martes, marzo 19, 2024
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Soacha y la capital en riesgo por AUC

Población en riesgo detectada en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa se estima en aproximadamente 300 mil personas. Niños y adolescentes en Soacha víctimas de expendedores de droga. En Fontibón desaparece joven lideresa social

Las administraciones distrital y nacional deben comprometer todos los esfuerzos para defender a los bogotanos.
Las administraciones distrital y nacional deben comprometer todos los esfuerzos para defender a los bogotanos.

Redacción DD.HH.

Defensores de derechos humanos en la Capital de la República están en alto riesgo por la presencia de grupos paramilitares (Águilas Negras y Rastrojos). Así lo informó la Defensoría del Pueblo, la semana pasada.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y distritales para que tomen medidas que eviten riesgos para los defensores que desarrollan su actividad en Bogotá.

La advertencia la hizo el funcionario con base en el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de ese organismo que registra constantes amenazas contra líderes sociales, comunitarios, universitarios, docentes, afrodescendientes, de población indígena y desplazada, y de procesos de restitución de tierras; así como abogados y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres y población LGBTI.

Según Otálora, también son víctimas de amenazas colectivos de teatro y grupos culturales, investigadores sociales, periodistas, líderes de población desplazada, y servidores públicos que ejercen funciones de protección y defensa de los derechos humanos. La población en riesgo detectada en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa se estima en aproximadamente 300.000 personas.

Niñez y adolescencia

Otro grupo vulnerable son niños y adolescentes en edad escolar de media vocacional es decir entre 11 y 17; jóvenes entre 18 y 26 años: desmovilizados cobijados por la Ley 1421 de 2010, la ley 1424 de 2010, la ley 1429 de 2010 y la ley 975 del 2005, ya que tienen la constante presión para su reincorporación a grupos armados ilegales.

Tenderos, comerciantes, pequeños empresarios, transportadores, y en algunos casos, servidores públicos forman parte de esta población en riesgo, pues son víctimas de amenazas, chantajes o extorsiones.

Uno de los casos más recientes de este riesgo se presentó en la localidad de Fontibón con la desaparición de la joven de 19 años de edad Erika Daniella Tamayo Mendoza, líder del grupo de jóvenes de la Organización Defensora de Derechos de las mujeres Fundhefem, en esa zona de Bogotá.

Erika Daniella es hermana de la defensora de derechos humanos Nini Johana González Mendoza, quien es mujer víctima del conflicto armado, beneficiaria de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) del Ministerio del Interior, en situación de riesgo extraordinario, y quien lidera procesos de restablecimiento de derechos a favor de mujeres víctimas con una incidencia y trabajo local y nacional.

Las amenazas no solo se centran en Bogotá sino en sus alrededores, en municipios como Soacha, en zonas como Altos de Cazucá, Altos de La Florida, Soacha Compartir, La Despensa y San Mateo. En la zona durante este año han sido asesinados tres líderes comunitarios.

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