Torpedos contra el acuerdo

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Un Congreso de corruptos y politiqueros, con algunas excepciones, se dedicó a sabotear la implementación del Acuerdo Final de La Habana de conformidad con lo aprobado.

El Gobierno nacional debe modificar su actitud ante los cambios y la desnaturalización del Acuerdo Final de La Habana. Debe cumplir la palabra empeñada. No puede ser complaciente con la clase dirigente tradicional y de los organismos judiciales que sabotean la paz

Carlos A. Lozano Guillén
@carloslozanogui 

A las “curules de paz”, como suelen llamar a las circunscripciones especiales de paz, en las que serán elegidos 16  representantes a la cámara, propuestos por organizaciones que representan a las víctimas del conflicto, que quieren ser rapadas por los partidos tradicionales y sus variantes y desprendimientos, llámense Cambio Radical, la U, Centro Democrático o simplemente los deprimidos troncos de los partidos liberal y conservador, podría salvarlas una interpretación verídica del gobierno y de algunos juristas en el sentido que debe aplicarse para el quorum y la votación de conformidad con la ley quinta (reglamento del Congreso) y por lo menos tres sentencias de la Corte Constitucional, que establecen que deben tenerse en cuenta para los ajustes necesarios al quorum y las votaciones la muerte política de congresistas o las inhabilidades por estar detenidos debido a decisiones judiciales.

El papel de Cambio Radical

En este sentido, a juicio del presidente Juan Manuel Santos y de los voceros gubernamentales, el Secretario del Senado, Gregorio Eljach Pacheco, ficha de Cambio Radical, se “apresuró” a declarar que la votación de este acto legislativo, votado a favor por cincuenta senadores, segpunn él, no llenaba el requisito legal pues se requieren al menos 51 votos dado que son 102 los senadores. Siete votaron en contra y el resto no estuvieron en la sesión, incluyendo tres que están en prisión.  Justamente, por esta última razón, los tres detenidos no cuentan, de tal manera que la contabilidad se debe hacer a partir de 99 senadores.

Así las cosas, los cincuenta votos en favor del proyecto alcanzan para aprobarlo. No cabe la menor duda que la interpretación jurídica gubernamental es correcta y que el proyecto está aprobado y así debe establecerlo la mesa directiva del Senado y su presidente, Efraín Cepeda, que es a quien le corresponde y no al Secretario, el señor Eljach, quien se apresuró a declararlo hundido de forma consciente por su adhesión a Germán Vargas Lleras, enemigo del proyecto democrático.

El saboteo no solo a este sino a otros proyectos, lo asumieron los congresistas de Cambio Radical y algunos conservadores, de la U y liberales, que terminaron aliados al Centro Democrático de la extrema derecha. ¡Qué tal, Cambio Radical, partido de John Calzones y de Kiko Gómez, que más congresistas corruptos y paramilitares tiene en la cárcel, es el que maneja las decisiones del Congreso y cuenta con el flamante presidente de la Cámara de Representantes! Germán Vargas Lleras, uno de los candidatos de la guerra, está en deuda con el país porque se ha negado a explicar el video que recorre las redes sociales en donde aparece en una cabalgata con Martín Llanos, jefe paramilitar de Casanare y de otros capos del paramilitarismo.

Cambio Radical, partido minoritario, gracias a la torpeza del gobierno de Santos, se hizo a numerosos cargos públicos que aún conserva y desde ellos contribuye al desafuero belicista de sabotear la implementación del Acuerdo de La Habana.

Vaso por la mitad

Respecto de la implementación, según el presidente Juan Manuel Santos, el vaso está por la mitad, repitiendo la metáfora del Instituto Kroc que quien sabe dónde hizo la investigación. Todos los entendidos y analistas que han hecho el balance a la luz de los resultados, aseguran que el vaso está por debajo de la mitad. El déficit es enorme, pues proyectos importantes y de tanto beneficio para la sociedad como las reformas sobre el desarrollo agrario (primer punto de la agenda) y la reforma política (segundo punto de la agenda) no fueron aprobadas. En el primer caso ni siquiera la debatieron y la segunda fue hundida porque estaba tan tergiversada que no valía la pena.

