Tragedia en Amagá: “Esta tierra solo produce muertos”

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El pasado domingo 9 de noviembre, tras el rescate del cuerpo de uno de los 12 trabajadores que quedaron atrapados en la mina La Cancha, en Amagá (Antioquia), los mineros exigieron al gobierno condiciones dignas y seguras de trabajo

Manuela Gónima

A raíz de la tragedia ocurrida el 30 de octubre pasado, donde 12 mineros quedaron sepultados bajo una mina de carbón debido a la perforación de una bolsa de agua, las autoridades insisten en el cierre definitivo de varias minas del sector.

Ya son 18 minas evacuadas por riesgo de inundación y se prevé que 50 minas informales serán cerradas dejando sin empleo a 2.500 personas aproximadamente.

El párroco de Amagá, el padre Hugo Villa Quintero, preocupado por la situación convocó el pasado domingo, junto a otros líderes y organizaciones del municipio, a una asamblea para debatir en torno a las exigencias de la comunidad al gobierno nacional.

“Hay gente que está aguantando hambre, no tienen otra fuente de trabajo. Si el gobierno decide cerrar las minas entonces que responda por todos los mineros y sus familias (…). Es irónico que las minas aseguradas y con títulos son las que han puesto los muertos. En las minas informales o ‘gurreras’ pocas veces ocurren estas tragedias”, asevera el padre Hugo.

En la asamblea también participaron los diputados Jorge Gómez, del Polo Democrático Alternativo, y Adolfo León Palacio del Partido Liberal. Para ellos, además de la tragedia de los 12 mineros se está empezando a sufrir otra: la crisis económica por el cierre de minas. “El gobierno no ofrece alternativas. No hay garantía de un mínimo vital para los trabajadores que están quedando cesantes. No hay una acción del Estado para prestar asistencia técnica, crédito y apoyo para desarrollar su labor de forma segura”, afirmó Jorge Gómez.

Byron Castrillón, dueño de varias minas de la zona, se sumó a estas voces asegurando que la pequeña minería no ha tenido ningún apoyo: “Los mineros de Amagá hemos sobrevivido con las uñas. Si el gobierno nacional nos hubiera dado la mano antes de que ocurriera la tragedia, se hubiera podido evitar. Aun así, hay que agradecer la ayuda humanitaria prestada después de lo que pasó”.

Mesa Minera

En el marco del paro minero del año pasado, los mineros de la Cuenca del Sinifaná, a la que pertenecen Amagá y cuatro municipios más del Suroeste Antioqueño, vienen adelantando procesos de diálogo y negociación con el gobierno a través de la Mesa Minera. Esta Mesa está conformada por la Asociación de Mineros de la Cuenca del Sinifaná (Asomisi), el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Minas de Antioquia, los cinco alcaldes de la cuenca y mineros de la región.

En esta se cree en la posibilidad de que la zona se decrete como reserva especial y así puedan recibir acompañamiento técnico, jurídico y económico por parte del gobierno. También adelantan procesos de regularización de minas del sector.

Por otra parte, Asomisi no ve como alternativa el cierre de las minas. En cuanto a la propuesta de diversificar la economía productiva, no es rentable dedicarse a la agricultura. “Mientras un minero se gana alrededor de 400 mil pesos semanales trabajando más de 12 horas al día, en una finca ganamos apenas 80 mil a la semana”, manifestó Byron.

Cabe resaltar que en el tema de comercialización muchos mineros no cuentan con recursos suficientes para cumplir con el tema de seguridad social y tecnificación.

Una de las causas es el precio tan bajo al que compran el carbón algunas empresas, sacrificando el bienestar de estas comunidades mineras.

Por último, Delsin Durley Mazo Quiroz, gerente de Asomisi, garantizó que la Mesa Minera tratará de reactivar estas unidades mineras e iniciar nuevamente procesos de diálogo con el gobierno para poder desarrollar una minería responsable.

Antecedentes

El 14 de julio de 1977, una explosión debido a la acumulación de gases al interior de las minas Silencio y Villa Diana de la empresa Industrial Hullera S.A de Amagá, provocó la muerte de 85 mineros.

El 16 de junio de 2010, otra explosión por gases causó la muerte de 73 mineros en la mina San Joaquín de la empresa Carbones San Fernando.