Tumaco, azotado por la violencia

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La población que habita a las orillas del río ha deshabitado el territorio por miedo a los grupos armados. Foto Carolina Tejada.

Tras cinco meses, se presentó una nueva masacre en este municipio nariñense, consecuencia del enfrentamiento por el control de las rutas del narcotráfico

Sebastián Chingaté Sánchez
@CronopioRolo

El pasado 21 de febrero la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS publicó un comunicado expresando que “en horas de la mañana ingresan a la vereda Puerto Rico hombres fuertemente armados vistiendo camuflados, quienes se identifican como integrantes del frente Iván Ríos (Contadores) y de manera indiscriminada arremeten en contra de los habitantes de la vereda que se encontraban reunidos en la cancha asistiendo a un campeonato de microfútbol”. Este fue el primer comunicado publicado sobre la situación en Tumaco el fin de semana.

Al día siguiente el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, confirmaba que los hechos dejaban un saldo de ocho fallecidos, pero unas horas después tras un Consejo extraordinario de Seguridad que contó con la presencia del nuevo Ministro de Defensa, Diego Molano, se rectificaba la información con al menos cuatro hechos distintos y un total de once personas asesinadas. Mas allá de la poca claridad de lo ocurrido, y de que la propia comunidad ha sido la fuente principal de información, de las conclusiones emanadas del Consejo de Seguridad se afirmaba el hecho de “descartar una masacre”, e igualmente que se trató de un “intento de control territorial de Grupos Armados Organizados ‘Contadores’ y ‘Oliver Sinisterra”.

Violencia hacia las comunidades indígenas

A pesar de los múltiples llamados para atender de manera inmediata la protección de las comunidades y entendiendo la multiplicidad de hechos ocurridos en menos de un año, luego de la masacre del 21 de febrero y del Consejo de Seguridad, el 24 de febrero otro hecho violento terminó con el asesinato de Jhon Albeiro Pai Pascal, fiscal del cabildo indígena Piguambí Palangala de la comunidad indígena Awa. Que se produce cinco meses después de la retención de más de 40 personas en esta comunidad, dejando cuatro personas asesinadas y tres desaparecidas en el resguardo Inda Sabaleta del Pacífico nariñense, sucesos que Francisco Javier Cortez Guanga, indígena del Resguardo Awá Piguambi Palangala y miembro de la Red de DDHH del Pacífico nariñense, en conversación con VOZ en aquel entonces describió como un hecho reprochable y que era “el resultado de un abandono estatal”.

El líder también aseguraba para entonces que, la nula presencia del Estado con la inversión social para las comunidades “ha hecho que los cultivos de uso ilícito cojan fuerza y tomen el control en la economía. Sobre todo, en un sector como en el que nos encontramos, donde no existen las necesidades básicas satisfechas, donde no existen soluciones de vivienda, donde no existe agua potable, donde no hay oportunidades para las comunidades; esto produce la expansión de los cultivos de hoja de coca en los territorios, de esta manera empieza a haber presencia de diferentes actores armados”.

Según el Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas, en Nariño hay 36 mil hectáreas de cultivos ilícitos, de las cuales, 9.796 se encuentran en Tumaco, con capacidad de producir anualmente unas 75 toneladas de cocaína. Siendo el narcotráfico la principal razón del conflicto en la zona.

Javier Cortez describió la actual política de cultivos ilícitos en el territorio y comentó que en la actualidad “existen 16 acuerdos colectivos en el marco de la erradicación voluntaria, acuerdos que no se están cumpliendo por el gobierno. Lo que buscamos es que se haga inversión social en nuestras comunidades, pero también pedimos que se detengan los anuncios hechos con relación a la fumigación y la erradicación forzada”. Igualmente había insistido que la problemática de violencia en la región del Pacífico se debía al no cumplimiento de los acuerdos de paz.    

Para estas comunidades que integran la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, Redpana, el cumplimento de los acuerdos y las órdenes constitucionales que están dadas, se deben cumplir por parte del gobierno central, y que “el mensaje que queremos dar es que al Pacífico nariñense se le debe atender de una forma diferente. Aquí no tenemos ni un acueducto, agua potable, vivienda, el agua que tomamos la sacamos de las quebradas, de los ríos, de las goteras que caen de la lluvia y hoy las últimas quebradas están contaminadas por hidrocarburos, por el derrame de crudo que tenemos hace muchos años; una contaminación ambiental tremenda que tenemos en el Pacífico y aparte de eso nos vienen a fumigar” aseguró Cortez en diálogos con VOZ.

En el ojo del huracán

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2020 hubo 193 homicidios en Tumaco de los 364 en todo Nariño. Esta situación dista de ser nueva en el territorio. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, afirmó en 2018 que Tumaco tiene las cifras más altas de homicidio en el país y las cifras más altas de defensores de derechos humanos asesinados. Estos datos son el reflejo de una situación de abandono y desigualdad en la región, según cifras del DANE y de ACNUR; Tumaco tiene un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas del 48,70%, el índice de Pobreza Multidimensional de Tumaco es de 84,55 % y el 16,43% de la población se encuentra en situación de extrema pobreza.

Para las comunidades el llamado es claro, en particular la ANDAS solicita condiciones que aseguren la vida e integridad en el territorio: “Reclamamos que se garantice la protección de la comunidad del territorio a las instituciones de orden nacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Gobernación de Nariño, Alcaldía Municipal de Tumaco, Personería de Tumaco, Naciones Unidas y organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para acompañar esta crisis que no abandona el territorio” señala el comunicado de dicha organización.

El Resguardo Piguambi Palangala exige condiciones similares, garantizando la integridad física de los líderes y lideresas del resguardo, esto en cumplimiento de los autos emitidos por la Corte Constitucional que exige salvaguardar la vida de las comunidades indígenas: “Hemos exigido, y seguiremos haciéndolo, respeto por nuestro territorio, respeto por el bien más sagrado: la vida, así mismo respeto para nuestras comunidades indígenas del resguardo Piguambí Palangala, respeto por nuestra autonomía territorial. Exigimos a los actores armados que no se nos vincule en esta guerra, ya que como organización Resguardo Piguambi Palangala respetamos todo tipo de organización armada, política, religiosa, etc.”

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