Silencio acaba con Buenaventura (II)

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Megaproyectos de infraestructura agudizan crisis humanitaria en el principal puerto del país. Un trofeo de narcos y multinacionales

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Buenaventura entre la pobreza y los megaproyectos de infraestructura. La web.

Carolina Tejada

Además de ubicar el Puerto de Buenaventura como el principal del país, existe un estudio realizado por la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, que afirma: “Buenaventura es buscada como un trofeo para los narcotraficantes: mientras más contenedores pasen por el puerto, más oportunidades habrá para la circulación de cocaína (…)”. También mencionan que este es “un punto de movimiento de capitales ilegales y de armas, desde y hacia Centroamérica y Asia”.

Alrededor de estos intereses, están otros, relacionados con los grandes mega proyectos de infraestructura que están en los planes de los gobiernos regional y nacional, que so pretexto del desarrollo económico del municipio y del país, están agudizando la crisis humanitaria, entre otras, generada por los desalojos legales que se han venido desarrollando desde hace varios años, con el ánimo de viabilizar la ejecución de los mismos.

Entre estos proyectos existen dos que han generado indignación en las comunidades; el Puerto de Aguadulce y el Malecón Bahía de la Cruz, los cuales requieren de la intervención en el territorio donde han habitado varias generaciones, pero que hoy se les da la denominación de baldío por parte del gobierno como medida para facilitar dicha intervención.

El Puerto Aguadulce

Este proyecto está ubicado dentro de la Reserva Forestal del Pacífico y viene proyectándose desde hace 30 años. Dos son las principales firmas socias que tienen intereses sobre esta iniciativa; el grupo filipino International Container Terminal Services Inc y el operador portuario de Singapur PSA International, quienes construirían y ejecutarían el puerto denominado: Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. Spia. Estas firmas son propietarias del 91.28% del capital emitido y en circulación de Spia.

Según el informe de la comisión de Justicia por Colombia, Spia obtuvo los permisos ambientales para la ejecución de las obras y para la construcción de una vía de acceso de 21.5 km. que comunicará el terminal portuario con la carretera Cali-Buenaventura. En esta misma área se encuentra el Consejo Comunitario Bajo Calima, quienes desde antes del año 2000 estuvieron reclamando una titulación colectiva. La titulación les fue denegada, pero estos mismos terrenos fueron vendidos posteriormente a esta empresa y coincidencialmente se ubican en la zona del Proyecto de Aguadulce.

Este puerto contempla una extensión total de 900 metros de muelle para una capacidad de operación de 1.200.000 contenedores al año. La actividad será operada por tres empresas. Argos a través de la firma Boscoal, es una de las que se vería beneficiada. En estos momentos desde el programa bianual de inversiones 2015-2016 la Agencia Nacional de Infraestructura ANI aprobó un monto de USD $172 millones que serán destinados a la construcción de un nuevo muelle de 150 metros lineales, y la adquisición de maquinaria.

Para el año 2007, cuando Álvaro Uribe era presidente, este proyecto se le entregó en concesión por 30 años a la Sociedad Portuaria Aguadulce. Para el 2011 se aprobó su declaratoria como Zona Franca Permanente Especial para el puerto multipropósito. La extensión de este proyecto es de 48.60 hectáreas de área privada y 84.49 hectáreas para el uso público. Este plan también menciona la reubicación de 184 viviendas.

Dentro de este proyecto macro esta el Malecón, que tiene prevista un área de 180.000 m2, y contará con áreas comerciales, de recreación etc. Su extensa área abarca el Parque Néstor Urbano Tenorio y bordeará toda la isla hasta el puente de El Piñal. Detrás de este proyecto está el Grupo Empresarial Internacional Esteyco formado por, al menos, cinco empresas. Aún se discute quién gestionará dicho muelle turístico.

Intervención sin consulta previa y desalojos

Estos macroproyectos se desarrollan sin una consulta previa a las comunidades, necesaria cada vez que, su territorio, su cotidianeidad, la económica y relaciones sociales se vean afectados. Como población afrodescendiente la constitución colombiana así lo reconoce, como también lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo OIT. Esta imposición ha generado un descontento en la misma población, pues se han dado desalojos por la administración local y las empresas que adelantan dichos proyectos. Además se les ha prohibido a las comunidades el uso ancestral del territorio, la pesca, la extracción de la madera, la caza, etc.

Tampoco se responde por los daños ambientales, y contrario a un control sobre la intervención de los territorios por parte del gobierno, la administración por medio del Plan de Ordenamiento Territorial 2001 priorizó la construcción del proyecto, violando los derechos de las comunidades a quienes se les obliga a un desplazamiento de sus lugares comunes con la quema de sus viviendas. Luego son reubicados en zonas apartadas del mar, de toda infraestructura como escuelas, puestos de salud, todo lo que les puede generar una convivencia bajo sus tradiciones y la posibilidad de una economía por medio de la pesca que garantice un mínimo vital.

Según menciona el informe de Justicia por Colombia, “en el 2009 la fuerza pública y la seguridad privada de la empresa Sociedad Puerto Industrial Aguadulce incendió y derribó varios de estos ranchos. Prácticas que se mantuvieron durante 2010 y 2011. Desde el año 2003 hasta el día de hoy grupos paramilitares ejercen el control territorial en la zona”.

Esta iniciativa de desocupar los territorios que serán intervenidos por estas empresas privadas lleva 15 años, pero según menciona este mismo informe, “en diferentes épocas se han adelantado acciones encaminadas en el sentido de “desocupar” esa zona, coincidiendo con los picos de violencia que han padecido durante todos estos años las poblaciones autóctonas”.

“Desocupe”

Las comunidades que se resisten a dejar sus territorios, también han denunciado que en los últimos años han sido víctimas de una violencia generalizada, “causando desapariciones que terminan en muchas ocasiones siendo asesinatos con cuerpos descuartizados. El terror que siembran estos crímenes entre la población provocan los desplazamientos esperados para que la población “desocupe” el territorio”. Menciona el informe que una primera fase de esta violencia inició entre los años 2000-2008, donde se presentaron los más altos índices de violencia y acciones criminales por parte de grupos paramilitares bajo la justificación de enfrentar a las guerrillas. Cuando se da la desmovilización de estos grupos se reconfiguran las denominadas Bacrim, hoy con un control territorial que coincide con la aceleración de las obras de infraestructura y las operaciones comerciales.

“Tenemos derecho a vivir en paz”

Por medio de diferentes acciones las comunidades más afectadas por la expansión portuaria han manifestado su descontento con la arbitrariedad de estos proyectos y han exigido su derecho a vivir en paz. Los desplazamientos forzosos y la reubicación en zonas apartadas, han puesto a las comunidades en mayores niveles de vulnerabilidad, la ausencia de agua potable y otros servicios, han generado diferentes enfermedades.

Las comunidades además de poner en evidencia el andamiaje criminal, los abusos y violaciones de los derechos por parte del gobierno, también denuncian el silencio de la institucionalidad, cada vez que varios políticos de la región se han visto vinculados a estos proyectos económicos y a la financiación de los grupos paramilitares.