Se agudizan conflictos ambientales

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Comunidades siguen esperando la voluntad del gobierno para avanzar en una agenda ambiental. Foto Verónica Luna.

Se cancela reunión para definir agenda ambiental por falta de garantías para las comunidades rurales

Carolina Tejada
@carolltejada

El conflicto ambiental ha tenido diferentes etapas y variables a lo largo y ancho del territorio nacional. Por un lado, por la diversidad de los ecosistemas y la geografía, y por otro lado por los marcos políticos, económicos y sociales que se han dado en Colombia. De allí que encontremos conflictos relacionados con la contaminación de los afluentes de agua, la deforestación, la minería, la explotación a gran escala de recursos naturales, etc.

Ecosistemas con conexiones entre sí, como los de las regiones Andina, Amazónica y Orinoquía, que albergan una amplia extensión de tierra y de recursos naturales y que han mantenido en el tiempo parte de esos conflictos que han ido mutado por la ausencia de voluntad política, que culmine con una solución real para la población. Allí, durante muchos años han existido asentamientos de colonos y de familias desplazadas por la violencia que, ante la ausencia de garantía de derechos por parte del Estado, han permanecido haciendo del territorio su hábitat y campo para la economía básica de sus familias.

Disputa por el territorio

Comunidades campesinas y étnicas en medio de dicho abandono estatal, están en una disputa por la permanencia y defensa del territorio, puesto que las mismas definiciones políticas y económicas que se han dado entre gobierno y gobierno, han escalado otros conflictos que pasan por permitir la ganadería extensiva, la tala de bosques para la extracción de la madera y explotación a gran escala de las multinacionales, que despojan al país de sus recursos naturales dejándole a las comunidades, como ellas mismas denominan, “el peladero”.

Esta realidad y el conflicto armado que no cesa, los incumplimientos de los Acuerdos de Paz, por parte del gobierno y en particular, los relacionados con la sustitución concertada de los cultivos de uso ilícito, son parte de la disputa que en el transcurso del año ha generado movilizaciones sociales, que reclaman una agenda para el diálogo común entre las comunidades rurales y el gobierno central.

Ese mismo derecho constitucional a la movilización social ha sido intervenido de manera violenta, tanto por el Ejército Nacional, como por la Policía Antinarcóticos y Antimotines, y como resultado un campesino ha sido asesinado en medio de las confrontaciones, más de once han salido heridos a bala y unos cuantos detenidos de manera arbitraria.

Sin agenda ambiental

El gobierno ha dejado claro, como lo expresó el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, durante la Cumbre del Clima en Madrid (COP 25) en diciembre del año pasado, que su principal meta en temas ambientales, es frenar la deforestación, y para ello, el mismo ministro firmó una declaración en la que compromete al país a tener una meta de deforestación de 155.000 hectáreas para 2022 y de 100.000 para 2025, bajo el supuesto, como platea el Plan de Desarrollo, que la deforestación ni bajará, ni subirá en este cuatrienio y, por otro lado, garantizar el cumplimiento de las sentencias que declararon algunos ríos como sujetos de derechos.

Lo cierto es que las resoluciones de estos conflictos deben contar con la participación de las comunidades, directas afectadas en el tema, así como el reconocimiento de sus exigencias, de lo contrario los conflictos seguirán escalonando como hasta ahora. Esa misma motivación es la que ha llevado a las comunidades a exigir una mesa de diálogo y concertación entre el Gobierno nacional, los gobiernos departamentales, las comunidades multiétnicas y las organizaciones reclamantes de sus derechos.

Es así como el pasado 1 de julio se intentó, luego de múltiples incumplimientos del gobierno central y de las exigencias de la población, una reunión cuyo objetivo era plantear la denominada agenda ambiental con las diversas instituciones del Estado y representación civil de los tres departamentos, quienes se aglutinan en la mesa de la agenda ambiental campesina étnica y popular, pero dicha reunión fue programada por el gobierno de manera virtual, sin condiciones logísticas y sin las mínimas garantías de comunicación para aquellos delegados que viven en lugares apartados en donde la señal de internet, ni la luz, funcionan.

A esta reunión asistieron, gracias a sus esfuerzos personales para el traslado, 20 delegados sin que dicho espacio se pudiera llevar a cabo. Elemento que generó descontento en las comunidades, quienes afirmaron: “ponemos de manifiesto nuestra inconformidad ante el sabotaje y boicoteo que impidieron las condiciones necesarias de conectividad, logística y seguridad, para la participación efectiva en el desarrollo de la agenda”, las personas asistentes denunciaron seguimientos y tomas de fotografías al espacio de la reunión por parte de individuos movilizados en motocicleta con placa BDH 36F. Dicha reunión, por cercanía a los tres departamentos se llevaría a cabo en el municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá.

Además del conflicto ambiental que no se ha resuelto y cuya salida impuesta por el gobierno ha sido la violencia, desencadenando hechos violatorios del DIH y de los DD.HH., los asistentes al espacio reclaman que estos conflictos y violaciones de derechos también debieran ser integrados en la agenda para ser resueltos con garantías y justicia.

Agenda sí, pero con garantías

Ante ello, han expresado que, con preocupación, se retiraban de la reunión virtual propuesta por el alto gobierno, y llaman la atención sobre la necesidad de “solucionar la grave situación de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que padecen las comunidades de los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, en especial los ocurridos en la vereda Tercer Milenio del sur del Meta, Salto Gloria alto y Salto Gloria bajo, en la región del Inírida, así como la situación del Lozada y Guayabero que insisten en dar continuidad al régimen de terror manifestado por décadas por el estado colombiano y sus fuerzas militares bajo la línea del despojo de tierras, tierra arrasada con las comunidades, persecución y asesinatos”.

Al término de la reunión, las comunidades exigieron garantías para el retorno de las personas que salieron desde sus veredas a cumplir con la cita. Igualmente, exigieron al presidente de la República Iván Duque Márquez, al Ministerio de Defensa, a los generales Zapateiro y Flores de las Fuerzas Militares, así como al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se retracten públicamente de los señalamientos y estigmatización contra la comunidad y población en proceso de reincorporación de la región, y contra líderes, organizaciones que vienen impulsando el proceso de Sustitución Integral, Reforma Rural Integral y luchas en contra de la explotación petrolera y proyectos de hidroeléctricas en consonancia con la protección de la Amazonía y la Orinoquía.

La virtualidad no es garantía

La mesa multiétnica para la agenda ambiental ha solicitado la continuación inmediata de la reunión de manera presencial con una mediación internacional como parte necesaria para el desarrollo efectivo de la mesa.  Así lo reiteraron, al tiempo que llamaron al gobierno para que fuera coherente con las realidades locales y el insistente llamado a que “se abra el diálogo y sean escuchadas las propuestas territoriales de las comunidades tales como Parques con Campesinos, Zonas de Reserva Campesina, Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios”.

Finalmente, llamaron a las entidades territoriales tales como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería y organizaciones defensoras de DDHH, gobernaciones y alcaldías a que sirvan de “garantes para los procesos de organización social y participación política y logren avanzar efectivamente en la agenda ambiental que ya ocupa poblaciones de tres departamentos y que es una propuesta que posibilita la construcción de paz con justicia social y ambiental con enfoque territorial”, e insistieron en que las entidades no gubernamentales, acompañantes en la Defensa de los DDHH y DIH en el territorio, sean garantes y acompañantes de la investigación sobre los hechos en los que murió un campesino y varios más resultaron gravemente heridos.

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