El conejo de la oligarquía

La Justicia Especial de Paz (JEP) fue aprobada pero con inhabilidades para sacar a los magistrados que provienen de organizaciones no gubernamentales y de sectores democráticos, como si no tuvieran derecho a participar en las decisiones trascendentales de la paz para Colombia. Son los protagonistas de la paz y se les quiere negar el derecho a su participación en la implementación del Acuerdo. La JEP fue modificada en aspectos esenciales para reducirla en su aplicación a los ex guerrilleros.

El ex comisionado de paz Sergio Jaramillo cuando se retiró del cargo pronunció una frase lapidaria: “Las FARC cumplieron, ahora le corresponde cumplir al Gobierno”. La misión de las Naciones Unidas en Colombia, encabezada por Jean Arnault, también planteó que las FARC cumplieron y el Gobierno Nacional y el Estado no. Y, por supuesto, los dirigentes del ahora partido político FARC, más directos dijeron al cumplirse, el pasado 30 de noviembre el tiempo del fast track, que lo aprobado con modificaciones, lo no aprobado y lo pendiente, demuestra que el acuerdo está hecho trizas que es el sueño dorado de los uribistas y de los enemigos de la paz.

La ONU

Y todos tienen razón, en particular la ONU que ha tenido el encargo de “monitorear” el proceso. La primera parte de la gestión de la misión de la ONU, estuvo dedicada a verificar el cumplimiento por parte de las FARC, hasta el 30 de septiembre del presente año. Y el resultado, según el informe con el balance del periodo, la entonces guerrilla fariana cumplió a cabalidad. Entregó el informe de los bienes, tan cuestionado por el acucioso fiscal Néstor Humberto Martínez, dedicado a ponerle zancadilla al proceso de paz; hizo la dejación de las armas, superando el promedio de una por combatiente; y entregó 900 guacas con bastante cantidad de armamento pesado y explosivos; y finalmente realizó el tránsito hacia la conformación de un partido político que se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

La conclusión es evidente: ¡Cumplieron la palabra empeñada! En contraste, el Gobierno nacional no entregó ni una sola de las zonas veredales con la infraestructura completa, no ha ejecutado la amnistía y el indulto prometido para los combatientes que la deben recibir y las cárceles siguen llenas de prisioneros de guerra; no hay seguridad integral respecto a la protección de los dirigentes y militantes del partido Farc, varios asesinados a estas alturas, tampoco cuentan con seguridad jurídica, pues, como se dice antes, no está en firme la amnistía; y tampoco tienen seguridad social que les garantice a los excombatientes su modus vivendi. Y como si fuera poco, no cumplió a cabalidad las metas de la implementación, cuyo tiempo culminó el pasado 30 de noviembre sin  pena ni gloria a pesar del fast track.

Causas del incumplimiento

Primero, el gobierno fue incapaz de comprometer a los poderes del Estado en la necesidad de contribuir a la paz. Un bien supremo, tutelado por la Carta Política y considerado “política de Estado”, fue manoseado y bloqueado de distintas maneras por el legislativo y el judicial. El fiscal Martínez, ficha de Vargas Lleras, por ejemplo, está dedicado, inclusive en el exterior, a lanzar torpedos contra la paz.  Segundo, algunos analistas opinan que es un verdadero conejo al Acuerdo Final de La Habana. Una traición a la exguerrilla que sí cumplió. Dejadas las armas y convertidas en fuerza política, el establecimiento, y el Gobierno que lo representa, no le ve sentido a cumplir con lo demás. Tercero, al final se impuso la politiquería y el clientelismo tradicional, que cerró filas contra la reforma política y todo cambio democrático.

Esa clase política de veteranos y jóvenes, algunos de ellos herederos de la cauda política del padre u otros familiares, saben que la clave de sus victorias electorales está en el régimen actual, que ellos consideran inmodificable. Cuarto, se confirma el temor a los cambios democráticos por parte del establecimiento y la oligarquía colombiana.  Le tienen pánico a la democracia, se acostumbraron a gobernar, apoyados en la violencia y en la injusticia social.

Se puede recomponer la situación. No es fácil, pero sí le corresponde a los sectores democráticos y a los amigos de la paz que son una fuerza real en el país, movilizarse y presionar para que se cumpla el Acuerdo Final de La Habana. Es el mejor mensaje para el ELN que dialoga en Ecuador, porque de lo contrario no llegará hasta el final ante el temor de que no les cumplan.

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