Eberto Díaz Montes
El acuerdo de Popayán, firmado el pasado 8 de septiembre entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos a través de su vicepresidente Angelino Garzón y la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA, permitió a esta última poner fin a los bloqueos de carreteras, como un gesto de buena voluntad, eso sí, dejando claro que no se trataba del levantamiento del paro agrario y que los campesinos volverían a las vías si el gobierno incumple su compromiso de nombrar una comisión de alto nivel gubernamental y la instalación de una mesa nacional dispuesta a discutir y dar salida al pliego de exigencias de la MIA.
No cabe duda que la incapacidad del gobierno y de sus más importantes funcionarios para resolver los gravísimos problemas que angustian a la mayoría de la población rural colombiana y el hecho de negarse a reconocer a un interlocutor del movimientos campesino como la MIA que ha logrado no solo articular y cohesionar una fuerza social, que en el pasado actuaba dispersa ,sino que además ha pasado a ser el referente más destacado de la lucha campesina y agraria del país; lo convierte en responsable de que no se hubiese avanzado con anterioridad en un acuerdo, el cual estamos seguros habría evitado las pérdida de vidas, como consecuencia de la acción alevosa de la fuerza pública y de sus escuadrones de muerte llamados ESMAD.
La presencia en el acto de acuerdo en Popayán de nueve gobernadores de los departamentos que sintieron con mayor rigor los efectos del paro agrario deja al desnudo las limitaciones de una seudodemocracia descentralizada que no tiene los alcances políticos, participativos y mucho menos económicos que posibiliten solucionar los conflictos de carácter estructural que como el agrario rebosa los escenarios locales, lo que requiere no solo un profundo reordenamiento territorial de la nación, sino además una necesaria democratización de la riqueza y la nacionalización de los recursos naturales, y nuevos niveles de participación social y política en el diseño y ejecución de las políticas que atañen a los intereses de la mayoría.
El desplante hecho por el movimiento campesino y sus principales organizaciones, a la convocatoria del pacto agrario y desarrollo rural realizado por el gobierno, donde las corbatas y la tecnocracia brillaron por su presencia, pero donde no se vieron las ruanas, los sombreros, los azadones ni los machetes, hizo que dicho evento pasara sin pena ni gloria.
Mientras los burócratas burgueses se paseaban desesperados por los pasillos del recinto donde se llevó acabo el nefasto pacto agrario, réplica del recordado pacto de Chicoral que dio paso al desmonte de lo poco positivo de las políticas agrarias, fruto de la acción organizada del campesinado que se desarrolló al calor de la revolución Cubana en los años 60. Al otro lado de la ciudad, en la Universidad Nacional, uno de los lugares que ha visto nacer la resistencia y rebeldía estudiantil, miles de líderes campesinos, indígenas, sindicales, estudiantiles, de fuerzas sociales y políticas como el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, ondeaban las banderas de la Colombia soberana, anticapitalista, antilatifundista y revolucionaria.
En efecto, el lanzamiento de la gran cumbre agraria, campesina y popular el pasado 12 de septiembre en la ciudad de Bogotá, el mismo día del frustrado pacto de los poderosos se efectuaba uno de los actos más trascendentales y unitarios de las fuerzas populares que tienen presencia en el campo colombiano.
Dirigentes y delegados de la MIA y sus principales organizaciones como Fensuagro, Anzorc, ACVC, Apemecafé y más de un centenar de organizaciones de carácter regional, la Coordinadora Nacional Agraria, CNA, la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca ACIN, entre otras, abren el camino a la construcción de una gran fuerza social agraria y popular que confluya en un inmenso torrente de movilización y lucha en conjunto con el movimiento sindical, del transporte, de la salud, de los ambientalistas, del estudiantado, de los desplazados por la violencia, de los excluidos y marginados sociales por el modelo de desarrollo neoliberal; por una política agraria incluyente y antilatifundista, la reversión de los tratados de libre comercio, la nacionalización del petróleo, el gas, el agua y demás bienes naturales, y por la solución política del conflictos social y armado y la paz con justicia social.
Octubre llegará, lleno de primavera, con la minga social indígena y la gran cumbre agraria campesina y popular. Las fuerzas del cambio están andando, la nueva patria está en marcha.
