Un pacto por la vida

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María Eugenia Londoño*

Más de 50 mil vidas cobra hoy en el país la pandemia causada por la covid-19; la población sumida en el desempleo en un 15,9% según el DANE; la desigualdad y la miseria, así como la deuda externa con un comportamiento históricamente creciente a nivel nacional, evidencian el mal manejo de la emergencia sanitaria, que a costa de pretender “salvar la economía” arrojó a las calles a miles de personas de la clase trabajadora, no sólo para producir, sino también para consumir por cuenta de las festividades decembrinas; periodo en el que no sólo no se generaron medidas para la disminución del contagio, sino que tampoco se diseñaron planes de fortalecimiento del sistema de salud y mucho menos, se promovieron alternativas económicas que blindaran a las poblaciones vulnerables para evitar que cayeran en la pobreza o la miseria.

Es necesario recalcar que la pandemia ha afectado mayoritariamente a la población más pobre y vulnerable, pues hasta las no muy confiables cifras del DANE, plantean que, en efecto, el 89,4% de las muertes por covid-19, son de personas pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3; lo que permite concluir que las improvisadas medidas del Gobierno nacional, no han salvado la vida de la población, especialmente de los más humildes y tampoco han protegido la economía.

Ante la evidente y cruda realidad que deja las cifras, el Gobierno nacional opta por reforzar sus orientaciones de apertura de sectores económicos estratégicos para el gran capital, así como del sector educación, llamando con vehemencia a los entes territoriales para que asuman la alternancia, medida que indiscutiblemente agudiza el índice de contagio y por ende mortalidad de las poblaciones más pobres del país, dado el aumento de circulación de la población, sin asumir medidas para el cierre de las brechas, sin asignación presupuestal para las adecuaciones que requieren las instituciones de todo el país, sin garantizar un plan de vacunación  oportuno, sin reducir el parámetro docente-estudiante-aula, sin contar con personal médico que acompañe las emergencias emanadas de la pandemia en los colegios, sin garantizar elementos de sanidad y bioseguridad, sin garantizar conectividad y dispositivos para aquellos estudiantes que por cuenta de su composición familiar o comorbilidades no podrán asistir presencialmente, sin seguridad social y salud en el trabajo del magisterio.

Es por ello que, urge la más amplia unidad de la clase trabajadora, sectores sociales, políticos, sindicales, académicos y organizaciones populares, en favor del gran Pacto Nacional por la Salud y la Vida de los colombianos y las colombianas, que demanda del Gobierno nacional acciones inmediatas para evitar el contagio y reducir el número de casos, para la atención urgente de las personas enfermas, fortaleciendo permanentemente el sistema de salud público, para garantizar el bienestar y proteger la dignidad humana, entre otras medidas, aprobando la renta básica universal que permite mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar la inmunidad por medio de un plan de vacunación que atienda las realidades geográficas y demográficas del país, que sea universal, gratuita y segura, sin que su distribución se torne en el “negocio” de momento de las EPS.

Esta unidad debe expresar sus reclamos por la vía del ejercicio de control político en las diferentes corporaciones y en amplios ejercicios de movilización, en ello la retoma de las calles como escenario natural del pueblo organizado en la exigencia, conquista y garantía de sus derechos.

*Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad- FECODE

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