viernes, marzo 29, 2024
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Semilla paramilitar en la capital

La presencia paramilitar deja estragos en localidades como Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito y Usme. Conflicto armado y desplazamiento intraurbano

Barrio de Usme conformado en su mayor parte por desplazados. Foto Redacción Bogotá.
Barrio de Usme conformado en su mayor parte por desplazados. Foto Redacción Bogotá.

Redacción Bogotá

Recientemente la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes) con el auspicio de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) presentó la segunda entrega de una investigación sobre desplazamiento forzado intraurbano, abordando en esta oportunidad las ciudades de Quibdó, Cúcuta y Bogotá.

En el informe se señala que los grupos armados ilegales hacen presencia en la capital de la república y vinculan forzadamente a niños y jóvenes, es decir la mayor parte de los actores que realizan la guerra en espacios urbanos son menores de edad, vinculados de manera forzosa o que son utilizados de forma ilegal para realizar labores concretas como vigilancia y mensajería, acciones directas como amenazas, cobro de extorsiones y asesinatos.

Hoy con este informe queda claro que Bogotá no es solo un ente receptor de población desplazada, sino que debido al establecimiento en la ciudad de grupos armados para el control de sus enemigos y para consolidar el monopolio sobre las diversas manifestaciones de los negocios ilegales, se han producido desplazamientos constantes de la población de la capital de la república a su interior y hacia sectores aledaños en el área metropolitana.

El estudio señala que el reclutamiento se facilitó y se facilita aún, debido a que en estas zonas marginales, en donde se presenta este fenómeno, no existen oportunidades de educación, recreación y trabajo. Es decir: los grupos armados pueden llegar a transformarse en una opción de sustento económico y social, pero los que no aceptan su juego se convierten, junto a sus familias, en continuos desplazados intraurbanos.

También la violencia contra líderes sociales, representantes de juntas de acción comunal, líderes de población desplazada y reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos, les obliga a desplazarse de barrio, debido al trabajo social que realizan. Por sus acciones y posturas políticas, los líderes son víctimas de amenazas, persecuciones, intimidaciones, atentados y homicidios.

Las Águilas Negras, Los Ras­tro­jos, La Empresa o Los Ura­be­ños, en Bogotá, Quibdó, Cúcuta, Bue­na­ven­tura y Soacha son los actores armados preponderantes, y principales responsables por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra de la población civil.

El informe señala que la llegada del paramilitarismo a Bogotá se dio en 2001 con el anuncio de Carlos Castaño de la conformación del Frente Capital, el cual estuvo compuesto por facciones del Frente Campesinos por Sumapaz, el Bloque Centauros, las Autodefensas del Tolima y Quindío y las Autodefensas de Cundinamarca, y tuvo como supuesto objetivo enfrentar a las guerrillas.

La presencia paramilitar dejó su mala semilla principalmente en localidades como Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito y Usme. Las estructuras menos organizadas se dedicaron a los atracos y los hurtos menores en las zonas cercanas a sus barrios de residencia.

Las AUC cooptaron dichos grupos delincuenciales en torno a sus objetivos, con la conformación de células compuestas por pandilleros y sicarios locales alrededor del Frente Capital. Se expandieron por los barrios más pobres en donde realizaban patrullajes, intimidaban a la población, establecían toques de queda, cobraban vacunas, ingresaban arbitrariamente a viviendas, pintaban grafitis amenazantes o referentes a las AUC y cometían asesinatos selectivos en contra de las personas que consideraban enemigos potenciales.

Limpiezas sociales y extorsiones

El Frente Capital realizó las llamadas limpiezas sociales como método de entrada a los barrios y apuntaba a exterminar a personas con problemas de adicción, expendedores de droga, ladrones y prostitutas, con el único objetivo de ganar legitimidad. A través de ese método dominaron las zonas.

También el grupo criminal estableció redes de extorsión y “protección” a través de las cuales se cobraban impuestos autoritarios a comerciantes, tenderos y transportadores, a cambio de brindar supuestas condiciones de seguridad en los barrios.

Al tiempo que se producían estas operaciones de control, el paramilitarismo desplegó un aparato de reclutamiento igualmente organizado, por lo cual muchas personas optaron por abandonar su lugar de residencia y buscar protección en otros barrios y localidades de la ciudad.

Los grupos paramilitares establecieron oficinas de cobro en los sectores de Corabastos, 7 de Agosto, los San Andresitos y el norte de la ciudad, desde las cuales se cobraban extorsiones, y se ordenaban amenazas y asesinatos.

El enfrentamiento entre las facciones del paramilitarismo en Bogotá culminó con la imposición del grupo comandado por Arroyave, alias Arcángel, que fortaleció su presencia en la capital y mantuvo el control sobre las oficinas de cobro, desde las cuales además se empezaron a coordinar acciones para incidir en las elecciones a alcaldías y la gobernación en el Meta. Esta consolidación estuvo acompañada de un incremento en las violaciones a los derechos humanos de la población que habita en barrios marginales de la ciudad.

La consecuencia directa: un aumento en los desplazamientos intraurbanos de personas que huían de los barrios para escapar de la violencia y la situación de terror e inseguridad causada por los grupos armados.

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