Víctimas de los grupos paramilitares, denuncian nuevas acciones violentas en contra de las comunidades y líderes sociales
Carolina Tejada
Mientras familiares víctimas de los delitos más atroces cometidos por los grupos paramilitares a lo largo y ancho del país y las organizaciones de derechos humanos exigían justicia y la no repetición de estos crimines, en el 2005, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, promovía una ley de Justicia y Paz, la 745, y según denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta dejó un margen de impunidad que no satisface los derechos de las víctimas, no fue funcional para que la justicia colombiana castigara a aquellos políticos y empresarios quienes financiaron y ordenaron crímenes masivos contra comunidades, sindicalistas, campesinos etc., y además se considera como un instrumento que no sirvió para desmantelar estas estructuras paramilitares.
Es así como a inicios del mes de junio, a paramilitares reconocidos por sus crímenes, y que habían ingresado al programa de Justicia y Paz en el 2006, como lo son; Ramón María Isaza Arango, alias El Viejo; Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro; y Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, a quienes se les ha comprobado los más cruentos actos de violación a los derechos humanos, como masacres, torturas, desplazamiento entre otros, se les otorga libertad a prueba en el juzgado penal del circuito de ejecución de penas de Justicia y Paz.
A estos paramilitares se les otorgó este beneficio por cumplir con la pena alternativa de ocho años de prisión, culminar las horas de estudio y otras actividades, y tendrán que seguir asistiendo a las imputaciones de por lo menos 4.940 hechos adicionales.
Continuidad del terror paramilitar
En lo que va corrido del año, han sido diversas las amenazas paramilitares en todo el territorio nacional. Sin embargo, lo más notorio ante la opinión pública, fue el paro armado del Clan Úsuga, más conocido como las Autodefensas Gaitanistas, que en el mes de marzo aterrorizó a poblaciones en Antioquia, Córdoba, Cesar y Bolívar. Desde entonces en estas comunidades no han parado las denuncias por los amedrentamientos y amenazas, que estas estructuras paramilitares hacen en contra de defensores de derechos humanos y a líderes sociales.
Cuando se firma la Ley de Justicia y Paz, fueron muchos los llamados a la justicia colombiana a replantear su contenido, pues como ya decíamos anteriormente, se afirmaba que esta ley no garantizaba entre otros elementos, el desmonte de estas estructuras y que lo más posible era que su accionar continuara en los territorios con la mayor impunidad.
Zozobra en Turbo
Desde inicios del mes de junio, las Autodefensas Gaitanistas vienen hostigando a las familias que retornaron a la vereda Guacamayas de Turbo, Antioquia, luego de ser desplazadas por los mismos paramilitares a finales de los años 90.
Este grupo de familias, han tenido que sobrevivir en un cerco paramilitar, no han podido ingresar a sus lugares de trabajo, a las fincas o a las veredas donde se rebuscan los alimentos para sus hijos.
El pasado 7 de junio, se denunció que en medio de la presencia del Ejército Nacional seis hombres con fusiles llegaron a la vereda y además de acribillar a varias de las familias, les robaron sus celulares y once cabezas de ganado. Cuatro días después, el 11 de junio regresaron y con el mismo modus operandi, destrozaron los documentos de las personas, dispararon indiscriminadamente contra los menores de edad.
Frente a esta compleja situación, delegados de la comunidad hacen un llamado al gobierno nacional, quien en medio de una reunión se compromete a desarrollar un encuentro de alto nivel para encontrar una solución a esta problemática. Estas familias aun esperan que el gobierno les brinde unas garantías y responda al llamado del derecho al retorno y a vivir tranquilamente en sus territorios.
Córdoba no es ajeno al terror
Este es un departamento en el que el accionar paramilitar cobró muchas vidas y donde aun no cesa el terror. El pasado domingo 26 de junio en las horas de la noche, el defensor de derechos humanos de Córdoba, Andrés Chica, emitió una alerta temprana luego de que en el marco de los preparativos de un “Seminario por la paz” que se quiere desarrollar en el corregimiento Tierradentro, en Montelíbano – Córdoba, integrantes de las organizaciones sociales fueron amenazados por paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
Ese mismo día en las horas de la tarde, los dirigentes campesinos Over Manuel Pila y José David Ortega, integrantes de Ascsucor, fueron amenazados de muerte por ocho hombres quienes se presentaron ante ellos como paramilitares de las AGC, intimidándolos y acusándolos de ser “guerrilleros”.
En un comunicado que saca el movimiento político Marcha Patriótica, se asegura que desde hace varios meses en el departamento de Córdoba a los defensores de derechos humanos, dirigentes campesinos, sindicales, estudiantiles, entre otros, los viene golpeado el fenómeno paramilitar, en especial los que viven en la zona rural.
Y aseguran que estas amenazas se vienen dando en el marco de los avances del proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC–EP. En ese mismo comunicado alertan a los organismos de derechos humanos, al gobierno departamental y al nacional, a que se adelanten las acciones pertinentes para que cesen las amenazas y se evite la muerte de líderes sociales que solo han venido aportando un granito de arena en la sensibilización por la paz.
En ese mismo orden de ideas, exigen que se adelanten los mecanismos necesarios para desmantelar estas estructuras paramilitares que hoy asechan las comunidades en el más grande marco de impunidad.
