No basta con que los defensores del ideal comunista acepten los principios de la democracia o el respeto a los derechos humanos para poder participar de la vida política en Ucrania. Se les exige que renuncien a la herencia política de Marx y de Lenin, al nombre de sus partidos, a todos sus símbolos
El pasado 18 de diciembre de 2014, a través de tres de sus parlamentarios, entre ellos Alexander Turchinov, el Frente Popular de Arseni Yatseniuk registró ante la Rada de Ucrania el proyecto de ley 1222-1. Su objetivo es prohibir la propaganda de la ideología comunista en Ucrania.
Las principales disposiciones de esta iniciativa se resumen en las siguientes prohibiciones:
—La prohibición de la promoción de la ideología comunista (art.2), incluyendo la difusión de las ideas comunistas (art.1).
—La prohibición de los partidos políticos y otras asociaciones de ciudadanos que promuevan la ideología comunista o que usen en su denominación los términos comunismo, marxismo, leninismo o estalinismo. Esta prohibición se extiende a los medios impresos que difundan esta ideología (art.2). Las organizaciones comunistas actualmente existentes en Ucrania cesarán sus actividades en un plazo de seis meses, plazo que se reduce a dos meses en el caso de los medios impresos (Disposiciones transitorias 2 y 3).
—La prohibición de la producción, distribución y publicidad de símbolos comunistas, incluyendo material considerado como recuerdo o souvenir. Los símbolos comunistas sólo podrán ser utilizados en museos y obras de arte, con fines de investigación o de descripción de acontecimientos históricos (art.3).
El proyecto considera símbolos comunistas las banderas y escudos de armas de la Unión Soviética, las banderas u otras insignias que combinen la imagen de la hoz y el martillo con otras manifestaciones nacionales; los monumentos con figuras del régimen comunista o eventos relacionados con las actividades comunistas antiucranianas; los nombres de calles, plazas, empresas, instituciones y organizaciones que hagan referencia a los nombres de los líderes del régimen comunista, los nombres de la URSS, las repúblicas soviéticas de la URSS, los congresos del partido comunista, etc. Sólo quedan exceptuados los monumentos y los nombres asociados con la liberación de Ucrania de los invasores nazis o el desarrollo de la ciencia y la cultura ucraniana (art.1).
Las actividades comunistas prohibidas se castigarán con pena de prisión de hasta cinco años y la posible confiscación de bienes de las personas condenadas. El periodo de prisión podrá extenderse a los diez años cuando la realización de las actividades señaladas corresponda a representantes institucionales o grupos organizados, cuando se utilicen medios de comunicación así como en caso de reincidencia (Disposición final 4.1)).
En cuanto a la ideología comunista que se pretende eliminar de la tierra ucraniana, el artículo 1 del proyecto de ley la define de la siguiente manera: un sistema de conceptos, ideas y opiniones, basadas en la teoría de la lucha de clases; la dictadura de una clase social sobre otras; la creación de un estado totalitario; la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; la negación del derecho de los pueblos y las naciones a la autodeterminación; el no reconocimiento del derecho de la propiedad privada de los medios de producción; el establecimiento de un sistema de partido único; y el derrocamiento violento del sistema estatal.
En la nota en la que explican los motivos para la presentación del proyecto de ley, los proponentes se centran en las consecuencias de la represión soviética. Sin pararse a pensar si esta ley vulnera la libertad ideológica y de pensamiento de esa población ucraniana a la que tanto quieren proteger y vinculando el comunismo con los actuales problemas de Ucrania, señalan igualmente que la adopción del proyecto de ley garantizará la eliminación de las amenazas a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de Ucrania, así como el fortalecimiento de la nación ucraniana, de su espíritu y de su moral.
En su fondo y en su forma, la iniciativa del Frente Popular ucraniano es un ejemplo de una mentalidad incluso más reaccionaria que la del gobierno franquista de Arias Navarro en la España predemocrática. En su intento de apertura para acercarse a Europa, aquel gobierno trató sin éxito de presentar una fachada democrática a su dictadura política. Uno de los componentes de aquel ejercicio de cosmética política fue el Decreto ley 7/1974, regulador del Derecho de Asociación Política.
Ni siquiera aquel gobierno franquista se atrevió a regular la prohibición del Partido Comunista en la forma jurídicamente grosera con la que se plantea ahora en Ucrania. En su artículo once, el legislador franquista se limitaba a señalar que la denominación de las asociaciones políticas no podría “usar nombres contrarios al Movimiento Nacional ni a las Leyes Fundamentales del Reino”. El artículo veintiocho se limitaba a vincular las infracciones muy graves a los actos que trataran de modificar el orden institucional vigente “por medios distintos a los previstos en las Leyes Fundamentales”.
