martes, marzo 19, 2024
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Salario mínimo: ¿negociación o imposición?

Luis Alberto Vanegas (*)

Al finalizar todos los años, se ha convertido en un ritual la discusión sobre el salario mínimo, que queda reducido a una actualización parcial de la inflación y, en consecuencia, a la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores colombianos, situación que nos aleja de satisfacer las necesidades básicas y del poder de compra de una canasta familiar digna.

La institucionalidad creó la comisión constitucional de concertación de políticas salariales y laborales, donde se adelanta el llamado “diálogo social tripartito” que viene legitimando la política de clase contra los derechos de los proletarios del campo y la ciudad, mediante la ofensiva del capital y del modelo neoliberal expresada en la entrega a las multinacionales, la negación a los derechos laborales de asociación, huelga y negociación colectiva, la multiplicación del trabajo informal, la privatización, los despidos y los bajos salarios.

En el caso de este tema, la discusión sería: ¿cómo establecer un salario justo en la búsqueda de constituir un trabajo digno? La dura realidad en Colombia es que una de las partes, unilateralmente, hace uso de las facultades para imponer por decreto, en la mayoría de las ocasiones, el salario mínimo de cada anualidad.

La realidad sistémica y estructural en el orden económico, político y laboral se refleja en la pérdida del peso de los ingresos laborales en relación al producto interno bruto, la pérdida del poder adquisitivo para los salarios de los trabajadores en más del 10% durante la última década, y la profundización de fenómenos estructurales como la pobreza y la indigencia que han configurado a Colombia como una de las sociedades más desiguales en la distribución de la riqueza en el mundo.

En estas fechas decembrinas se prepara una amarga navidad para los trabajadores, donde los tecnócratas de los gremios económicos y del gobierno tienen el protagonismo, así como la ANDI, Asofondos por el sector financiero e industrial, los ministerios del Trabajo y Hacienda, el director nacional de Planeación, el DANE, el coro de los centros de investigación económica de los gremios económicos y los funcionarios del Banco Mundial, el FMI y el BID, quienes tienen micrófono abierto de los medios privados de comunicación.

Es a través de esta manipulación mediática donde los trabajadores y la opinión pública escuchamos pasivamente las “inteligentes” propuestas, todas ellas encaminadas a continuar diezmando los ya miserables salarios y pensiones de los trabajadores.

Sin sobresalto podemos escuchar que el salario mínimo es el causante del desempleo, que para crear empleo y empresa hay que flexibilizar aun más el salario mínimo estableciéndolo por regiones, que los jóvenes trabajadores deben tener un salario mínimo más bajo, que los altos salarios son la causa de la crisis económica, que es necesario eliminar los parafiscales, política que avanzó en la anterior reforma tributaria y en la exoneración de 8.5% de la cuota obligatoria del régimen contributivo de salud a partir del 1 de enero de 2014.

Esto representa para los empresarios un ahorro de siete billones de pesos y fortalecerá las ganancias del sector financiero que vienen creciendo en un 25% anual, mientras tanto, el Consejo Gremial llevó a la mesa la propuesta de un miserable incremento de actualización del salario mínimo en 690 pesos diarios, es decir: 3.8%.

En estas condiciones no se habla de cómo proteger los salarios para los 20 millones de trabajadores, quienes son los que construyen y generan la riqueza de este país. ¿Cómo entender que 1’200.000 trabajadores no reciben salario por su trabajo, que el 42% de los ocupados, es decir 8.8 millones, ganan menos del salario mínimo, que los empresarios del campo explotan a sus trabajadores pagando jornales a destajo por diez mil, quince mil y veinte mil pesos sin reconocer ninguna prestación social y hasta en formas de esclavitud de pago en especie?

Lo generalizado es la violación a la ley laboral ante la permisividad de la inspección a cargo del Ministerio del Trabajo; y, en la mayoría de los casos, si los trabajadores reclamamos, somos sentenciados al despido o al desplazamiento. Por eso, no es de extrañar que esta política llevada al extremo de una farsa, la dirijan organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial que plantea que los salarios no pueden actualizarse más allá de la inflación proyectada para el 2014, desconociendo factores que ellos mismos miden a través de Planeación Nacional, como es la productividad, que este año quedó reducida a la cifra de 0.7%.

También debemos denunciar que en la discusión del pliego estatal el gobierno de Santos impuso un acuerdo de inflación más un punto, cuando el DANE habla de inflación de 2 a 2.5%, situación que repercutirá en el congelamiento de los salarios de los estatales en 2014. A este ritmo de manipulaciones de la estadística oficial, no sólo desaparecerán los pobres, los desempleados, sino que nos convertirán en el nuevo milagro económico, es decir, en un país desarrollado en los informes económicos y en las rendiciones de cuentas de los gobiernos, donde los trabajadores laboraremos por gusto y todos nos convertiremos en emprendedores sin ingresos.

Simultáneamente, han anunciado que la economía del país crecerá el 4.5% en 2014 y que continuará aumentando la inversión extranjera. Sin embargo, nos convertimos en exportadores netos de capitales a las casas matrices de las multinacionales. Además, el salario de los altos funcionarios del Estado y de la empresa privada se tasan en cientos de millones de pesos, como el reciente decreto de creación de una prima de ocho millones de pesos para los parlamentarios con el fin de subsanar la sentencia del Consejo de Estado que había eliminado esta prebenda.

No nos extrañemos de ver al presidente Santos haciendo su intervención televisiva anunciando el regalo navideño de un incremento de 23 mil pesos al salario mínimo y asegurando que el país se encamina a la prosperidad y a la eliminación de la pobreza, y por ello, reclame el derecho a la reelección de sus políticas.

La discusión institucional sobre el salario mínimo terminó el 13 de diciembre sin acuerdo, y nos preocupan los llamados a nuevas reuniones informales donde el gobierno intentará forzar un acuerdo referido únicamente a determinar el incremento de la cifra porcentual en unas cuantas décimas. Ya los empresarios, el día lunes 16, en un «desprendimiento» patriótico, ofrecen un 4% que representa $785 diarios, cifra que continúa siendo irrisoria. 

Triste sería que dirigentes de las centrales obreras se prestaran a legitimar la política laboral del gobierno y le regalaran un acuerdo al gobierno de Santos por recibir unas migajas de tres mil pesos, que es a lo que aspiran algunos dirigentes sindicales santistas, como es en lo que se ha convertido Julio Roberto Gómez de la CGT; porque hasta en la misma CUT algunos dirigentes han bajado sus aspiraciones de 8% a 4.5%; por eso, no es de extrañar que el Comando Nacional Unitario no haya convocado una sola movilización para presionar la negociación del salario mínimo.

Ante esta situación, invitamos a que estas amargas experiencias lleven a un profundo debate sobre cómo rescatar nuestra capacidad de lucha para reconstruir las organizaciones sindicales de clase.

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(*) Director del Departamento de Empresas Multinacionales. CUT Nacional

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