La crisis de la salud en Bogotá se agudiza cuando el nuevo alcalde de la capital anuncia recortes del 40% del presupuesto para hospitales y nuevas reformas que desmantelarían lo conquistado con los gobiernos progresistas
Carolina Tejada
A tan solo cuatro semanas de iniciado el periodo de gobierno del nuevo alcalde de Bogotá, la ciudadanía ha mostrado su descontento en tanto los anuncios que desde su despacho han salido, que solo se enfocan en garantizar la implementación de obras y más financiación de proyectos de infraestructura vial, dejando en un segundo término, las políticas sociales que puedan combatir las necesidades más sentidas de la población.
En dialogo con VOZ, Román Vega, médico y dirigente social del sector salud, compartió sus apreciaciones acerca de la realidad del sector y de los efectos de estas políticas que hoy se pretenden ejecutar en la capital.
La salud como negocio
Según nos comenta, la crisis en salud, no es algo nuevo y que el sistema de salud colombiano tiene dos modalidades para la prestación del servicio en salud, una que corresponde a las acciones individuales, “es decir, todo tratamiento, consulta o procedimiento individual que tiene cada afiliado se recibe del sistema general de seguridad social en salud, y para ello se destina un fondo que se llama Fosyga. Y otra de salud colectiva o de salud pública que las asume el Estado, trasfiriendo recursos específicos a través del sistema general de participaciones a los hospitales, generalmente públicos de primer nivel, estos servicios se llevan el 4% del gasto en salud en Colombia y son servicios universales”.
Los servicios individuales son los que fluyen a través del mercado donde cada persona paga por un servicio. Las EPS para la población afiliada al régimen contributivo son las que manejan la bolsa de recursos que se constituye a través de lo que se denomina como per cápita. Es decir, lo que cada persona puede gastar en atención en salud son recursos sociales del sistema general de seguridad social y una vez que pasan a la EPS estos recursos quedan bajo su control. ¿Que ganan las EPS? una renta por cada afiliado.
Asegura que “La manera como han venido manejando este negocio las EPS, ha sido de ajustar la prestación del servicio, reduciendo el gasto en la prestación del mismo, de tal manera que la empresa de salud, tenga buenos ingresos”.
Así, desde que el Estado delegó la prestación del servicio individual de salud a las EPS, estas se dan el lujo de establecer barreras para no garantizar el pago oportuno a sus empleados, la compra de insumos y medicamentos, y entre otros a los hospitales públicos que reciben las consultas por urgencias y atención médica de diversas características que son obligación de las EPS pagar al hospital por los servicios prestados que le otorgan a quien está asegurado en cualquiera de estas empresas de la salud privada.
La crisis de los hospitales vs las deudas de las EPS
La deuda que las EPS tienen con los hospitales, es de aproximadamente “Cuatro billones de pesos en general y en el caso de Bogotá se hablan de 700 mil y 800 mil millones de pesos que las EPS le deben a los hospitales públicos. Esta situación es la que ha llevado, entre otros elementos, a que algunos hospitales se vean más castigados por estos montos, que por lo general son los de tercer y segundo nivel” asegura.
Desmantelar la salud en Bogotá
Igualmente afirma que, los planes políticos planteados por Enrique Peñalosa para la ciudad de Bogotá, representan “un ajuste a las principales políticas sociales en materia de salud, educación, vivienda, integración social y condiciones de empleo y trabajo al sugerirse un recorte promedio en un 20% del gasto de las entidades”. Además de ahondar en la crisis de la prestación del servicio a la salud de los y las bogotanas al sugerir “un recorte del gasto del 40% y una nueva estrategia de fusión de hospitales a través de gerencias únicas por redes de atención en cuatro áreas de la ciudad”.
Recuerda que fue el actual Secretario de Salud, quien ejerció el papel de fusionar, en la pasada administración de Peñalosa, varios hospitales para despedir trabajadores y con ello disminuir los gastos en el sector. A esta estrategia se le sumaria también la idea, ya anunciada públicamente de “no brindar las garantías para reabrir el Hospital San Juan de Dios y de reemplazar el Instituto Materno Infantil por una nueva institución”.
En términos generales, el análisis que se hace para la ciudad de Bogotá en función del derecho a la salud, como un derecho fundamental va en detrimento y en contravía a los desarrollos que hasta hoy se había conquistado por los gobiernos progresistas para la ciudad. El énfasis de este nuevo modelo de salud, tal y como lo analiza Vega, “será la atención de enfermos a través de centros de atención prioritaria y de especialistas para resolver los problemas de congestión y hacinamiento en los servicios de urgencias.
Este, que no es un problema nuevo, es el resultado de la negación de servicios urgentes y no urgentes por parte de las EPS a los usuarios y de que la APS no pueda hacer tratamiento de los enfermos que identifican los equipos de salud en los domicilios y territorios como consecuencia del modelo de aseguramiento que tenemos”.
Defender lo público
Desde la Unión Patriótica se ha venido planteando la necesidad de defender lo público y la salud como un bien común y universal. “Planteamos una oposición radical a las medidas de Peñalosa, que son medidas que van a lesionar a la población y los derechos conquistados con los gobiernos progresistas. Seguiremos defendiendo los territorios saludables y buscando resolver el tema de los enfermos que se encuentren en los territorios. Hay que abrir el hospital San Juan de Dios, hay que formalizar a los trabajadores, garantizar contratos estables”.