El margen de participación que aquel franquismo agonizante trataba de garantizar a la oposición para conseguir su supervivencia política dejará por tanto de existir, por ahora para los comunistas, en la nueva Ucrania de Yatseniuk. Sólo quedará la oposición política clandestina a aquellos que caigan en la definición de comunista de los nuevos inquisidores locales, una definición que no sólo podrá rebuscarse en el nombre de los partidos o asociaciones sino en sus ideas constitutivas.
Pero el proyecto de ley 1222-1 no es sólo un ejemplo de regulación jurídica propio de una dictadura. Es también una expresión de un pensamiento totalitario que se atreve a definir qué “conceptos, ideas y opiniones” pueden ser objeto de expresión en la vida pública ucraniana. A las personas que defienden la ideología comunista, aun cuando respeten las leyes y los procedimientos para la reforma de la Constitución ucraniana, no les queda otro camino que el exilio interior para huir de la represión política. De prosperar el proyecto de ley, toda expresión pública de su pensamiento personal quedará prohibida.
Es llamativo que la prohibición se defina tanto en términos de ideas políticas como de nombres y de símbolos. Porque no basta con que los defensores del ideal comunista acepten los principios de la democracia o el respeto a los derechos humanos para poder participar de la vida política en Ucrania. Se les exige que renuncien a la herencia política de Marx y de Lenin, al nombre de sus partidos o asociaciones, a todos sus símbolos.
¿Qué decir, precisamente al hablar de símbolos, de la prohibición de vender souvenirs comunistas y de las penas de prisión de hasta cinco años asociadas? Incluso aquellas personas que no simpatizan con el actual régimen ucraniano admitirán que sus bases políticas no son tan débiles como para no permitirse el colorido arcaizante de los pequeños puestos de venta de recuerdos soviéticos, tan habituales en los mercados callejeros de los países del Este de Europa.
Sólo la alergia enfermiza al Otro explica esta parte, particularmente infame, del nuevo proyecto de ley. Porque el problema, en Ucrania, es que ese Otro esencial, en términos de oposición política real, se define precisamente en términos de una visión completamente diferente a la que tiene el Frente Popular de Yatseniuk respecto a la herencia de la historia soviética (así como, en sentido contrario, respecto a los héroes colaboracionistas de la derecha ucraniana). La falta de una mínima capacidad de reflexión crítica para reconocer esta realidad esencial está precisamente en el origen del cisma interno que afecta a la población ucraniana y que, con casi total seguridad, la seguirá alejando aun durante muchos años de cualquier proyecto de democracia compartida.
Uno de los más llamativos sucesos de la toma de Crimea lo refleja claramente. Cuando el comandante ucraniano de la base de Belbek, Yuri Mamchur, trató de volver a la base ocupada por tropas pro rusas, lo hizo enarbolando una bandera de la Unión Soviética que sólo podía abrirle paso. Así relata la estratagema la revista Time:
“Sus hombres marcharían desarmados, liderando la columna un abanderado con una reliquia Soviética – la bandera del 62 Regimiento Combatiente de Aviación basado en Belbek durante la Segunda Guerra Mundial. Cualquier soldado nacido en la Unión Soviética habría escuchado las historias de aquellos pilotos legendarios, los que se habían impuesto a la Luftwaffe nazi en 1941 y luego guardado los cielos de la Conferencia de Yalta en 1945. Mamchur contaba con que ningún soldado con un mínimo de respeto por los héroes de la Unión Soviética dispararía a una columna con esa bandera”.
La iniciativa del partido de Yatseniuk no es sólo un ataque a la unidad del pueblo de su país y un peligro para la libertad de pensamiento y de asociación en Ucrania. La voluntad de control que muestran estos fanáticos desborda ese marco. Lo ponen de manifiesto los intentos de algunos miembros de la comunidad ucraniana en España para regular qué se puede decir y qué no sobre Ucrania en nuestro propio país.
Como bien saben los que conocieron de cerca el franquismo en España, los principios políticos en que se basa el pensamiento Yatseniuk son incompatibles con la defensa de la libertad. No en vano los movimientos anticomunistas que acabaron por imponerse a la Unión Soviética colaboraron, casi sin excepciones, con la dictadura de Franco en España.
