viernes, marzo 29, 2024
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Santos, primera parte: No arrancan las locomotoras

En el balance del primer mandato de Juan Manuel Santos, su único capital político es el proceso de paz. En el resto, nefasta calificación

Gabinete del gobierno saliente de Juan Manuel Santos.
Gabinete del gobierno saliente de Juan Manuel Santos.

Hernán Camacho

El único capital político que hasta ahora no ha desperdiciado Juan Manuel Santos como presidente es la continuidad del proceso de paz con la insurgencia de las FARC-EP en La Habana; en todo lo demás en su primer mandato se rajó.

Con anuncios pomposos iniciaba el gobierno Santos en 2010, luego de ser elegido por nueve millones de votos y estar bajo la sombra del ex presidente Álvaro Uribe. En su discurso de posesión dijo emprender las locomotoras de la prosperidad haciendo énfasis en la economía extractora y en la posibilidad de generar seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros para promover empleo y empujar los vagones del tren de lo social. Aseguró que la política de seguridad democrática era ya una política de Estado.

Mientras sus ministros, conocidos como tecnócratas, ocupaban cada cartera ministerial y señalaban las líneas de trabajo, se conocían las reformas estructurales en asuntos neurálgicos como la justicia, la hacienda o la educación. Entre bambalinas políticas los colombianos veían cómo se asomaba una ruptura entre el nuevo mandatario y su antecesor. La razón fundamental: la posibilidad de abrirle paso a una solución política al conflicto. Pero mientras se cocinaba la fase exploratoria de los diálogos con absoluta reserva, el gobierno nacional alistaba en el Congreso dos reformas: la Justicia y la ley 30 de educación superior, sus primeras pruebas de fuego.

Y fue en ese momento en que se decantó el pulso entre reformas y movilización social. Bastó conocer los contenidos de la iniciativa legislativa en materia educacional para que el movimiento estudiantil universitario cerrara filas e iniciara una confrontación de argumentos contra la ministra de Educación María Fernanda Campo. Los estudiantes no permitieron que mediante la reforma se incentivara la inversión privada en las universidades públicas con todo lo que eso conlleva, la restricción del acceso a la universidad y la vulneración del concepto de autonomía universitaria, fueron entre otras las propuestas tramitadas en el legislativo mientras en las calles cada marcha estudiantil se multiplicaba.

El Presidente retó a los estudiantes una y otra vez con la violencia oficial hasta que las razones políticas llevaron a que el mandatario retirara la propuesta del legislativo y pedirles a los estudiantes que volvieran a sus actividades. Desde allí la Mesa Amplia Nacional Estudiantil inició un largo proceso de construcción de una reforma democrática y concertada con todos los factores influyentes en la educación, que el gobierno desechó.

La Justicia en deuda

Otro capítulo de la historia del primer mandato de Santos es la Justicia. Una reforma prometida en campaña y cuyo eje central era la ampliación del periodo a los magistrados de las altas cortes, la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura, adendas procedimentales para restringir el mecanismo de la tutela y privatizar el ejercicio de la justicia.

La iniciativa hizo trámite legislativo y alcanzó sus últimos debates hasta que se cayó en un bochornoso espectáculo de media noche cuando las comisiones conciliatorias ajustaban detalles en su articulado. La defensa férrea del gobierno a la reforma se enfrentaba a las fuertes críticas de la bancada del Polo Democrático, que llevó a un descontento general de la ciudadanía e hizo que el gobierno objetara su propia reforma y en cabeza del presidente fuera enterrarla. De su segunda batalla política salía nuevamente derrotado.

Pero las deudas del gobierno no solo se dieron en el Congreso de la República. Los programas de vivienda o la ley de tierras resultaron más una campaña de propaganda que la ejecución real de las metas propuestas. En marzo del año 2002, Germán Vargas Lleras se posesiona como ministro de Vivienda y allí emprende un proyecto de vivienda de interés prioritario para los más pobres. El objetivo era entregar gratis cien mil viviendas antes de dos años. Pero en la medida que llegaba la hora cero se conocían la imposibilidad de cumplir la meta.

