Universidad Nacional de Medellín: El proceso contra los lápices

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En entrevista, Gerardo Parra Picón, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, comenta en qué consiste el caso de los cuatro alumnos detenidos el pasado primero de mayo en la capital de Antioquia

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Alexis Casas Valencia, Cristian Camilo Peña, Juan Camilo Ángel y Santiago Ángel, estudiantes detenidos en Medellín.

–Según informaciones hay una especie de directriz de actuaciones judiciales contra el movimiento estudiantil en el departamento de Antioquia. Esa información se conoce luego de la detención de cuatro estudiantes de la Universidad de Antioquia a quienes se les acusa de terrorismo. ¿Ustedes conocen esa situación?

–Sí. La directriz tiene antecedentes en otras instituciones de educación superior como la Universidad Nacional sede Medellín, donde el segundo semestre del pasado año, agentes de la policía ingresaron a altas horas de la noche con perros para realizar allanamientos en los casilleros de los estudiantes; al Politécnico Jaime Isaza Cadavid ingresó la Policía Nacional bajo protocolos de seguridad, y ahora, por segunda vez intentarán aplicarlo en la Universidad de Antioquia.

Esta directriz no se aleja de las declaraciones del Brigadier General José Acevedo, cuando señaló a grupos estudiantiles como responsables de los atentados en contra de las instalaciones de la Policía, como retaliación por la captura de los cuatro estudiantes. El Brigadier tiene experiencia en la estigmatización y judicialización de la movilización y la protesta social, como se observó en el pasado paro popular en el bajo Cauca.

–Una acusación contra los cuatro estudiantes universitarios, hace pensar que se está bajo una especie de Estatuto de seguridad contra la educación. ¿De qué acusan a los universitarios?

–Los cuatro son acusados de terrorismo. Pero considerando las “pruebas” y las declaraciones en la audiencia concentrada por parte del Juez 30 y la Fiscalía, el delito es tener un carácter crítico sobre la sociedad y pertenecer a la universidad pública.

–¿Cómo interpretar una doctrina de seguridad nacional en medio de una etapa final del conflicto armado?

–Inaceptable. Los avances hacia el fin del conflicto armado han sido satisfactorios y necesarios para la reconciliación del país. Esto implica un cambio de la doctrina, superar la lógica del enemigo interno y el reconocimiento de las voces disonantes y la oposición en Colombia.

Además, actuar contra la integridad física de activistas y dirigentes, abrir la vía del exterminio jurídico de la oposición y profundizar los pilares del modelo neoliberal en Colombia, son una clara muestra de la falta de compromiso del Estado con la paz de nuestro país.

–La Fiscalía y la Policía tienen supuestas pruebas “contundentes” para acusar de terroristas a los estudiantes. ¿Creen que puede haber una suerte de cartel de la acusación entre esas autoridades?

–El Estado colombiano históricamente ha tenido un móvil jurídico de estigmatización hacia la protesta social, este caso lo reitera: la retención arbitraria de sus pertenencias, el montaje de pruebas y el juicio político por su perspectiva social, fue el primer paso.

A ello se suman las declaraciones del Brigadier General José Acevedo Ossa el pasado 12 de mayo en las cuales señala que los artefactos explosivos en dos barrios y una estación de policía, son actos de retaliación de algunos grupos estudiantiles por la captura de los cuatro detenidos.

En efecto sí consideramos que existe todo un plan para deslegitimar la protesta y la movilización social, a partir de su criminalización, estigmatización y judicialización.

–¿Cómo han recibido la solidaridad los estudiantes detenidos?

–La solidaridad de las organizaciones sociales, políticas y defensoras de derechos humanos, nacional e internacionalmente, ha logrado mantener la moral de los cuatro detenidos y sus familias, pese a las intenciones de los agentes de la Sijín que pretenden hacer que los jóvenes se incriminen por hechos no cometidos. Sin embargo, las condiciones de hacinamiento en las instalaciones de la Sijín demandan cada vez más recursos para la atención de su estado de salud por causa de enfermedades trasmitidas por el zancudo.

Es importante continuar con la labor de acompañamiento, seguimiento y verificación del caso, visibilizar su situación y exigir garantías para que se les respeten sus derechos.

–¿Qué sigue para el movimiento estudiantil en Antioquia?

–Superar los niveles de dispersión que está atravesando el movimiento estudiantil, considerar el momento político en torno a la paz y reagruparse en clave de las luchas por la financiación de la educación superior, la autonomía universitaria, la democracia y el pensamiento crítico, que permita construir una universidad para la paz democrática.