Tierra arrebatada y sin retorno

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Tierra, Dabeiba, Urabá Antioqueño. Foto Bibiana Ramírez – APR.

Muchas muertes y poca tierra ha dejado la Ley de Restitución en todo el país. Empresas y personas responsables no estarán en la Jurisdicción Especial para la Paz

Bibiana Ramírez – Agencia Prensa Rural
@bibianarm 

Uno de los mayores problemas de Colombia sigue siendo la desigualdad en el acceso a la tierra. Con la Reforma Rural Integral en los Acuerdos de Paz, el panorama tenía alguna posibilidad de aclararse, pero hoy eso se va esfumando porque los acuerdos se siguen transformando e incumpliendo.

Un punto crucial es la restitución de tierras a los campesinos despojados por el conflicto armado. Ciertos sectores en el país se oponen a la ley 1448 de 2011 (de víctimas y restitución de tierras) por los grandes intereses minero-energéticos que tienen en el territorio.

La Fundación Forjando Futuros, Premio Nacional de Paz en el 2012, representa jurídicamente a las víctimas reclamantes de tierras. En un análisis de las 3.500 sentencias que hay desde que fue aprobada la ley 1448, concluyen que en Colombia 6’500.000 hectáreas fueron despojadas a campesinos, principalmente por grupos paramilitares, representados en un 55%, enfrentamientos 24%, guerrillas 13%, grupos armados no definidos 7% y el Estado 1%.

El 96% del despojo se realizó a campesinos con predios que no superaban las cincuenta hectáreas. “Este despojo se realizó de forma sistemática con el propósito de concentrar grandes extensiones de tierra para tener control territorial, beneficiar empresarios de la agroindustria, empresas de la minería e inversiones del narcotráfico”, dice Forjando Futuros.

En los siete años de aplicación de la ley de víctimas sólo se ha restituido el 4,5% que se traduce en 289.665 hectáreas. De las 360 mil solicitudes que se esperaban para la restitución, se presentaron 109.902 de las que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) rechazó 34.028. Hay 3.500 sentencias dictadas por los jueces y 5.580 casos resueltos judicialmente.

Estas cifras demuestran que, en todo este tiempo, la eficiencia del Gobierno para atender a las víctimas ha sido poca y quedan en evidencia los intereses que quiere defender. Aún falta continuidad en los fallos judiciales y coordinación con las políticas de desarrollo rural, que por ningún lado se manifiestan.

Empresas y personas involucradas

Dentro del análisis que Forjando Futuros hizo a las 3.500 sentencias, encontró que en el momento hay 135 donde los jueces de tierras ordenan a la Fiscalía investigar a unas personas y empresas que están relacionadas con el despojo en Colombia.

Gerardo Vega, abogado de la fundación, cuenta qué contiene este informe publicado en la revista Semana: “Hay 25 empresas que han sido condenadas por los magistrados de restitución de tierras a devolver tierras o a suspender la exploración o explotación minera. La empresa que más tiene sentencias en contra es Argos con cinco, sobre hechos en Carmen de Bolívar. También está la Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar, Sociedad Jorge Herrera e hijos con cinco sentencias cada una en el Carmen de Bolívar, Agropecuaria Palmas de Bajirá con dos sentencias en Mutatá (Antioquia), Agropecuaria San Simón y otros con dos sentencias en el Carmen de Bolívar. Bancolombia con una sentencia en Tierralta (Córdoba), Anglogold Ashanti con una sentencia en Bagadó (Chocó)”.

Y también publican los nombres de personas relacionadas con el despojo: “Personas conocidas están Otto Bula que fue el comisionista de Odebrecht. Benito Osorio Villadiego, exgobernador de Córdoba. Diego Murillo Bejarano, Don Berna. Sor Teresa, hermanastra de los Castaño. Kenia Gómez, la esposa de Carlos Castaño. Otros conocidos en la vida pública o que ya estuvieron en el proceso de Justicia y Paz”.

Estas empresas y personas hicieron acumulación ilegal de tierras comprando baldíos o comprando a campesinos a bajo costo y en otros casos asesinándolos. Forjando Futuros hace público este informe sobre la decisión judicial y no sobre la investigación, pues hasta la fecha la Fiscalía no ha empezado ninguna sobre los responsables.

“Hacemos esto porque creemos que hay una oportunidad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que se conozca ese tema, a propósito del debate que ha habido en el país sobre los civiles terceros que participaron en el conflicto de muchas maneras, y al fin y al cabo terminaron diciendo en el Congreso que ellos voluntariamente decidirán si van o no a la JEP. Lo evidente es que sí hay jueces de tierras y ellos solicitaron que se investiguen esas empresas y personas. Como eso está en los anaqueles de la Fiscalía, por eso decidimos hacerlo más visible”, afirma Gerardo Vega.

Urabá sin restitución

El caso del Urabá colombiano es particular porque es la zona donde más despojos se han presentado y donde ha sido más difícil aplicar la ley de restitución de tierras. Allí hay intereses muy poderosos que tocan el territorio y a la gente. “Hay muchas personas interesadas en hacerse a pedazos de tierra porque son corredores de ilegalidad. Por la ubicación estratégica, allá la tierra tiene un gran valor”, dijo Ricardo Sabogal, director de la URT a la revista Semana.

En todo el país han sido asesinados 205 reclamantes de tierras entre 2016 y 2018; 41 en el Cauca, 31 en Nariño y 28 en Antioquia. 19 de ellos son del Urabá, donde hay total impunidad con estas muertes.

Y el caso más reciente fue el 11 de abril, en San Pedro de Urabá, en un sector conocido como El Tomate, donde murieron ocho policías que acompañaban una URT en esa zona. “El Tomate es un sitio que durante treinta años ha sido dirigido y controlado por organizaciones ilegales. Recuerdo que con la guerrilla en el pasado, luego las autodefensas con los Castaño, ahora el Clan del Golfo, tema de paramilitarismo con narcotráfico”, dice Gerardo Vega.

La misma URT ha reconocido que en esta zona es difícil avanzar con el proyecto por la hegemonía de varios grupos armados, faltas de vías de acceso, víctimas amenazadas y poca presencia institucional para garantizar el retorno.

“En Urabá utilizan todos los medios, legales e ilegales: amenazan, asesinan, desplazan a la gente, envenenan cultivos, matan animales, hacen imposible que la gente pueda volver”, afirma Gerardo Vega.

Siendo así la situación, la tierra sigue quedando en manos de privados o testaferros, lo que implica que la impunidad con los responsables del conflicto se mantendrá por muchos años. ¿Será que las 25 empresas, las casi 120 personas responsables irán a la JEP voluntariamente?

Ahora lo que prima es la inseguridad de los campesinos: la mayoría han sido amenazados por sus reclamaciones. Según datos de la Unidad Nacional de Protección, en Colombia hay 355 personas con sistema de protección por ser reclamantes de tierras. Pero la mayoría no cuenta con ninguna defensa para sus vidas. El asunto de la restitución debe ser integral, porque nada se ganan con que les devuelvan las tierras si no pueden retornar a ellas o no hay proyectos para trabajarlas.

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