Urge amnistía para prisioneros de las FARC, plantea la ONU

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Es una obligación del Gobierno y del Estado cumplir con la amnistía a los prisioneros políticos.

La ONU insta al Gobierno a cumplir con la amnistía a los prisioneros políticos. Asesinado otro guerrillero la semana pasada, en Ituango

Hernando López

La Misión de la ONU para la paz en Colombia urgió al Gobierno Nacional a resolver el tema de la amnistía para los prisioneros de las FARC-EP, en estos días, en jornadas de protesta en las cárceles colombianas, a quienes se unió el comandante Jesús Santrich, durante 18 días en huelga de hambre, por lo que sufrió una descompensación en su estado de salud por la falta de alimentos lo que obligó a su hospitalización y tratamiento en cuidados intensivos.

“La Misión hace un llamado urgente a la solución de la situación de los integrantes de las FARC-EP que todavía se encuentran privados de la libertad, a pesar de la Ley 1820 de 2016 aprobada el 31 de diciembre del año pasado y de los decretos expedidos por el Gobierno para agilizar este proceso”, dice la carta enviada al Gobierno por la Misión de la ONU.

La preocupación del organismo internacional va más allá, porque considera que la “incertidumbre jurídica” afecta el proceso de incorporación y de consolidación de la paz. La preocupación de los voceros de la ONU es que se pierda la credibilidad en el fiel cumplimiento gubernamental de los compromisos asumidos en el Acuerdo Final de La Habana. Es una preocupación real en las FARC, según se lo dijo a este semanario uno de sus delegados de paz, hasta el punto que el proceso de terminación de la etapa de dejación de las armas el 31 de agosto próximo, queda casi que en entredicho hasta que el Gobierno no cumpla con la amnistía de sus prisioneros políticos y combatientes.

La situación se torna más complicada debido a los asesinatos, amenazas e intimidación a los guerrilleros y sus familiares.

“El incumplimiento en la aplicación de la Ley de Amnistía no puede convertirse en un obstáculo para la consolidación de la paz en Colombia. Esta dramática situación de las y los prisioneros políticos es un mensaje negativo hacia el mundo de la falta de compromiso del Estado colombiano en el cumplimiento de lo acordado”, dijeron las FARC.

Nuevos compromisos

En la reunión del Csivi del viernes 14 de julio, el Gobierno Nacional anunció nuevos compromisos para concretar la amnistía de miles de prisioneros. Aseguró que dictará nuevos decretos para agilizar el proceso de amnistía que deben dictar los jueces, pero se notan reservas de los jueces de garantías y de la fiscalía que insisten en el argumento dilatorio de “evitar los colados en la amnistía de combatientes de las FARC”. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, cuestionados por la inoperancia en la orientación judicial hasta el punto que el organismo está en la mira para ser reemplazado por otro, insisten en que la amnistía y otros procedimientos judiciales deben ser analizados con rigor, como si los jueces en su independencia no lo hicieran.

Según el Gobierno, ya están decretadas 1.700 amnistías y, aseguran, que solo faltan entre 800 y 1.000 más; pero las FARC manejan otras cifras y argumentan que hasta ahora la amnistía es a cuenta gotas. En las cárceles se dan atropellos a los guerrilleros en huelga de hambre por parte de la guardia del Inpec, como ocurrió en Cali. Hubo enfrentamientos en el patio 4, entre guardianes y prisioneros, cuando querían trasladarlos para romper la jornada de ayuno colectivo. La situación se repitió en otras penitenciarías.

Ya son seis los guerrilleros asesinados, desde cuando iniciaron el proceso de ubicación en las zonas veredales y de la dejación de armas. El más reciente fue la semana pasada, en Ituango, donde fue degollado Juan Fernando Amaya, quien había solicitado la protección del Estado.

En este sentido, es necesario adelantar las medidas requeridas para agilizar la amnistía de todos los prisioneros políticos que tengan derecho a la misma. Igual a los combatientes ubicados en las zonas veredales. Los jueces tienen que cumplir de conformidad con los nuevos decretos que contienen normas específicas para asegurar el cumplimiento de lo pactado. Es un compromiso del Estado y no solo del Gobierno. Álvaro Leyva, uno de los asesores de las FARC, dijo que los jueces si no cumplen, podrán ser sancionados, por cuanto el Acuerdo está suscrito ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

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