¿Cómo va la paz?: Estudio de la fundación Paz y Reconciliación

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Guerilleros de la Zona Veredal de Mesetas. Foto Carolina Tejada.

Los retos, avances y preocupaciones de la implementación

Redacción política

En qué va la implementación de los acuerdos de paz, sus retos, realidades y las necesidades urgentes del momento político que vive Colombia, se recogen en el estudio de la Fundación Paz y Reconciliación, que viene adelantando de los acuerdos de paz del Teatro Colón, en distintas regiones del país.

Siete conclusiones deja el estudio. La mayor preocupación es el tránsito legislativo de los acuerdos de paz, junto a la expansión paramilitar y lo que se desprende de allí, además de la inseguridad que tienen los excombatientes farianos en las distintas regiones del país. Los asuntos menos graves son la elaboración de los planes estratégicos de seguridad y paz, así como los planes de desarrollo local. Aunque estos últimos no tienen la misma premura que el tránsito legislativo del acuerdo de paz por el Congreso de la República. Y los temas que están siendo superados sin mayores inconvenientes son la dejación de armas y los planes de desminado.

Proceso de dejación

En cuanto al éxito del proceso de dejación de armas, según la Fundación Pares: “En la desmovilización paramilitar en Colombia la dejación de armas duró tres años; el proceso inició el 31 de diciembre de 2003 con la desmovilización del bloque Cacique Nutibara y culminó el 15 de agosto de 2006 con la desmovilización del frente Norte Medio Salaquí del bloque Élmer Cárdenas. En total, se realizaron 38 actos de desmovilización, en los que se entregaron 18.051 armas y se desmovilizaron un total de 31.671 combatientes, es decir, un arma por cada dos paramilitares, o lo que significa lo mismo, casi la mitad de los desmovilizados paramilitares no entregaron armas”.

Para el analista León Valencia, los guerrilleros de las FARC-EP entregaron un promedio de 1.02 armas por guerrillero: “Hay más armas que guerrilleros. En el proceso de paz en Afganistán se entregaron 0.74 armas por guerrillero y en Nepal entregaron 0.3 armas por guerrillero. Es decir por cada tres guerrilleros se entregó un arma. Aquí es distinto”, señaló el investigador. Las calidades de las armas también cuentan, las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, que son las potencias armamentistas del mundo ya han certificado el estado de las armas y el número de las mismas.

Reducción de la violencia

Otra de las conclusiones del estudio es el indicador sobre reducción de homicidios por cuenta del proceso de paz. Aunque el hecho es el más significativo, la opinión pública no ha dimensionado dichas cifras. “La evaluación del cese bilateral al fuego es sumamente positivo. Desde mediados de 2016, cuando se firmó, Colombia ha salvado más de tres mil personas de morir o quedar heridas en acciones relacionadas con el conflicto armado. Los indicadores de violencia se fueron a la baja en 2016 […] Igualmente, en muchos de estos municipios los secuestros descendieron hasta llegar a cero y los niveles de extorsión bajaron”, indica el estudio.

El diagnóstico demuestra que la presencia de las FARC en los territorios era de autoridad. El vacío que dejaron las FARC tras el proceso de movilización a las Zonas Veredales de Normalización fue un reto para el Estado que no fue capaz de ingresar con su institucionalidad y tampoco replegar las organizaciones paramilitares que ya coparon algunas de esas zonas.

Los riesgos

“En otros territorios parece que la salida de la guerrilla generó una especie de auge de la anarquía criminal, es decir, la inseguridad ha aumentado con la salida de las FARC: el abigeato, el atraco en carretera, y los conflictos vecinales que terminan en violencia. Esto significa que no se trata de crimen organizado, sino de delincuencia común que ha comenzado a aumentar. El ELN, por su parte, está copando algunos espacios dejados por las FARC en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Chocó. Se espera que en la medida en que avance el proceso de paz con esta guerrilla y se materialice un cese bilateral al fuego y de hostilidades, los índices de violencia puedan disminuir de manera sustantiva”, indican las investigaciones de campo hechas por la Fundación Pares.

Esa es una de las preocupaciones que salta a la vista a la hora de evaluar los resultados del proceso de paz. Las comunidades en los escenarios de guerra están empezando a cuestionar las promesas de transformación social para sus territorios. Habitantes de municipios en conflicto reclaman vías terciarias, provisión de servicios públicos e iniciar los planes de sustitución voluntaria que contiene el acuerdo de paz. Para eso el Ejecutivo no ha materializado ningún plan o programa con enfoque diferencial para esas poblaciones y por el contrario está siendo permisivo con la presencia de bandas paramilitares.

“Para hacer frente a los procesos de reconfiguración de la criminalidad, es necesario que la institucionalidad y las promesas del acuerdo de paz puedan ser territorializadas y su implementación sirva como escudo a los esfuerzos de expansión de las organizaciones criminales. Se debe recordar que la agenda del proceso de paz no tiene como único eje el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil de los excombatientes. El acuerdo es mucho más que eso, es la oportunidad para transformar las condiciones de exclusión y olvido del campo colombiano, abrir espacios de apertura democrática y construir relatos que contribuyan al esclarecimiento de la verdad”, señala el informe.

Los incumplimientos

Y es que solamente el 10% de las acciones de las obligaciones que se desprenden de los acuerdos de paz tienen las FARC. El restante 90% son aspectos que van a beneficiar a toda la sociedad. Por ejemplo, en la construcción de vías terciarias para facilitar a los campesinos las condiciones de acceder al mercado y ofrecer sus productos, la ampliación de la democracia con la reformas estructurales del punto de participación política o la entrega de tierra a los campesinos colombianos que nunca la han tenido, o que si la tienen es muy poca.

Por eso son contundentes las conclusiones del informe: “Existen tres componentes fundamentales para que lo acordado no sea letra muerta: (i) Presupuesto, (ii) capacidad institucional administrativa, jurídica y técnica en los territorios, y (iii) voluntad política”. Los ritmos del Estado y la burocracia van en contravía a la implementación del acuerdo de paz. Hasta ahora el gobierno nacional no ha tenido como prioridad el desarrollo del acuerdo de paz y solo se ha centrado en el proceso de dejación de armas de la insurgencia.

Lo más apremiante es la lucha contra el paramilitarismo y la implementación de los acuerdos de paz vía fast track. En lo inmediato el gobierno nacional debe iniciar la ejecución de todos los planes integrales de reintegración de combatientes, los programas de desarrollo social que demanda el acuerdo y defender en el legislativo la intentona de la derecha por desbaratar los acuerdos de paz.

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