Vendedores ambulantes con propuestas, pero sin garantías

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Mitin para exigir garantías de derechos a los vendedores ambulantes.

Mientras el Distrito le incumple al gremio de personas que trabajan en la venta ambulante, la fuerza pública los reprime, detiene y expropia sus productos

Carolina Tejada

El distrito sigue desconociendo los derechos de los y las vendedoras ambulantes en la ciudad. Según afirman los mismos trabajadores estacionarios, existe un desconocimiento por parte de la fuerza pública, en relación a los derechos de quienes trabajan como vendedores estacionarios, lo cual ha llevado a elevar diferentes denuncias sobre atropellos y retención de las mercancías y productos de este importante sector poblacional que sobrevive con la venta del día a día.

Mítines y denuncia

A mediados del mes de agosto, un grupo masivo de vendedores estacionarios de la capital, realizaron un mitin a las afueras del Tribunal de Justicia, allí se debía realizar una reunión que pretendía dar cuenta de los avances o el cumplimiento de los fallos de la Corte que protegen los derechos de los vendedores. A esta reunión debían asistir todos los alcaldes locales, sin embargo solo llegaron tres. Las personas asistentes al mitin alegan el nulo cumplimiento de los acuerdos y, por el contrario, el aumento de los atropellos y el maltrato por parte de la fuerza pública.

VOZ, dialogó con Jhon Ribera, un líder social y presidente de la Asociación de Trabajadores Independientes, ATI, quien comenta que “día tras día la fuerza pública está atropellando más y más a los vendedores, y los comandantes de la policía y la misma administración distrital no han dado unas directrices claras sobre los fallos que han amparado los derechos de los vendedores”.

Este líder del gremio de los vendedores asegura que, dentro de los objetivos del mitin ante el Tribunal, también estaba el poder exigir el cumplimiento a una acción popular que falló en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en segunda instancia por el Consejo de Estado. El fallo menciona la necesidad de recuperar 14 sectores de Bogotá en cinco localidades diferentes, pero también le ordena a la administración que debe darle una solución efectiva y material a los vendedores: “No es una oferta, es una solución efectiva y material. En ese orden de ideas, el segundo fallo cambia algunas cosas, pero deja en firme la necesidad de hacer una focalización y que debe tener cuatro cosas esenciales; nombre, número de cédula, lugar donde reside y producto que vende. La administración de Gustavo Petro, como por los tiempos no se podían cumplir esos trámites, entonces pide extender el tiempo y hacer ese mismo censo a nivel distrital, no solo en las cinco localidades; también habla de buscar una solución a todos los vendedores del distrito”. Pero, según continúa relatando Jhon, con la llegada de la nueva administración, estos trámites han ido complicándose.

Ha pasado un largo tiempo en el que este sector no ha recibido soluciones a la problemática, pero sí la exclusión de su forma de trabajo. “Nosotros llegamos al mitin, porque también queríamos hacerle saber a la administración, que no nos han cumplido con los compromisos y el alcalde debe responder por los atropellos a los vendedores”, asegura el presidente de ATI.

Por una política pública que proteja al sector

El conjunto de personas vendedoras del distrito, se han venido organizando y estudiando todo lo relacionado con el derecho al trabajo y las diversas resoluciones que benefician o protegen su labor.

Es por ello que Jhon, como presidente de una de las organizaciones que acompaña al sector, asegura que se debe ir más allá de unas simples reivindicaciones. Desde ATI, consideran que “es necesario construir una política pública para el sector de vendedores. Esa política pública debe ser construida con el sector y debe tener diferentes pilares; si hay empleabilidad, esta debe ser dirigida a las personas con edad productiva, pero con una garantía de ley y constitucional. Primero que todo el vendedor no tiene experiencia laboral, y al no tener experiencia laboral, pues ninguna empresa lo recibe tan fácil. Lo otro es que el 80% de las personas que trabajan en la informalidad son analfabetas, y tercero, que la contratación laboral no puede ser por dos o tres meses, porque estamos seguros de que, en dos o tres meses tú no pasas de ser una persona vulnerable, porque con un sueldo como el que tenemos en Colombia tan paupérrimo, sobrevivir es casi imposible”.

Además de esos elementos, asegura que si hay un cambio o sustitución de la labor que realizan actualmente, deben existir unas condiciones para este grupo poblacional. “Las garantías deberían ser, las de un contrato de mínimo un año, que tenga la posibilidad de que en medio de su trabajo el vendedor se forme, mínimo en un técnico o tecnólogo. También están las políticas de emprendimiento, estas deben ser consensuadas con nosotros, es decir que sean específicas y adecuadas con nuestros perfiles y necesidades. Los préstamos y créditos deben ser blandos, y que no sean de dos o tres millones de pesos, porque con ese presupuesto tú no creas empresa, ni aquí en Colombia, ni en cualquier parte del mundo”.

Otro de los elementos que exigen, es que la reubicación o los puntos que ofrecen para la reubicación, “no tienen los estudios de impactos socio económicos, de factibilidad o de mercadeo y esos estudios deben conllevar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Es decir, los lugares de donde nos están desalojando, deben ser adecuados y contar con estos elementos y no lejanos a donde ya nos habíamos ubicado”, afirma Jhon, al paso que caracteriza a su gremio, como uno de los más excluidos de los beneficios sociales del Estado. Por eso plantea que “nosotros como sector, necesitamos las garantías en salud, en educación, por eso pedimos cupos en las universidades públicas o privadas, que nos inserten en el sistema de salud, y si nos preguntan si estamos dispuestos a pagar todo lo relacionado con seguridad social, decimos que sí, pero siempre y cuando las condiciones laborales cumplan con las condiciones dignas, como hemos mencionado”.

El conjunto de los vendedores y vendedoras ambulantes se ha venido organizando y articulando en las diferentes localidades de la ciudad a fin de promover la defensa de sus derechos, y las garantías que, según la ley y los fallos de la Corte, el distrito les debe de garantizar.

@carolltejada 

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