Tercer encuentro de conmemoración de las víctimas del paramilitarismo.
El pasado 1° de Agosto, en el corregimiento La Moralia, Tuluá, más de 600 personas en representación de familiares, amigos y organizaciones de víctimas del paramilitarismo en el Valle del Cauca, se dieron cita para conmemorar los millares de vallecaucanos asesinados, desaparecidos y desplazados por el accionar del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que hizo su aparición pública en este departamento el 31 de Julio de 1999 con el asesinato del campesino Orlando Urrea y su hija Sandra Patricia.
La ola de terror de las AUC segó la vida a más de 2.300 personas y produjo desplazamientos forzados masivos en una buena parte de los municipios del Valle del Cauca, fragmentó notablemente los tejidos sociales, disminuyó ostensiblemente la producción agropecuaria y los circuitos de mercadeo, hegemonizó modelos culturales contrapuestos a la cultura campesina, modificó las relaciones del campesinado con el territorio, provocó el crecimiento acelerado y sin planificación de los centros poblados en un proceso continuo de desterritorialización del que las comunidades agrarias aún no han podido recuperarse, toda vez que el Estado ha cubierto con un manto de impunidad tanto a los autores intelectuales como a quienes financiaron y se sirvieron del genocidio paramilitar.
El tercer encuentro de conmemoración de las víctimas del paramilitarismo Memoria y Dignidad Campesina, realizado en La Moralia, Tuluá, por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, Astracava, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y el movimiento social y político Marcha Patriótica, con la valiosa colaboración de la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica, se constituyó en un espacio para conmemorar la dignidad de todos aquellos que sufrieron los vejámenes del embate paramilitar, como también para denunciar la penosa situación de las víctimas quienes a 16 años de la incursión, aún no han sido reparadas, puesto que la normatividad colombiana y específicamente la ley 1448 de 2011, no ha pasado de ser un paquete de promesas vacías con escaso nivel de cumplimiento, que no ha posibilitado que haya verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Las víctimas y sus organizaciones evidenciaron que existe un trato despectivo hacia ellas, en tanto, son objeto de amenazas, persecuciones, señalamiento y estigmatización por parte de representantes de entidades estatales. Exigen, en consecuencia, un compromiso verdadero y efectivo del Estado en torno a las garantías para el ejercicio político, lo que implica el desmonte de los nuevos grupos paramilitares que continúan delinquiendo contra ciudadanos inermes, la penalización de los responsables intelectuales y materiales de los atroces delitos contra la humanidad, la apertura de investigaciones que acarrean sanciones ejemplarizantes hacia los responsables de las amenazas, persecuciones y señalamientos contra las organizaciones y plataformas de unidad.
Como en La Moralia, Tuluá, familiares de las víctimas y las organizaciones que luchan por los derechos de las víctimas del paramilitarismo en todo el país han manifestado a una sola voz que la paz con justicia social depende de la verdad, de la justicia, de la penalización de los máximos responsables del paramilitarismo en el Valle del Cauca, de la reparación integral y de garantías para que la catástrofe humanitaria provocada por el paramilitarismo nunca vuelva a ser el pan de cada día, en ninguna vereda, corregimiento, barrio o comuna de la nación colombiana.
