Santos defiende agenda golpista en Venezuela

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Una serie de concesiones a grupos de ultraderecha en Colombia y Venezuela y el afán de congraciarse con la nueva administración conservadora de Estados Unidos, determinantes para el giro de 180 grados que la Casa de Nariño adoptó frente al gobierno del vecino país

Alberto Acevedo

En una contundente declaración de la cancillería venezolana, el pasado 8 de mayo, en la que el gobierno de ese país responde al de Juan Manuel Santos por su descalificación al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente de ese país, el Palacio de Miraflores acusa a la administración Santos de “traición” a los postulados históricos que han hermanado a los pueblos de las dos naciones desde su nacimiento, y asumir una actitud de “mala fe” y “doble moral”, en el manejo de las relaciones entre los dos países. ¡Y no le falta razón al gobierno de Maduro!

En el  marco de una serie de altibajos en el manejo de la diplomacia de ambos países, de recriminaciones mutuas y tropiezos en el manejo de la frontera común, la mencionada toma de posición de la cancillería del vecino país, es uno de los pronunciamientos más duros que el gobierno bolivariano ha hecho de la política exterior colombiana.

Horas antes de esa declaración oficial, el presidente Santos había dicho que la convocatoria hecha por Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente, “no es la solución adecuada” en la búsqueda de una solución a la crisis política que vive la nación hermana. Y es precisamente esa la posición de los sectores golpistas venezolanos, agrupados en la llamada Mesa de Unidad Democrática, MUD.

Dijo entonces el presidente colombiano: “Hemos dicho claramente: primero, es un calendario electoral, segundo, que se respete la Asamblea legislativa, que le devuelvan sus poderes, es decir, que se cumpla la Constitución; y dentro de ese espíritu, que se inicie un proceso para la liberación de los presos políticos. Seguiremos insistiendo en que esa es la solución”, puntualizó Santos.

Al servicio de la derecha

El mandatario colombiano hace tabula rasa de la realidad venezolana y se coloca incondicionalmente al servicio de los intereses de la peor reacción de ese país. Califica de ‘presos políticos’ a un grupo delincuencial, incurso en asesinatos, asaltos, incendios y otros delitos, castigados penalmente en Colombia y en  cualquier otro país. Pide garantías para un órgano legislativo que él mismo se colocó al margen de la ley en ese país. Y reclama unas elecciones que la misma oposición ha rechazado, cuando el presidente Maduro les ofreció definir un calendario electoral. Ellos mismos, la ‘oposición’, no quieren elecciones, pues lo que anhelan es derrocar a un gobierno legítimamente constituido.

La verdad, monda y lironda, es que las declaraciones de Santos constituyen una actitud de injerencia en los asuntos internos de una nación hermana, de intervención abierta en cuestiones que lesionan su soberanía, su dignidad nacional y el derecho que tiene a resolver su destino de la manera en que se le antoje.

Un twitter de Santos, pocas horas después de esa declaración, confirman su posición intervencionista, al asegurar que la revolución bolivariana había fracasado. No es la primera vez que el mandatario colombiano se refiere en términos inamistosos al gobierno del país vecino. A comienzos de abril, cuando el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó funciones de la Asamblea Nacional, que ya había ésta desconocido la institucionalidad venezolana, Santos metió las narices para calificar esa postura soberana de la justicia venezolana como “inaceptable”.

Doble moral

“La República Bolivariana de Venezuela repudia la campaña de agresión sistemática que desde la República de Colombia, en conjunto con sectores empresariales y mediáticos, se viene realizando contra Venezuela, sus instituciones y su pueblo. El presidente Juan Manuel Santos traiciona la historia común de independencia y libertad, al tiempo que da una estocada por la espalda al país que lo ayudó a construir la paz”, dice la contundente respuesta venezolana.

“Este ardid, de mala fe y doble moral, evidencia la violación de principios fundamentales de derecho internacional, como la no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los Estados, los cuales son esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo de relaciones bilaterales de amistad y cooperación”, precisa la cancillería venezolana.

Añade la declaración, que en un país como Colombia que tiene enormes problemas sociales relacionados con el asesinato de líderes políticos de oposición y de izquierda, desapariciones forzadas, asesinatos sumarios, corrupción y narcotráfico, la actitud de Santos no puede menos que calificarse como de ‘doble rasero’, en la que las acusaciones contra Venezuela “se utilizan como tarjeta de canje para obtener prebendas de la nueva administración estadounidense”.

Rompiendo la integración

Una dolorosa acusación del gobierno vecino radica que una vez el presidente Santos inició su primer mandato, restableció relaciones con el vecino país, que respondiendo a ese gesto, se puso de inmediato al servicio de la causa de la paz en Colombia. Santos en general mantuvo las relaciones bilaterales, en la medida en que sirvieron al proceso de negociaciones en La Habana. Pero una vez firmado el acuerdo, la Casa de Nariño da la espalda a los lazos de hermandad bilaterales, que hunden sus raíces en la campaña por la independencia de España.

Pero responde también  Santos a las presiones del Centro Democrático en Colombia, de la MUD en Venezuela y de los círculos ultraderechistas y golpistas de ambas naciones, Y desde luego, como lo señala Venezuela, para congraciarse con la administración Trump. No en vano, la Casa Blanca redujo este año la ayuda que entrega a todos los países latinoamericanos, menos al de Colombia.

Sobra decir que, al alinearse con los gobiernos de derecha en la OEA, y pretender abrir un debate en las Naciones Unidas, la postura de Colombia lesiona gravemente el proceso de integración latinoamericana, expresada en los esfuerzos de organismos como Mercosur, la Celac, Unasur y otros, por edificar un proceso de integración independiente, soberano, enraizado en los más profundos intereses de los pueblos latinoamericanos.

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