Santos regala lo que no es suyo

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Protesta por venta de Isagén en Bogotá.

Sector eléctrico, en poder privado extranjero

Iván Posada P.

A pesar de los argumentos económicos, técnicos y jurídicos sustentados por los sindicatos, las centrales obreras, las organizaciones sociales y los partidos políticos, se llevó a cabo la enajenación de Isagén, emblemática empresa del sector eléctrico y patrimonio económico, social y ambiental de los colombianos.

Fue constituida en 1970 para realizar la interconexión eléctrica del país bajo el nombre de ISA. Por sucesivas reformas se subdividió en dos empresas: ISA para trasmisión e Isagén para generación y comercialización de energía, gas, carbón y otros energéticos de uso industrial y para proyectos de generación a nivel nacional. Es una empresa de economía mixta por acciones, dentro de la cual el Estado posee el 57,6 % de estas, las Empresas Públicas de Medellín, EPM el 13,1%; los fondos de pensiones el 12,5; un grupo de accionistas minoritarios nacionales el 9,0%; otro grupo de accionistas extranjeros el 7,6% y la Empresa de Energía de Bogotá, el 2,5%.

El sistema está conformado por siete centrales ubicadas en los departamentos de Antioquia, Tolima, Santander y Caldas. La capacidad instalada es de 3.032 megavatios (MW) entre energía hidráulica y térmica; es la segunda generadora más grande de Colombia y aporta el 16% del total de demanda nacional, lo cual la consolida como agente fundamental en el desarrollo de la industria de energía del país.

La principal fuente de generación de Isagén es la hidroelectricidad y para ello cuenta con dos tipos de centrales: con embalse o agua almacenada, y a filo de agua aprovechando los caudales de los ríos. Pero también es un patrimonio ambiental. La zona de influencia de las hidroeléctricas a cargo de Isagén comprende 23.000 hectáreas de bosques y espejos de agua; 5.200 millones de metros cúbicos de agua; 1.070 especies animales, 400 especies de aves; 390 de anfibios. Cerca de 32 especies de flora y fauna quedarán bajo amenaza de extinción porque el nuevo operador no va asumir el cuidado de esta biodiversidad.

El aspecto económico

La utilidad neta – después de impuestos – para los años 2013 y 2014 fue de 433.966 y 436.583 millones de pesos respectivamente. En toda su historia le ha trasferido al Estado cerca de 900.000 millones de pesos, patrimonio social que no se toma en cuenta al momento de hacer la valoración de la empresa. Los balances financieros permiten concluir que Isagén durante la última década creció a una tasa anual del 9% y además realizó importantes inversiones que le permitirían mantener esa tendencia.

La subasta

Desde la nefasta administración de Uribe Vélez se intentó vender este estratégico patrimonio y el argumento del actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, era transferir este recurso de 6,5 billones de pesos para invertirlo en la construcción de la red vial de cuarta generación 4G. Pero lo más seguro es que estos recursos terminen cubriendo parcialmente el déficit fiscal del gobierno central que asciende a 32 billones de pesos.

Esta subasta estuvo plagada de todo tipo de maniobras económicas administrativas y legales: 1. La empresa se subvaloró 27% por debajo de su precio real por cuanto no se incluyeron importantes activos y oportunidades para la empresa y la Nación; fueron muchas las pruebas de peso que se presentaron en contra de desviar los recursos de Isagén hacía la infraestructura vial. El sector privado no invierte en este renglón porque son evidentes los riesgos a futuro. En efecto, la inversión en vías tiene altísimos costos fijos y los ingresos están condicionados al volumen de tráfico, subsidios, créditos, etc. La lógica empresarial es precisamente maximizar ganancias y minimizar riesgos.

2. Días previos a la fecha de la subasta se subió artificialmente el precio de la acción y acto seguido se retiró el segundo oferente, el consorcio chileno Colbún, ambientando el espacio para que quedara un único oferente, la multinacional canadiense Brookfield Asset Management, BAM, que se presentó al formalismo de la subasta con precio de venta conocido de antemano, hechos que desvirtúan la figura misma de la subasta. Existe una legislación específica cuando se trata de la venta de un bien público, no se estaba ante la subasta de una obra de arte o de antigüedades. El ministro Cárdenas ignoró olímpicamente los sólidos argumentos técnicos y legales que presentaron los partidos políticos, los sindicatos del sector y las organizaciones sociales en contra de esta transacción. Como quien dice, se vende o se vende. Una subasta a la medida del único proponente.

La transnacional favorecida

Brookfield Asset Management, BAM, “ganadora” en la amañada subasta, es una inversionista de fondos de capital privado con sede en Canadá especializada en negocios de energía eléctrica, infraestructura y bienes raíces. En 2011 adquirió la Empresa de Energía de Boyacá, EBSA, y en Brasil, donde maneja cerca de 40 hidroeléctricas, está bajo investigación por sobornar a funcionarios públicos para obtener contratos. El portal Probes Reporter señala que, en su opinión, “las compañías como Brookfield pueden verse como “cajas negras” con una contabilidad hecha de “polvo de hadas”. La estructura de su capital es increíblemente compleja y cambia constantemente”. Entre tanto, el presidente Santos salió en defensa de la transnacional a la que calificó como “seria y con buenas prácticas”. Cabe interrogar al minhacienda Cárdenas y al mandatario colombiano sobre la transparencia y antecedentes de esta empresa a la que le adjudicaron tan fácilmente la administración y manejo de los recursos energéticos colombianos.

Secuelas

La principal es la vulneración y pérdida de la seguridad energética, hídrica y ambiental, lo cual es un hecho contrario a la paz; se incrementarían las tarifas de energía ya que Isagén es el principal regulador de precios en el mercado colombiano de energía eléctrica; serían inminentes los racionamientos de energía, se perderían los ingresos que por utilidades transfiere Isagén a la Nación; las zonas donde operan los embalses y centrales dejarán de percibir los recursos que para inversión social y ambiental le transfería Isagén; el patrimonio nacional queda a la deriva pues no va a ser prioritario ni mucho menos para el nuevo operador; la expansión del sistema eléctrico nacional en el largo plazo queda seriamente comprometida; los accionistas minoritarios del sector estatal como las Empresas Públicas de Medellín, EPM y la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, se verán forzadas a vender sus acciones al nuevo socio mayoritario.

Esta venta deja en poder del sector privado extranjero el sistema eléctrico nacional, y gran parte de los recursos hídricos y energéticos del país, sector estratégico de la economía colombiana y deja en inminente riesgo la soberanía nacional en este aspecto.