Después de que Crimea proclamó su separación, una seguidilla de regiones autónomas reclaman mayor independencia en un claro rechazo al gobierno golpista de Kiev
El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió la semana pasada a la comunidad internacional que las continuas provocaciones de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia, sumadas a una eventual intervención de la OTAN en la península de Ucrania, pueden desatar una guerra civil en ese pequeño país, antiguo miembro de la Unión Soviética, y con ello provocar una escalada bélica más allá de las fronteras ucranianas.
La crisis de este país involucra muchos intereses, especialmente los del complejo militar industrial de las grandes potencias, que necesita una guerra para justificar la reproducción de sus capitales. En ese escenario, como en los tiempos de la ‘guerra fría’, la OTAN levanta el fantasma de una “amenaza rusa” para asegurar su presencia militar, y tras ella la entrada de las empresas transnacionales a una zona rica en petróleo, gas y minerales raros.
Después del exitoso referendo mediante el cual la inmensa mayoría de la población de Crimea adoptó un estatuto que le permite separarse administrativamente de Ucrania y entrar a formar parte de Rusia, en un lapso de tres semanas, al menos 12 regiones autónomas han coincidido en proclamar mayor autonomía del gobierno central de Kiev, en claro rechazo a un régimen producto de un golpe de estado, con el que no se identifican.
En las ciudades capitales de estas provincias, grupos de milicianos o de autodefensas, compuestas por ciudadanos rusos o rusoparlantes, tomaron locales del gobierno, aeropuertos, incluyendo comisarías de policía y oficinas del Servicio Federal de Investigación y del Ministerio del Interior, en todos los casos con amplio apoyo de la población.
El gobierno de Kiev anunció con gran despliegue publicitario la puesta en ejecución de un ‘plan antiterrorista’, que comenzaría por recuperar la ciudad de Sláviansk, centro del alzamiento contra el poder central en el suroeste de Ucrania. Este operativo incluyó el envío de soldados, aviones, la captura de líderes rebeldes y su sometimiento a juicios criminales y penas de prisión.
El flamante plan antiterrorista, que después se ocuparía de recuperar el control de regiones estratégicas como Járkov, Donetsk, Odesa y Lugansk, entre otras, y que fue anunciado al día siguiente de la visita que el director de la CIA, John Brennan, realizó a Kiev el 12 de abril, se derrumbó estrepitosamente.
Plan de ajuste
La población civil salió a la calle y gritó a los soldados que tuvieran vergüenza y regresaran a sus casas. Columnas de tanques blindados se pasaron del lado de los rebeldes pro rusos, en algunos casos con armas, municiones y alimentos. En otras ciudades se reportó que tropas ucranianas comenzaron a rendirse, sin disparar un solo tiro y sin presentar combate.
Los rebeldes, a diferencia del proceso inicial de Crimea, que se unió a Rusia, en estos casos reclaman la federalización de sus regiones, mayor independencia y el uso del ruso como idioma oficial, junto al ucraniano. Pero ante todo, se oponen al ingreso de Ucrania a la OTAN y a la suscripción de acuerdos económicos con la Unión Europea que, temen, se traduzcan en el desmantelamiento de la industria y el sometimiento a salvajes planes de ajuste fiscal.
Pero esta catástrofe ya comenzó. El pasado 27 de marzo, la Rada Suprema de Ucrania (parlamento), aprobó un paquete de leyes llamadas “anticrisis”, exigidas por el Fondo Monetario Internacional, como condición para otorgar un préstamo de 27 mil millones de dólares a ese país. Las nuevas leyes determinan recortes en el gasto social, aumento de impuestos, de las tarifas del gas y congelación de salarios de los trabajadores.
