Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), expresó “la valoración positiva que hace la dirección nacional del PCV sobre los acuerdos alcanzados en La Habana”, al tiempo que denunció “las acciones de la derecha fascista y narcoparamilitar colombiana”.
Tribuna Popular
Ataques públicos de los guerreristas e incredulidad de diversos sectores, fueron las primeras reacciones hace cuatro años tras la firma el 26 de agosto de 2012, en La Habana, del «Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera», entre el Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Este Acuerdo sentó las bases para los diálogos iniciados en la capital cubana el 18 de octubre de ese mismo año, con “conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda aquí establecida” y la regla asumida de que “las conversaciones se darán bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Los intensos debates y discusiones entre las delegaciones de paz del Gobierno y las FARC-EP también tuvieron que sortear múltiples situaciones que hicieron peligrar la continuidad de los diálogos, pero se hizo prevalecer “el clamor de la población por la paz” y “las expectativas de la sociedad sobre pronto acuerdo”.
Paulatinamente se fueron acordando los aspectos de los seis puntos de la agenda, posponiendo los temas sensibles sobre los que había mayor diferencia, hasta que el pasado 24 de agosto los jefes de los Equipos Negociadores del Gobierno y de las FARC-EP, Humberto de la Calle e Iván Márquez, respectivamente, suscribieron con carácter integral y definitivo el «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera», el cual se refrendará en Cartagena, Colombia, el 26 de septiembre, y se votará por el pueblo colombiano en referendo el próximo 2 de octubre.
Amplio acuerdo
Las 297 páginas del Acuerdo final, integral y definitivo, pueden leerse en el sitio web www.pazfarc-ep.org, con las consideraciones, principios y medidas detalladas de lo pactado, “que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera”.
El Gobierno y las FARC-EP acordaron los disímiles aspectos sobre los seis puntos: Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral; Participación política; Apertura democrática para construir la paz; Fin del conflicto; Solución al problema de las drogas ilícitas; Acuerdo sobre las víctimas del conflicto; e, Implementación, verificación y refrendación; con sus respectivos protocolos y anexos, que reglamentan la aplicación del Acuerdo.
Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), expresó “la valoración positiva que hace la dirección nacional del PCV sobre los acuerdos alcanzados en La Habana”, al tiempo que denunció “las acciones de la derecha fascista y narcoparamilitar colombiana, encabezada por Álvaro Uribe Vélez, que intenta que en la consulta del 2 de octubre el pueblo colombiano rechace estos acuerdos”.
“Es necesario levantarse en función de la paz con justicia social en Colombia, porque implicará un avance de las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias, tanto colombianas como latinoamericanas; por eso, la opción clara es darle un ‘Sí’ contundente a la paz en Colombia y rechazar la violencia fascista y narcoparamilitar que encarna Uribe”.
Ante la incomprensión de algunos sectores progresistas y revolucionarios a nivel internacional sobre el Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP tras más de 52 años de guerra, el PCV reafirmó su posición de respeto a que la política y la definición de las formas de lucha a seguir corresponde autónoma y soberanamente a las organizaciones revolucionarias que actúan en el respectivo país.
Como expresó un editorial del semanario VOZ, del Partido Comunista Colombiano (PCC), “Los acuerdos no son perfectos. Quizás el Gobierno nacional, en su equivocada visión de que estaba ante una guerrilla derrotada, quería menos reformas sociales y políticas y más sometimiento de la insurgencia; así como las FARC aspiraban a cambios de mayor profundidad, al fin y al cabo su aspiración es la de una nueva Colombia para beneficio de toda la sociedad. El Acuerdo Final es realista, era lo posible de alcanzar en la medida que incorpora importantes cambios que fortalecen la democracia y la justicia social, reivindican a las víctimas y le abren un espacio político significativo a los ex combatientes en el escenario político nacional.”
“La paz no es de Santos y por ende la izquierda debe organizar la campaña con independencia del Gobierno”, aclaró el semanario comunista, y que “la lucha continúa en nuevas condiciones. El posacuerdo supone la unidad de la izquierda y los sectores democráticos para buscar el poder, el progreso social está a la mitad del camino, falta el poder constituyente […] que asuma profundas transformaciones estructurales, incluyendo el cambio del modelo económico y de las instituciones caducas e inoperantes”.
Claridad política
Carlos Lozano Guillén, director de VOZ y dirigente nacional del PCC, en carta pública al máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Nicolás Rodríguez Bautista, «Gabino», reflexionó que “Las guerras revolucionarias no son infinitas y cuando no se triunfa por esa vía, se imponen las salidas políticas dialogadas, inherentes a la ideología humanista que profesamos”.
“Tiene usted razón en que las causas del alzamiento armado en Colombia no han desaparecido, pero sí es posible combatirlas mediante acuerdos concretos como los de La Habana y con la movilización democrática y popular, creando las condiciones para la acción política y una nueva correlación de fuerzas en el escenario nacional en condiciones de paz y mediante la unidad de las fuerzas avanzadas hacia una asamblea nacional constituyente”, agregó Lozano.
Por su parte, Jaime Caycedo Turriago, secretario general del PCC, en un artículo expresó que debía tenerse en cuenta que se negoció “no entre socios sino entre adversarios de una larga guerra. […] defendemos una visión diferente del sí que agitan el gobierno y la llamada Unidad Nacional. El reto principal del plebiscito consiste en que por vez primera el pueblo puede intervenir con su voto en la decisión del tránsito de la guerra a la paz.”
“Es, en el fondo, una expresión de la derrota de la solución militar contrainsurgente y la consolidación de la vía del diálogo, de la solución política y de los acuerdos para superar la traumática y prolongada confrontación social y política armada. […] El desafío para la izquierda y las fuerzas avanzadas es agitar el Sí levantando las reivindicaciones populares con las banderas de una auténtica apertura democrática y de reformas sociales inaplazables”, complementó Caycedo.
El Estado Mayor Central de las FARC-EP convocó la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, el máximo organismo de dirección de la organización en armas, para refrendar los acuerdos de paz y dar paso a la transformación de la mayor y más antigua guerrilla del continente hacia un movimiento político legal.
La 10ª Conferencia, con la consigna «¡Por la reconciliación nacional, la paz con justicia social y la democracia avanzada!», se llevará a cabo del 17 al 23 de septiembre, en la zona de los Llanos del Yarí, municipio de San Vicente del Caguán, en el sureño departamento del Caquetá, con la participación de cerca de 200 delegados entre los que se cuentan 29 integrantes del Estado Mayor Central, más los delegados de las distintas estructuras a nivel nacional, elegidos democráticamente en las asambleas guerrilleras.
Timoleón Jiménez, «Timochenko», Comandante en Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, el pasado 23 de junio, en la firma de los acuerdos sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, Dejación de las Armas y Garantías de Seguridad, recordó que en 1964 el programa agrario de la guerrilla declaró: “Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen, pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo, la vía pacífica, la vía democrática de masas; esa vía nos fue cerrada violentamente […], nos tocó buscar la otra vía, la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder.”
“Ni las FARC ni el Estado son fuerzas vencidas y por ende lo pactado no puede interpretarse por nadie como el producto de alguna imposición de una parte a la otra. […] Pensamos trabajar por la unidad del movimiento democrático y popular en nuestro país […], en procura de la confluencia de toda la inconformidad con el modelo actual de las cosas a objeto de generar profundos cambios en la vida colombiana”, complementó el líder revolucionario.
Publicado en Tribuna Popular No. 2.967 del 15 de septiembre de 2016
