UNE: Otro patrimonio público que se esfuma

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Trabajadores de UNE

La firma comercial privada con la que se formaliza la fusión de UNE es una empresa fachada de la multinacional Millicom, creada dos meses después de suscrito el contrato de entrega de la principal empresa de comunicaciones del país. Todos los intervinientes han sido denunciados penalmente

Alberto Acevedo

Juan Esteban Calle Restrepo, el gerente de las Empresas Públicas de Medellín, que en el año 2012 inició los trámites de entrega de la principal empresa de telecomunicaciones del país, UNE, al consorcio sueco Millicom, fue denunciado penalmente por los delitos de desviación de poder por parte de un funcionario público, prevaricato y celebración indebida de contrato, entre otros posibles punibles.

Los cargos penales fueron formulados ante el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre Lynett, por un grupo de organizaciones sindicales vinculadas al grupo EPM de Medellín y varias entidades cívicas y populares de la capital antioqueña. Pero, en general, el gobernador del departamento, el alcalde de Medellín, y los concejales que participaron o autorizaron el negocio, que en opinión de los denunciantes implicó la entrega casi gratuita del principal activo de la nación en ese campo, también fueron denunciados penalmente.

En opinión de varios líderes cívicos de la capital de la montaña, que quisieron expresar sus puntos de vista a VOZ, el contrato de cesión de la empresa UNE a la Millicom, fue ilegal desde el comienzo hasta el final.

En el año 2012 comenzaron las negociaciones con la transnacional Millicom para conseguir la fusión con la empresa UNE. Siendo la firma antioqueña líder en el campo de las telecomunicaciones en el país, nunca quedaron en claro cuáles fueron los verdaderos móviles para plantear este negocio y las ventajas que obtendría con ello el país.

Lo que mal comienza…

Lo cierto es que las negociaciones, que terminaron con la firma de un memorando de entendimiento “no vinculante”, se suscribieron el 5 de febrero de 2013. El 11 de marzo siguiente, el gerente de la ETB y el alcalde de Medellín radicaron ante la secretaría del Concejo municipal un proyecto de acuerdo legalizando la fusión.

Por la presión de las organizaciones gremiales de trabajadores, agrupadas en la Unión Sindical del Grupo Empresarial EPM y el Movimiento Cívico de Medellín y el Área Metropolitana, entre otros sectores democráticos, el concejo de la ciudad no aprobó el proyecto. El gobierno de la ciudad presentó uno nuevo, orientado a concederle facultades extraordinarias al gerente de las EPM para adelantar la negociación.

Ahí comenzó la cadena de ilegalidades. El 8 de mayo de 2013 se expidió el acuerdo 17 del Concejo de Medellín, aprobando la fusión de UNE, cuando apenas tenía un debate, pese a que la ley señala que iniciativas de esta naturaleza se debatan en dos sesiones diferentes, en días diferentes. Para suplir la irregularidad se convocó a segundo debate a las dos de la madrugada del día siguiente.

Pero el alcalde sancionó la norma autorizando la fusión con Millicom, ya con el primer debate, antes de que se produjera el segundo. La normatividad sobre el tema de fusiones indica además que para dar un paso en esta dirección, deberá consultarse con los accionistas de la empresa absorbida, en este caso la UNE, y con los miembros de su junta directiva, situación que tampoco se dio.

Autoridades ciegas

Para ese momento, el subsecretario de Prevención del Daño Antijurídico de la Alcaldía de Medellín, Héctor Fabio Vergara, advirtió sobre las irregularidades cometidas, pero nadie hizo un esfuerzo por sanear el proceso adelantado hasta ese momento y no se tomaron en cuenta sus observaciones.

Peor aún, la ley 136 de 1994 dispone que aprobado un proyecto de acuerdo, el alcalde local dispone de cinco días para sancionar la norma, tiempo que actúa como primer control de legalidad. También el gobernador del departamento tiene facultades para ejercer ese control, pero en este caso ni en una instancia ni la otra operó este ejercicio.

Como no hubo este control, las autoridades no vieron, o no quisieron ver, que el concejo autorizó la constitución de una sociedad de economía mixta, con participación mayoritaria de las entidades descentralizadas del municipio. Esto era completamente diferente a lo que se había negociado con la Millicom, a espaldas de la ciudad, que era entregarle el control total de UNE.

Empresa insolvente

Por eso, el espíritu del acuerdo del concejo nunca se tuvo en cuenta, y el gerente de las EPM fue a la Superintendencia de Industria y Comercio a tramitar la integración de UNE con Colombia Móvil, de la cual Millicom es socio mayoritario, en la modalidad de fusión. Es preciso decir que el superintendente no es competente para tramitar este tipo de fusiones, pues el contrato societario se adelanta ante notario público.

No obstante, el superintendente hace caso omiso de esta inhabilidad y expide la resolución 24527 de 2014, autorizando la fusión por absorción entre UNE y Colombia Móvil. Los futuros socios de la transacción incumplen el acuerdo del concejo pero también la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio y la transacción se lleva a cabo finalmente entre la UNE y la firma Millicom SpainCable SL, empresa constituida en España el 16 de julio de 2013, dos meses después de haberse aprobado el acuerdo del Concejo de Medellín.

Es decir, estamos ante una empresa creada a posteriori, con la única misión de suscribir el acuerdo de fusión con UNE. Nótese, además, que la empresa absorbente tiene un capital registrado de 20 mil euros y un objeto social diferente al de las telecomunicaciones, por lo que no podría haber fusión entre entidades que no tienen el mismo objeto social, y su actividad económica no es compatible.

En contraste, la UNE tiene registrado en ese momento un valor en libros de 5,6 billones de pesos, sin contar los denominados activos intangibles, su buen nombre y posicionamiento en el mercado. Tiene a la Telefónica de Pereira y participación en la ETB, en la capital de la República, y posee un paquete accionario en Tigo.

Cero controles administrativos

En el espíritu de lo autorizado por el Concejo de Medellín, se supone que UNE tendría el 50% más una acción en el negocio de fusión y Colombia Móvil el 49% del paquete accionario. Esto no se cumplió y Colombia Móvil se alzó con la mayoría de las acciones, y por consiguiente, la mayoría de miembros de la junta directiva de la nueva empresa, incluyendo al presidente de la compañía.

Conocida la transacción, trascendió que una de las razones para impulsar el negocio es que para ese momento Millicom estaba en bancarrota, y para salir de la crisis financiera consiguió que el alcalde de Medellín y el gerente de las Empresas Públicas de la ciudad, con el apoyo de once concejales, entregaran a UNE. De paso, la multinacional sueca se apropiaba de un sector estratégico, la primera empresa del sector de las telecomunicaciones en el país.

La insolvencia de Millicom era tan evidente que esta empresa debía para entonces 230 mil millones de pesos a las Empresas Públicas de Medellín, suma que no pagaba desde hacía siete años. Plantear en esos términos el negocio era física y llanamente un acto de corrupción administrativa. Tanto, que en los mentideros políticos de la capital antioqueña todo el mundo asegura que los funcionarios que participaron en el negocio de fusión, desde el más encumbrado hasta el subordinado, fueron sobornados. Los denunciantes de este hecho se preguntan: ¿Y qué han hecho, ante este exabrupto, los organismos de control?