La visión de país justo y democrático no se encontrará en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por la Unidad Nacional y el Centro Democrático. Sectores de izquierda anuncian demandas de inconstitucionalidad del Plan y protestas
Hernán Camacho
@camachohernan
Cien propuestas de modificación o sustitución presentaron la bancada del Polo Democrático y parlamentarios del Partido Verde en asuntos nodales a lo largo de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, todas desatendidas. “¿Cuántas de estas tuvieron el aval del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas? Ninguna”, aseguraron los parlamentarios polistas. Todo lo contrario, a las carreras y con el acostumbrado pupitrazo se aprobó por mayoría calificada la ruta que el país tomará en materia económica y social en los próximos cuatro años.
El pasado 5 de mayo fue el último debate al Plan “Todos por un nuevo país”. Tras la discusión, el proyecto pasó a consideración de la comisión de conciliadores y esta lo dejó en el despacho presidencial para su sanción. No obstante, desde ya se advierte que el texto del Plan será demandado ante la Corte Constitucional por vicios en su trámite y por contradicciones constitucionales de su contenido.
Los 267 artículos del Plan le van a costar a los colombianos 703 billones de pesos. Entre el articulado hay de todo: una reforma a la salud y la educación, un proyecto de desarrollo rural en contra de la economía campesina, una reforma a las telecomunicaciones que incluye privatización de un canal público y ajustes a la cuota de pantalla. El Plan tiene una nueva doctrina militar y una reforma minera que pasa por exenciones tributarias a las multinacionales, así como la licencia para estas que exploten los páramos.
Un plan “todero”
El Plan le otorgará al Ejecutivo facultades especiales para legislar por decreto en asuntos agrícolas, despojando a la rama legislativa de su tarea y afectando, dicen voceros del Polo Democrático, el principio de la reserva de la ley, es decir: la no intromisión en asuntos legislativos, que solo le competen al Congreso. Por esa vía el parlamento renuncia a ciertas reglamentaciones que requiere el Plan. Para la izquierda en el parlamento eso es un asunto inconstitucional.
El “árbol de navidad”, como fue bautizado el Plan, es otra razón que sustenta la inmediata demanda. Para la oposición se quebró el principio de unidad de materia incluyendo temas ajenos a la naturaleza del Plan. No es la primera vez que un Plan de Desarrollo es demandado por carecer de unidad de materia. Han caído artículos en planes de gobiernos como el de Álvaro Uribe y en el primer mandato de Juan Manuel Santos. En ese principio, pone la lupa el alto tribunal a la hora de su revisión, pues considera que el Plan no puede ser utilizado para ajustar las cargas legislativas inexistentes en las leyes. En consecuencia se exige rigor en la relación y conexión directa entre el articulado y los objetivos del Plan. Cosa que pareciera no estar tan clara.
La publicación
Y para completar el procedimiento legislativo, la publicación en el Diario Oficial del proyecto de ley aprobado la noche del 5 de mayo fue equivocada. A pesar de que aún no se había terminado la votación, pasada la media noche, y que tampoco se había conformado la comisión de conciliación, se publicó en la gaceta oficial el proyecto de ley.
Aunque en la conciliación no se presentaron reparos, sí llamó la atención la manera en que se surtieron las discordancias entre los textos de Senado y Cámara. Según conoció VOZ, la conciliación fue una formalidad cuyo interés era mantener el Plan sin sobresaltos. Por ejemplo: se revivieron artículos como el 177, sobre la libre explotación minera en los páramos, cuya eliminación se había hecho en el penúltimo debate y que resucitó en la conciliación por orden de los ministerios de Hacienda y Minas.
En constancia presentada en la Cámara de Representantes en el último debate del Plan, el Polo Democrático manifestó: “Las demandas se presentarían, entre otras razones, por violar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras; por promover el exceso de delegación de facultades reglamentarias que se conceden al Gobierno en una proporción importante del articulado; por la violación del principio de unidad de materia; y, por supuesto, por la extralimitación del Gobierno Nacional sobre las demás autoridades, en especial lo relacionado en materia tributaria y ambiental”.
De fondo
Pero existen reparos de fondo en el Plan que van más allá de los procedimientos. Para el Polo Democrático el Plan violó la Constitución flagrantemente por el salpicón de normas “que abusan del carácter orgánico de la ley, que apunta a denotar el aprovechamiento del Gobierno Nacional y de sus agentes económicos representados para aprobar normas en 45 días que merecerían el análisis del legislativo por lo menos en dos años”, dijo el representante Alirio Uribe.
En ese sentido artículos como aquel que permite que las tropas colombianas se conviertan en ejército de operaciones militares en suelo extranjero bajo el amparo, la supervisión y la subordinación de otras fuerzas militares, no fue debatido en las comisiones específicas en el Congreso. Además de atentar contra la soberanía es un mensaje contra la paz del continente. Y si a eso se le suma el incremento del 54% en recursos destinados a la seguridad y defensa, resulta un contrasentido que el Gobierno Nacional hable de paz mientras prepara un cuatrienio para la guerra.
Plan minero
De otra parte, el componente minero-energético del Plan, orientado a superar los obstáculos legales y ambientales que tienen atado al sector. El Plan disminuye los tiempos y requisitos para la obtención de las licencias ambientales, y le permite al Ejecutivo mantener licencias ambientales de explotación en páramos.
“¿Cómo va a ser un plan de desarrollo para la paz una política que concibe el desarrollo como el impulso de una locomotora minero-energética a través de la creación de las denominadas áreas de reserva para el desarrollo minero (art. 20), de la disminución de los términos para el otorgamiento de licencias ambientales (art. 183), de la autorización para realizar minería en páramos (art. 177), entre otros aspectos, los cuales son generadores de nuevos conflictos, profundizan los existentes y resultan insostenibles en materia ambiental, cultural, económica y social?”, se preguntan voceros del Polo.
Los PINE
Pero el Plan es ambicioso en el interés privado. Los congresistas de la Unidad Nacional y el Centro Democrático crearon un poderoso instrumento jurídico para proteger el capital privado: los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINE). “Bajo la denominación PINE se puede incluir la construcción de una vía, un desarrollo inmobiliario, grandes plantaciones para la industria agraria, una mina a cielo abierto o en socavón. Si pudieran ir más lejos, hasta la privatización de una empresa pública podrían caracterizarla como PINE”, explica en la constancia de voto negativo la bancada polista. El Plan privilegia la utilidad pública en interés privado.
La demanda de inconstitucionalidad al Plan de Desarrollo 201-2018 estará lista al mismo tiempo que el presidente Santos sancione la ley del Plan a la que él llama “para cerrar las brechas”.
