entrevistar a ningún funcionario del gobierno, y en cambio tomando la versión sesgada de personeros del antichavismo, como el exdirector del Sebin (servicio de inteligencia) Cristopher Figuera, quien huyó de Venezuela después del fracaso de un intento golpista denominado ‘Operación Libertad’, en abril de 2019, y desde ese momento se convirtió en ‘fuente’ para atacar al gobierno bolivariano.

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