Uribe: Condenados por interceptaciones “hicieron su deber”

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El director de VOZ, Carlos Lozano, quien fue víctima de persecución, señaló que ese gobierno fue criminal, estuvo colmado de chuzados, cohechos y falsos positivos. “La Casa de Nari, como la llamaban los paramilitares que la visitaban, era un solo chanchullo”.

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Hace apenas tres semanas se conocía la noticia de la condena a los ex ministros del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Sabas Eduardo Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, así como la del ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez Echeverri. La Corte Suprema de Justicia, en aquella oportunidad, señaló que era ilícito no solo cambiar el rumbo de la política sino también del país con métodos ilícitos. Y esa pareciera ser la directriz del gobierno del hoy senador del Centro Democrático Álvaro Uribe.

El pasado 30 de abril la Corte Suprema de Justicia de nuevo se pronunció y mediante la lectura de fallo condenatorio tasó la pena de los ex funcionarios María del Pilar Hurtado, directora del DAS y del ex secretario de Presidencia, Bernardo Moreno, a 14 y ocho años respectivamente, por el caso de las interceptaciones ilegales ordenadas desde Casa de Nariño a la oposición, periodistas y magistrados de las altas cortes.

La determinación del alto tribunal se da luego de casi cinco años de proceso desde su investigación y juicio. La Corte Suprema de Justicia pudo comprobar cómo el DAS y la Secretaría de la Presidencia orquestaban las chuzadas para obtener información en beneficio político del presidente Álvaro Uribe.

No obstante, aún no se cierra el sonado caso de las interceptaciones. Todo lo contrario. Lo que sigue es determinar la responsabilidad del autor intelectual, y. por ello, el magistrado Fernando Castro le compulsó a la Comisión de Acusaciones copias del expediente para que inicie investigación al ex presidente.

La petición de investigación tiene sustento en buena parte del acervo probatorio que encontró la Corte en el caso de las chuzadas que involucrarían al ex mandatario, pues era él la línea de mando inmediata de los condenados. El DAS y la Secretaría de Presidencia solicitaban la información que era analizada en el despacho presidencial para tomar decisiones políticas.

El ex presidente se presentó a la Corte Suprema para rendir versión de los hechos y dijo: “Qué tristeza que a Bernardo Moreno y a María del Pilar Hurtado los condenen por cumplir el deber”, afirmaciones que causaron rechazó entre las víctimas de las chuzadas.

El director de VOZ, Carlos Lozano, quien fue víctima de persecución, señaló que ese gobierno fue criminal, estuvo colmado de chuzados, cohechos y falsos positivos. “La Casa de Nari, como la llamaban los paramilitares que la visitaban, era un solo chanchullo”. Por su parte, el senador Iván Cepeda señaló que el ex mandatario “debería ser el siguiente en esa lista”, refiriéndose a los casos de criminalidad que tiene a cuestas la cúpula uribista.

Una víctima de las persecuciones fue la periodista Claudia Julieta Duque, quien se mostró decepcionada con la condena e hizo un llamado para que los autores materiales de las chuzadas, los investigadores del DAS condenados, revelen la verdad sobre quienes dieron las ordenes: “Los determinadores pagarán menos cárcel que los funcionarios del DAS. A ver si eso los lleva a dejar de protegerlos y hablan de una buena vez”, expresó.

Al igual que el cohecho, las interceptaciones ilegales fueron fundamentales para las determinaciones políticas del ex presidente que, como ningún otro de su especie, ha estado más cercano con los criminales y se ha hilado una madeja de acciones delictivas, desde sus subalternos de mayor confianza hasta su familia. Al tiempo que se conocía la notificación de la Corte Suprema de Justicia, un juez en la ciudad de Medellín oficiaba que el ex presidente no fue calumniado por el paramilitar alias Alberto Guerrero, de las AUC-Pipintá, quien señaló que el hermano del ex presidente, Santiago Uribe, tenía relación directa con la conformación de grupos paramilitares en Antioquia mientras Álvaro Uribe era gobernador.