Por una política en beneficio del pueblo

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Los jóvenes han sido fundamentales en las movilizaciones sociales que se desarrollan desde el pasado 21 de noviembre. Foto Sophia Martínez.

Ante la profunda crisis social, política, económica y de violencia que enfrenta la mayoría de los colombianos, el gobierno ha sido incapaz de buscar soluciones reales, y al contrario, reitera la lógica de actuar bajo cuatro líneas centrales de la práctica política como estrategias para mantenerse en el poder: el populismo, la generación de miedo por medio de la represión y la violencia, la cooptación y el total servilismo ante imperialismo.

El Gobierno nacional pretende hacer populismo para confundir y desmovilizar ciertas franjas de la sociedad que están vinculadas al movimiento del paro 21N. Por ejemplo, para la juventud anunció políticas públicas encaminadas a generar esquemas de contratación sin tener que acreditar experiencias. Pero, la verdadera intención es la anunciada por la Ministra Alicia Arango, quien presentó la propuesta de contratación por horas, lo que traerá para la clase trabajadora el recorte de prestaciones y garantías; eliminar la posibilidad de pensión para las nuevas generaciones, aumentar la precarización laboral y debilitar aún más al movimiento sindical.

Otro ejemplo se relaciona con la Ley de financiamiento aprobada en diciembre del 2019, que contempla la reducción en los aportes a la salud, de manera gradual, para los pensionados que devenguen hasta dos salarios mínimos, lo que significa un ahorro pírrico, ante la crisis de la salud, una medida que no toca la ley 100 y la devolución del 100% del IVA dirigidos a las personas de menos recursos, y que sería de un día en los meses de julio y octubre, para el consumo de artículos que no corresponden a las necesidades de esta población, ya que no se incluyen los productos de la canasta familiar.

Por medio de la violencia: amenazas y asesinatos sistemáticos a líderes y lideresas sociales, se busca generar terror en la población. En el caso de los asesinatos a exguerrilleros de las FARC, se fundamenta en una matriz de opinión promocionada por la inteligencia militar, que pretende culpar a las disidencias, expresando que, en las propias filas de las antiguas FARC-EP, están los autores.

La recientes amenazas de las llamadas Águilas Negras a dirigentes sindicales y al secretario general del Partido Comunista Colombiano, al día siguiente de la comparecencia del Partido Comunista con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, es una manifestación del nuevo momento de violencia que padece el país y de la campaña anticomunista que se orquesta desde el establecimiento. En ninguno de los casos avanzan las investigaciones para identificar y judicializar a los autores intelectuales de los asesinatos y las amenazas, la complicidad y la impunidad de la institucionalidad son evidentes.

Con el miedo como estrategia se pretende abolir el delito político y criminalizar y judicializar la protesta social. Se eliminó el delito político con la implementación de la ley 1908/2018 y se introduce el concierto para delinquir, identificado con el señalamiento de asesoramiento a los Grupos Delictivos Organizados, GDO y Grupos Armados Organizados, GAO. Este panorama configura una nueva forma de persecución política que se tipifica con esta ley. El objetivo es castigar con prisión a quienes se manifiestan y movilizan en contra de las políticas del gobierno.

Las alianzas que busca Duque están ligadas a una cooptación que le garantice recomponer las fuerzas y lograr las mayorías en el Congreso, para cumplir los compromisos con quienes financiaron su campaña. Es un cambio de gabinete más neoliberal, que no se deslinda del uribismo, y que pese a las manifestaciones de la población en rechazo de su política, pretende seguir la agenda de reformas a favor de los poderosos.

La reforma pensional que tanto ocultó el Gobierno, aparece ahora cuando la mermelada permite conformar la votación necesaria para aprobarla, busca aumentar la edad de pensiones: para las mujeres pasará de 57 a 62 años y para los hombres de 62 años a 65. También fomentará el régimen de ahorro individual en los fondos privados de pensiones, que pertenecen, principalmente, a Luis Carlos Sarmiento Angulo y al sindicato antioqueño agrupados en Porvenir S.A. Protección S.A. y Old Mutual. Es claro que el objetivo es aumentar las ganancias de los dueños de los fondos de pensiones a costa de condenar a los futuros pensionados a vivir en condiciones miserables.

El servilismo de Duque con el imperialismo va más allá de supeditar la política exterior del país; se ha prestado de marioneta para la agresión contra el pueblo venezolano y proyecta a Colombia como el centro de la estrategia militar de los EE.UU., que propicia mayor injerencia en América Latina.

Es preciso trabajar con todas las fuerzas democráticas y organizaciones de derechos humanos en la denuncia nacional e internacional; exigir justicia, que se identifique y castigue a los asesinos de los líderes sociales y cesen los asesinatos y la persecución política contra el movimiento popular.

Hay que avanzar en los esfuerzos por unificar y fortalecer el movimiento de paro y llegar a una mayor población; conquistar en las calles otra agenda política y tumbar el paquetazo de reformas que el gobierno pretende imponer para concentrar aún más la riqueza a costa de la mayoría del pueblo colombiano.

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