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Seguridad social para prostitutas

Aprobado en primer debate el proyecto de ley por el cual se reglamenta el ejercicio de la prostitución en todo el país

El Estado y los dueños o administradores de establecimientos comerciales donde se ejerza la prostitución serán los responsables de las personas que prestan los servicios sexuales.
El Estado y los dueños o administradores de establecimientos comerciales donde se ejerza la prostitución serán los responsables de las personas que prestan los servicios sexuales.

Redacción laboral

La senadora Gloria Inés Ramírez informó que el proyecto de ley que reglamenta en el ámbito nacional el ejercicio de la prostitución fue aprobado con las modificaciones propuestas en la ponencia positiva suscrita por las senadoras Astrid Sánchez Montes de Oca, Teresita García y Gloria Inés Ramírez, el pasado 27 de noviembre de 2013, en la Comisión Séptima Constitucional de Senado.

Algunas modificaciones

Con esta decisión se logra avanzar en el reconocimiento de los derechos de quienes ejercen la prostitución, como sujetos de especial protección constitucional. La ponencia introduce modificaciones en los siguientes ejes: En primer lugar, reconoce la necesidad de garantizar los derechos laborales y de seguridad social para las personas que ejercen la prostitución, en concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional T-629 de 2010, estableciendo responsabilidades para el Estado y los dueños o administradores de establecimientos comerciales respecto de las personas que prestan servicios sexuales, en términos de seguridad social y riesgos laborales.

La ponencia elimina los artículos que resultaban contrarios a los derechos a la intimidad, la privacidad, la honra y el buen nombre de quienes ejercen esta labor, lo que resultaba claramente violatorio de los derechos fundamentales y contrario a la legislación nacional.

Además, incorpora deberes para los clientes o usuarios de servicios sexuales, lo mismo que para las autoridades, con consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento, encaminadas a eliminar los malos tratos, la marginación y otras formas de violencia hacia esta población.

También propone un nuevo capítulo encaminado a desestimular el ejercicio de la prostitución, mediante la oferta de alternativas laborales concretas, y abre la posibilidad de la vinculación de las madres cabeza de familia y mujeres mayores de 45 años a las empresas, para lo cual se apela a incentivos tributarios para estas últimas. De otra parte, se establecen como alternativas posibilidades de habilitación y capacitación ocupacional, contando con la participación de quienes tengan interés en ello.

En segundo lugar, fortalece la materialización del derecho a la salud pública y la protección contra la violencia física y psicológica, y establece medidas para hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos, al tiempo que promueve acciones preventivas de protección de la salud física y mental mediante la coordinación entre las autoridades sanitarias y las organizaciones no gubernamentales. Igualmente, ordena al Ministerio de Salud reglamentar las condiciones mínimas de higiene, salubridad y saneamiento de los establecimientos donde se ejerce esta actividad y se prestan servicios conexos.

En tercer lugar, la ponencia incluye un capítulo nuevo sobre educación con estrategias de inclusión que permitan que las personas objeto de la ley puedan finalizar los ciclos de educación básica, media y secundaria. Asimismo, busca que, en su calidad de sujetos de especial protección constitucional, tengan facilidades de acceso a la educación superior, como una forma de desestimular el ejercicio de la prostitución y abrir otras oportunidades.

De otra parte, a nivel preventivo, se propone que el Ministerio de Educación implemente y fortalezca efectivamente los programas pedagógicos de formación en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, contra la explotación sexual y cualquier forma de violencia de género.

Un primer paso…

La ponencia también contempla la elaboración y realización de campañas publicitarias por parte del Ministerio de las TIC para emprender acciones preventivas en contra de la explotación sexual y la violencia de género.

Finalmente, se incorpora un nuevo capítulo orientado a la formulación de una política pública de atención y apoyo integral a las personas que ejercen la prostitución para garantizar el reconocimiento efectivo de sus derechos, resaltando que es deber de todas las entidades públicas hacer frente a esta problemática de alto impacto, de acuerdo con una caracterización y conocimiento integral del fenómeno.

La senadora Gloria Inés Ramírez señaló que este es apenas un primer paso en el largo proceso que deberá seguirse para atender a un sector olvidado y marginado de la población, mayoritariamente femenino que, más allá de las concepciones moralistas, hace parte de nuestra realidad y cuyos derechos han sido históricamente vulnerados. “Por lo tanto, nos apartamos de las posturas de quienes plantean como alternativa la penalización de esta actividad, porque a lo que conduce, en últimas, es a mantener el injusto estado de cosas vigente, reforzando la exclusión de esta población”.

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