Comunidades exigen la derogatoria de la licencia ambiental a las petroleras, el fin de las fumigaciones antinarcóticos y el respeto a los derechos humanos
Agencia Prensa Rural
El lunes 11 de agosto, 52 comunidades y cuatro cabildos indígenas del corredor Puerto Vega-Teteyé, en los municipios de Puerto Asís y San Miguel (Putumayo), tomaron la decisión unánime de continuar el paro departamental.
En una reunión donde se dieron cita más de 300 delegados de las comunidades, se analizó la protesta que se viene adelantando desde julio.
Además, se realizó una jornada educativa con miembros del bloque San Juan del Alto Putumayo, haciendo énfasis en la importancia de la Amazonia, la biodiversidad, la fauna y flora, y cómo se habían organizado para no dejar entrar a las petroleras a su región.
Al finalizar la jornada, los delegados de las comunidades tomaron la decisión de sumarse a la movilización pacífica.
Las comunidades que afirmaron su participación fueron: La Cabaña, Buenos Aires, Agua Blanca, Teteyé, Alamos, Carmelita, Villa Marquesa, Nuevo Porvenir, Montañita, Misiones, Remolinos, Alto Lorenzo, Medellín, Santa María, Lomas, Cañaveral, Jardín, México, Villa de Leyva, Puerto Colombia, Florida, Baldío, Ángeles, La Ceiba, Caucasia, Nueva Granada, Progreso, Unión, Azul, Bajo Lorenzo, Brisas, Pradera, Manuela, Campo Quemao, Bello Horizonte, Campo Alegre, Alto Cohembi y Santamaría.
Las demás se comprometieron a socializar las discusiones en su comunidad para con ello sumarse de manera activa a la protesta.
Razones del paro
1. La ampliación de la licencia ambiental 0551 de 30 de mayo de 2014 al consorcio Colombia Energy. Esta licencia declara que en este territorio no hay indígenas, afrodescendientes ni campesinos; y prácticamente permite el despojo del territorio.
2. La erradicación forzada: la acción de los erradicadores y las fumigaciones indiscriminadas hacen que el campesinado se desplace y abandone el territorio, lo que permite aplicar la política minero-energética (explotación minera de oro, coltán, petróleo, entre otros).
3. La violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario: Falsos positivos, judicializaciones, intentos de homicidio, señalamientos, empadronamientos, ametrallamientos, bombardeos, amedrentamientos y allanamientos ilegales y ocupación de caseríos, escuelas y casetas comunales por parte de la Fuerza Pública.
Días antes, cuando las comunidades presentaron el pliego de peticiones que manifiesta su inconformismo, la respuesta del gobierno nacional fue enviar más Fuerza Pública y militarizar vías y campos para defender el negocio de las petroleras.