Según cifras del ministerio, 15.773 viviendas fueron sorteadas y 36.885 entregadas directamente, lo que da cuenta de un cumplimiento del 50% de la meta, mientras que el ministro del ramo, Luis Felipe Henao, dice que se cumplirá pues cien mil viviendas están adjudicadas pero no entregadas, aun cuando las estadísticas expuestas en la rendición de cuentas señalen que casi se llega a un millón de soluciones de vivienda. “Tenemos a más de 2,5 millones de colombianos beneficiados con más de 800 mil viviendas, sitios donde puedan vivir, en construcción, cien mil de ellas gratis”, explicó el presidente Santos.

Política agraria

La política pública agraria también hizo metástasis bajo el gobierno Santos. Las movilizaciones campesinas del pasado año lograron ubicar en el primer renglón de importancia el sector y desnudar los intereses de grandes capitales por abarcar inmensas extensiones de tierra en función de los megaproyectos de producción.

“Tras décadas de abandono del campo, hoy juntos, campesinos y Gobierno, estamos construyendo, desde abajo hacia arriba, una gran política agropecuaria, de desarrollo rural, el Pacto Agrario, pensando siempre en poner a los campesinos en la vanguardia, en la locomotora, no en el vagón”, reiteró Santos. No obstante, las conversaciones entre el gobierno nacional y dirigentes de la Mesa de Interlocución Agraria, cuyas organizaciones presentaron un pliego único de peticiones, dicen que no hay avances en las negociaciones y las promesas hechas por el Ministerio de Agricultura hasta ahora no se han cumplido.

El escándalo de los baldíos acompañó al gobierno nacional. Según la ley 60 de 1994, los baldíos del país deben adjudicarse a campesinos sin tierra. Pero tales adjudicaciones resultaron en manos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, a través de Unipalma, o Alejandro Santo Domingo, mediante Riopaila Castilla, luego del esguince hecho a la ley por el buró de abogados Brigard & Urrutia, cuyo socio principal era para la época el embajador del país ante EEUU, Carlos Urrutia.

La política minera quedó a merced de los contratos de exploración y explotación de las multinacionales. La extracción de petróleo o de minerales como el oro hace de Colombia un atractivo si se tienen en cuenta las condiciones en que se firman los contratos de concesión. “No nos pagan regalías, nosotros les regalamos a ellos nuestras riquezas”, comentó Aída Avella.

El doble discurso

“Estos angelitos no están hablando allá en La Habana de entregar las armas porque vayan ganando; hablan de entregar las armas porque ustedes, las Fuerzas Militares, los tienen acorralados”, expresó el mandatario ante un contingente de soldados. El doble discurso en materia militar caracterizó el primer gobierno Santos. Ni un centímetro se despegó de la política guerrerista de su antecesor, a pesar de iniciar un proceso de diálogo entre el Estado colombiano y la insurgencia. Cada discurso ante la tropa anunciaba su apego a la tesis de tierra arrasada en su lucha contrainsurgente.

En noviembre de 2011, cuando se afianzaban las conversaciones exploratorias en busca de una mesa de conversaciones, ocurre un operativo militar denominado Odiseo, en montañas del Cauca, fue asesinado Alfonso Cano. Desde ese día se pensó que las conversaciones fracasarían pero las FARC siguieron firmes en la idea de encontrar caminos de paz. No obstante el presidente Santos siempre ha destacado que la muerte de Cano la ordenó él. Las FARC se preguntan: ¿Quién responderá por el crimen atroz de Alfonso Cano?

El militarismo santista cruza fronteras. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) invitó a Colombia para ser parte de esa organización como país observador con la posibilidad de un intercambio de información con la membresía para participar en operaciones militares de corte transcontinental. El jefe del ministerio de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, firmó en Bruselas un acuerdo de cooperación con esa organización como antesala a la invitación formal para ser miembro parte: “estamos interesados en recibir experiencias de otros países ya que queremos alcanzar otros estándares de seguridad en la lucha contra amenazas transnacionales”.

Solamente la locomotora de la guerra le está funcionando al reelegido Presidente, a un costo alto para el país: poner en vilo el proceso de paz.

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