Toma y huelga de hambre en la Universidad de los Llanos

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Algunos de los tomistas del campus universitario

Un grupo de estudiantes de la Universidad de los Llanos se tomó desde el pasado 4 de junio, las instalaciones de la sede Barcelona para exigir respuestas a las peticiones hechas desde de abril

Jorge Rojas

A causa de los malos manejos que se han tenido sobre los recursos que ingresan a esta universidad, el costo de las matrículas y la nula preocupación sobre los estudiantes de escasos recursos en la actual coyuntura provocada por la pandemia, pues la mayoría de estudiantes no tiene las formas para el desarrollo adecuado de sus clases desde la virtualidad, un grupo de estudiantes decidieron protestar.

Leonardo Mendoza, presidente del Consejo Estudiantil Universitario y participante de la protesta, explicó a fondo las diversas problemáticas por las que decidieron realizar esta toma y huelga de hambre adelantada por cuatro estudiantes desde el 22 de junio. Con este mecanismo de presión ya lograron que la administración decidiera ampliar el plazo para el pago de matrículas, pues estaba previsto el cierre para el 24 de junio “lo que hubiese sido negativo tanto para los estudiantes que no han pagado, como para los que estamos desarrollando este ejercicio de protesta ya que el no pago dentro de los plazos máximos generaría que perdiéramos nuestra calidad de estudiantes y se abriría una serie de vías legales que les permitirían accionar contra nosotros” explicó el estudiante.

Matrícula cero

La segunda garantía que exigen los estudiantes es la matrícula cero para este semestre. Al respecto Leonardo manifiesta que “para esta solicitud nosotros nos estamos sustentando en una serie de dineros que han ingresado a la universidad, primero por conceptos de los recursos logrados en el paro de la UNEES desarrollado en el 2018, donde se consiguieron recursos que ingresarían a las universidades en los próximos cuatro años. Conocemos que en el año 2019 la universidad recibió 1.290 millones que no fueron ejecutados y que para este año esa cifra oscila entre los 2.300 millones de pesos.

“Adicional a esto también están los recursos temporales que se les otorgarían a las universidades gracias a las cooperativas y finalmente, los recursos que ingresaron gracias a la estampilla Pro Universidad Nacional y otras universidades, puesto que ya pasaron los primeros cinco años de esta iniciativa, lo que significa que ahora esos recursos se repartirán en un 30% para la Universidad Nacional y un 70% para las otras universidades públicas del país, con todos estos recursos la universidad podría garantizarle al estudiantado matrícula cero”.

Además de esto, los estudiantes de la Unillanos le exigen a la administración que se cree una comisión encargada de garantizar de manera eficaz el acceso del estudiantado a las clases virtuales, pues la respuesta administrativa hasta el momento ha sido repartir 500 tarjetas SIM pre cargadas con datos, lo cual es una cifra bastante baja considerando que esta universidad tiene aproximadamente 6.000 estudiantes activos, de los cuales la mayoría pertenecen a estratos uno, dos y tres, quienes tienen más dificultades para acceder a internet.

Negativa de la administración

Pese a la negativa de la administración de entablar diálogo con estos estudiantes, ellos y ellas seguirán resistiendo en las instalaciones de la universidad hasta que logren las garantías necesarias para el desarrollo adecuado de sus actividades académicas que se han visto interrumpidas, no sólo por el Covid-19, sino también por la negligencia de las directivas de la Unillanos.

Estos estudiantes también manifiestan que en la última semana se han presentado situaciones que podrían poner en riesgo su seguridad, en varias ocasiones se han presentado agentes de la policía tomando fotografías hacia el sitio donde duermen sus compañeros en huelga e incluso hubo presencia de militares armados a las afueras de la universidad. Ellos responsabilizan a la administración de la universidad junto con las administraciones locales y departamentales por cualquier hecho que vulnere su integridad mientras ejercen su derecho a la protesta.

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