Tiempo para la justicia restaurativa

0
245
Foto archivo.

*Redacción Política

El sistema de justicia para la paz ya que se encuentra en la Constitucion política. Lo que sigue es un debate profundo a la regulación del tribunal de paz

Tras múltiples dificultades en el tránsito legislativo, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, quedó en firme. La columna vertebral de los acuerdos de paz ya es una realidad, ratificando así la preponderancia a los derechos de las víctimas, la garantía de no impunidad y la consolidación del concepto de justicia retributiva para todos los intervinientes en el conflicto armado.

A lo largo del debate se acogieron las proposiciones expuestas por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, incluso aquellas referidas a las sanciones para los reincidentes y disidentes de las FARC, aunque estas ya se encontraban vinculadas en el Acuerdo de paz. Sin embargo, otras proposiciones de origen gubernamental y parlamentario lograron incrustar dos modificaciones en lo que tiene que ver con la responsabilidad de mando de las Fuerzas Militares y la no inclusión de civiles a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.

Derrotado el viejo país

El vocero de la agrupación veedora de los acuerdos, Voces de Paz, Francisco Toloza, señaló que aunque el proceso fue traumático, hoy se encuentra en firme la justicia que le permitirá al país transitar de la guerra a la paz. “Se ratifica que las fuerzas del viejo país y los nostálgicos de la guerra, quieren quedar en el pasado y no superar el asunto de las armas en la política. Afortunadamente, son fuerzas minoritarias al interior del Congreso. La JEP es la columna vertebral del Acuerdo de paz y ley de amnistía que goza de buena salud. Así como el reconocimiento del delito político y la necesidad de un régimen excepcional de justicia ya consagrados en la Constitución Política”, indicó Toloza.

Queda atrás entonces el concepto de justicia perseguidora, basado en el derecho penal del enemigo reemplazado por una justicia restauradora, en la que las víctimas y el país podrán conocer la verdad sobre lo sucedido en el conflicto. Queda superado así el debate sobre la posible impunidad para las responsabilidades que asumirá la insurgencia de las FARC.

Dificultades

“En cuanto a la JEP hay preocupaciones por dos elementos que fueron introducidos en el acto legislativo de justicia. De un lado, el partido Cambio Radical presentó proposición frente a la comparecencia de civiles a la JEP y el Ministerio de Defensa hizo lo propio en el tema de la responsabilidad en la cadena de mando. Ahora, hay un elemento adicional que llama la atención y es que se creó la posibilidad de que la JEP inhabilite a los sancionados por esa jurisdicción en caso de incumplimiento de las penas impuestas. Sin embargo, la guerrilla de las FARC ha manifestado que va a someterse a la JEP, pero se puede interpretar como una violación al principio de inhabilidad política para las partes que suscribieron el acuerdo de paz”, señaló Toloza.

Aspecto del Senado en la sesión de aprobación de la JEP.

Y es que el senador German Varón Cotrino, insistió como ponente del proyecto y con el apoyo del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, excluir de la competencia de la JEP a los civiles financiadores del paramilitarismo. Con esto, señala Toloza “violó el numeral 32 del acuerdo, pues establece justamente que en aras de la justicia y la verdad los civiles que actuaron en el conflicto deben comparecer ante el tribunal de paz. No sabemos qué va a pasar con las 16 mil compulsas de copias hechas a la Fiscalía en donde hay serios indicios de civiles financiadores del paramilitarismo”.

Asuntos medulares

Otro de los asuntos que el Fiscal Martínez reiteró como una falencia en el sistema de justicia es el narcotráfico como delito político. En ese caso se acogió la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha elaborado frente al tema, dejando el narcotráfico como delito conexo a la rebelión y que se recogió en los acuerdos suscritos por las partes en La Habana.

En cuanto a lo relacionado con los falsos positivos, la JEP no permitirá dejar en la impunidad tales hechos. Para el Ministerio de la Defensa, los oficiales, suboficiales y soldados, acusados o condenados por estas prácticas, son de competencia de la JEP y tendrán una salida jurídica pronta a su situación. No obstante, Voces de Paz opina lo contrario, pues esas prácticas son delitos graves ajenos al contexto del conflicto, de llegar a la JEP, la verdad exhaustiva y detallada de tales prácticas demostrando la sistematicidad de la conducta y la responsabilidad de los altos mandos militares en los casi seis mil casos reportados en la Fiscalía General de la Nación.

Superada la aprobación del acto legislativo del sistema de justicia, viene el periodo de reglamentación de la JEP, con la ley estatutaria y las modificaciones de la ley de víctimas. Al respecto, Francisco Toloza señaló: “Se está convocando un espacio participativo nacional para introducir las modificaciones necesarias a la ley de víctimas en concordancia con el acuerdo final. Es fundamental que en la reforma de la lay 1448 pueda contener una nueva formulación en favor de las víctimas y puedan ser vinculadas a ella las inconformidades generadas por la tergiversación del acuerdo final en el Congreso”.

En lo que está de acuerdo la bancada por la paz en el Congreso de la República es que con la JEP se podrán superar los largos años de impunidad sobre las actuaciones de los protagonistas del conflicto armado. Es un sano proceso de justicia y verdad con un tribunal especializado en reconstruir la historia y cerrar las heridas y odios.

Cambio de paradigma judicial

Toloza concluyó que la aprobación del sistema de justicia para la paz es un paso en firme a la reconciliación, pero aún falta buena parte del paquete: “estamos a un debate de convertir el acuerdo de paz en parámetro de obligatorio cumplimiento para los próximos periodos legislativos, incluyendo su validez y la necesidad de su desarrollo legislativo”, y agregó: “Voces de paz ni las comisiones de seguimiento al proceso de implementación no están para hacerle veeduría a una renegociación que se está imponiendo en este proceso en cada uno de las iniciativas legislativas”.

El procedimiento del fast track está supremamente lento. Se cumplen tres meses de actividad parlamentaria y solo hay una reforma constitucional y una ley. En los cálculos de Voces de Paz, deben tramitarse entre 13 y 15 iniciativas legislativas.

La comisión de escogencia de jueces

  1. José Francisco Acuña Vizcaya, magistrado de la Sala Penal, egresado de la Universidad Nacional, doctor en Derecho por la Universidad de la Sapienza, Roma, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional.
  2. Diego García Sayán, abogado y político peruano actualmente relator especial de la ONU, fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  3. Álvaro Gil-Robles, político y abogado español fue defensor del pueblo en su país y Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en Estrasburgo
  4. Juan Méndez, argentino, ex relator de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, es presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ, y especialista en temas de tortura.
  5. Claudia Vacca González, farmaceuta y docente de la universidad Nacional, su último cargo público fue en el Invima y es directora del centro de estudios Medicamentos, Información y Poder.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

*