Cerca de un millón de mujeres en Colombia realizan la labor de trabajadoras domésticas. El 61.9% tiene un promedio de ingresos mensuales entre 151 mil y 300 mil pesos
Redacción laboral
“Erminda, luego de verse enredada en un lío jurídico a raíz de una demanda realizada por su patrona, compadece ante la Fiscalía Municipal. Las palabras del fiscal eran recurrentes ‘¡Usted fue quien la agredió! Sus cargos son por violencia personal y daño a la persona’. Al leerle los cargos a Erminda, esta respondió decidida: ‘Sí. Y si me vuelve a decir lo que me dijo, yo vuelvo y la estropeo’. Tal era el dolor que ella estaba decidida y continuó ‘Tráigala y que me vuelva a decir lo que me dijo y la estropeo de nuevo’. Era tal la ira, que parecía –por instantes– que Erminda hubiese olvidado el sitio en el que se encontraba; entonces el fiscal le preguntó nuevamente: ‘¿Qué fue lo que pasó?’, a lo que ella respondió: ‘Mire. Yo le dije que me pagara mis días de trabajo que ya había trabajado todas las tres semanas, y ella me dijo que no me iba a pagar, que sólo me pagaba $50 mil. Oiga, le dije: ¿y pa’ quién es ese poquito de plata? Me das mis $200 mil, que yo fue mucho lo que me maté y trabajé en esta casa, y ella me contestó: Esta negra si es creída, ¿acaso antes no eras esclava?”. Ante la confesión de Erminda, el fiscal dice: ‘Señora, usted debe mejorar su carácter’.
“Erminda por su parte quedó tranquila porque, según ella, por sus medios le había hecho pagar a la señora sus $200 mil. Hoy Erminda, con antecedentes legales de violencia, y su patrona con antecedentes de víctima, continúan sus vidas. Nadie se cuestionó sobre la frase violenta y de discriminación racial que le dijeron a Erminda, tampoco por lo que recibió de pago y prestaciones sociales. Éste no fue el tema central, toda la atención giró en torno a la violencia de la empleada doméstica a su patrona.
“El silencioso dolor y las secuelas psicológicas de Erminda, es quizás lo que el fiscal no entendió y con él, el resto de una sociedad que aún no se percata de la intensidad del problema del racismo y de las pésimas condiciones laborales de las mujeres afrocolombianas que trabajan en el servicio doméstico en la ciudad de Medellín”.
La anterior es parte de la presentación del proyecto de reivindicación laboral de las empleadas domésticas afro, intitulado “Barriendo la invisibilidad de las trabajadoras domésticas afrocolombianas de Medellín”, y que muestra la manera despectiva con que se mira esta labor y a estas trabajadoras.
Por situaciones como esta y ante la necesidad de discutir y buscar soluciones a su problemática, para el miércoles 2 de octubre, estaba programado un conversatorio con una magistrada, un escritor y unas empleadas domésticas, quienes expondrían en la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico, EAFIT, la situación de las empleadas del servicio doméstico (la mayor fuente de trabajo urbano femenino) en Colombia.
El evento fue originado por el Proyecto de reivindicación laboral de las empleadas domésticas afro, que inició la Escuela Nacional Sindical, ENS, desde el 2011. En ese mismo año, el gobierno colombiano suscribió el Convenio 189 de la OIT, para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores domésticos en el mundo, refrendado como Ley 1595 de 2012 por el Congreso de la República, y declarado exequible por la Corte Constitucional hace un par de semanas. Uno de los más importantes resultados del Proyecto fue la creación del sindicato Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico en Colombia, Utrasd.
Algunos datos
Cerca de un millón de mujeres en Colombia realizan una labor menospreciada por la sociedad (el 61.9% tiene un promedio de ingresos mensuales entre $151 mil y $300 mil), invisible a los ojos de los empleadores (el 91% trabaja entre 10 y 18 horas diarias y el 90.5% no recibe pago por horas extras), y desprovista de garantías laborales por parte del gobierno (el 33.3% están en el régimen contributivo como cotizante y el 50% en el subsidiado; el 60% no está afiliado a pensiones). Las empleadas domésticas en Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos (excepto Uruguay) y sumando a Estados Unidos, son víctimas de tres tipos de discriminación: laboral, de género y racial.
