Consejo de Estado se pronunció. Entrevista con Ómer Calderón, presidente de la UP
Hernán Camacho
En apenas dos meses de proselitismo electoral, sin recursos y con marcada desventaja ante sus competidores, la Unión Patriótica alcanzó 99 mil sufragios para las elecciones a Congreso del pasado mes de marzo. El umbral para aquella ocasión exigía 400 mil votos a cambio de mantener la personería jurídica por cuatro años más, y con ella, el derecho a participar en las elecciones hasta 2018. Cuando parecía que la UP volvía a quedar excluido de participar en el escenario electoral, el Consejo de Estado se pronunció frente a los alcances y el tratamiento diferencial que merece.
VOZ encontró en la sede de campaña de Clara López y Aída Avella, la fórmula de la izquierda colombiana que aspira a la presidencia, a Ómer Calderón, presidente de la Unión Patriótica, instantes después de conocer el pronunciamiento del alto tribunal de lo contencioso, y manifestó las razones de la decisión y la perspectiva del movimiento político.
–El Consejo de Estado acaba de emitir un concepto desde su sala de Consulta Civil. Allí manifiesta el tribunal que la personería jurídica de la Unión Patriótica se mantiene hasta las próximas elecciones de Congreso en 2018. ¿A qué se debe esa decisión?
–Es un concepto a petición del gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior, como resultado de las discusiones y los acuerdos que la Unión Patriótica ha llegado con el alto gobierno en el marco del comité de garantías electorales que ha venido funcionando desde el año pasado.
–¿Cuáles son los efectos de esa decisión?
–Los efectos son de orden jurídico y político. Hay que resaltar que el concepto no es vinculante para el Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad electoral de Colombia, pero se convierte en un segundo pronunciamiento en el mismo sentido: reconocimiento del genocidio político contra nosotros y el tratamiento diferencial a que tenemos derecho para nuestra participación política, por sobre las consideraciones formales que impone la ley para mantener o adquirir la personería jurídica que en éste caso es llegar al umbral.
–El asunto de fondo es un nuevo pronunciamiento ratificando la existencia de terrorismo de Estado contra la Unión Patriótica.
–Sí. Esos dos pronunciamientos del Consejo de Estado, el del pasado año y el reciente, coinciden en reconocer que la Unión Patriótica perdió la personería jurídica no por consecuencia de ser castigada por su electorado ni como una mala gestión por sus representantes en las administraciones locales cuando fue gobierno, sino como efecto de la persecución sistemática. El Consejo de Estado reconoce que el establecimiento actuó contra una fuerza política por razones políticas.
–Pero no solo la Justicia contenciosa reconoce eso, la Corte Suprema de Justicia lo dijo en la condena a César Pérez García.
–Así es, en ese proceso se dice que la Unión Patriótica logró posiciones de poder y desplazó sectores políticos dominantes, los cuales reaccionaron de manera violenta. La perspectiva que representaba la Unión Patriótica alcanzando niveles de poder local por la vía democrática le representó un peligro a ese establecimiento y la consecuencia fue la persecución, el señalamiento y los actos violentos en una alianza de paramilitares con militares y organizaciones políticas y de poder.
–Usted nos dice que ese concepto no es vinculante. ¿Cuál es el camino jurídico para volver efectiva la decisión?
–Solicitaremos al Consejo Nacional Electoral que tenga en cuenta las dos manifestaciones de la jurisdicción contenciosa que en últimas son razones poderosas que difícilmente la autoridad electoral los pueda desechar. Las razones son en derecho y se atienen a la realidad de los hechos, luego entonces, esperamos que se pronuncien mediante la formalidad como lo hicieron el pasado año.
–¿Cómo van las conversaciones con el gobierno en el marco de la Comisión de Garantías Electorales?
–Nosotros estamos tratando tres temas primordiales, el primero: las garantías fundamentales de la partición política de la Unión Patriótica, eso tiene muchos subpuntos que se están trabajando, pero es de resaltar que el gobierno nacional y nosotros llegamos a un acuerdo, justamente, el que da origen a la decisión del Consejo de Estado: elevar una consulta para aclarar los efectos de lo dicho por ese mismo tribunal cuando devolvió la personería jurídica.
El segundo punto es una campaña de acceso a los medios de comunicación que le permita a la Unión Patriótica salir del ostracismo y señalamiento. Esa campaña consta de cuñas de radio, televisión y programas que destaquen nuestros alcances políticos y que el país no conoce la historia nuestra, no conoce que fuimos opción de poder, que ocupamos gobiernos locales haciendo una política diferente y entregando resultados a la comunidad y por ello nos persiguieron y asesinaron. Debo decir que ese proyecto comunicacional está a media marcha por la falta de recursos que el gobierno se comprometió a entregar.
Y el tercer tema es lo relacionado con alcanzar condiciones materiales para el funcionamiento y nuestra presencia en el escenario político; en ese sentido no se han alcanzado mayores acuerdos y la muestra está en los recursos destinados para la pasada campaña a Congreso que solamente a dos días de las elecciones se nos giró un rubro del que teníamos derecho desde el inicio formal del proselitismo. Eso deja un sinsabor en la voluntad política del gobierno. Ese punto está en la agenda en el entendido que la Unión Patriótica tiene condiciones de desventaja frente a otras colectividades políticas y debe recibir estímulos que la equiparen a los demás.
–La Unión Patriótica le propone al gobierno la necesidad de una reparación política. ¿El gobierno nacional está en sintonía con el significado de una reparación de ese tipo o le hace gambeta al tema?
–Visiones radicalmente distintas. Mire, el gobierno hizo una propuesta de solución amistosa en una sesión del pasado 24 de marzo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de la Unión Patriótica. La propuesta fue rechazada de plano por la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, representantes de nosotros, los peticionarios. En esa oportunidad el gobierno dijo que inicialmente se debía establecer la responsabilidad del Estado colombiano en el genocidio, asunto que rechazamos porque la responsabilidad del Estado ya está probada en sendos pronunciamientos de la Justicia colombiana desde la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
El otro punto que rechazamos fue el de las víctimas. Para el Estado se debe reconocer algunas víctimas de manera selectiva y no las seis mil que están en el caso de la CIDH y que hasta la propia Fiscalía General de la Nación reconoce que puede haber un número superior a las seis mil pues hay zonas como La Guajira, donde no se ha podido llegar a recoger los datos de la militancia de la UP víctima allí. Entonces son propuestas que no satisfacen los mínimos para la verdad, justicia y reparación política.
–Sin ello no habrá solución amistosa con el Estado.
–Es un condicionante. El Estado debe reconocer la responsabilidad que tiene en todas las víctimas de la UP, no en algunas. Es la actitud negacionista que ha tenido siempre el Estado en los tribunales internacionales y eso no ayuda.
