miércoles, abril 24, 2024

S.O.S.

Defensor pide plazos concretos para acatar tutelas

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, demandó ante la Corte Constitucional el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la norma que reglamenta el incidente de desacato y permite sancionar con orden de arresto o multa a las autoridades o los particulares que incumplan un fallo de tutela, por no garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El defensor del Pueblo considera que el legislador incurrió en una omisión relativa al no establecer un término para resolver el incidente de desacato, con lo cual se vulneran varias garantías fundamentales, como: el debido proceso sin dilaciones injustificadas, el cumplimiento inmediato de los fallos consecuencia de la acción de tutela y el establecimiento de los recursos necesarios para promulgar la integridad del orden jurídico.

Jorge Armando Otálora Gómez, defensor del Pueblo
Jorge Armando Otálora Gómez, defensor del Pueblo

Otro líder asesinado en Los Palmitos

Diez horas después de que hiciera parte de una reunión en la que representantes de víctimas y campesinos denunciaran amenazas y expusieran algunas quejas contra la Policía, fue asesinado Carlos Eduardo Olmos Cárdenas, de 45 años, quien hacía parte de la Mesa Municipal de Víctimas. El hombre quien era ampliamente conocido por su lucha constante para que los derechos de las víctimas fueran respetados, fue asesinado a las 10:20 de la noche del domingo 13 de octubre por dos hombres en motocicleta quienes le dispararon en siete oportunidades. El presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice y congresista, Iván Cepeda, presidió la reunión en la que asistieron Olmos y más de 50 campesinos: “Es inconcebible que después de una reunión de esta naturaleza donde se hicieron denuncias contra la Policía aparezca asesinado uno de los principales líderes de la comunidad”, dijo el congresista.

Muere otro preso por falta de compasión

El pasado dos de octubre falleció en la cárcel Picota de Bogotá el detenido político Gilberto García Cardona, quien presentó síntomas de un preinfarto, y no fue atendido a tiempo. Según el relato de la denuncia, el hombre empezó con un dolor intenso en el brazo izquierdo, y en su pecho, por lo cual algunos compañeros llamaron a la guardia, pero solo al verlos completamente desesperados, la mayor Magnolia Agudelo, ordenó sacar al enfermo. Luego tuvieron que bajar ocho pisos ya que no hay ascensor, posteriormente tuvieron que subir otros siete para llegar a la enfermería. La situación se complicó ya que no había camilla, ni oxígeno, ni médico. Por ello la enfermera Catalina Camargo le atendió, inicialmente de manera displicente, asegurando que el enfermo podía tener gases o gastritis y se centró en interrogar sin consideración al casi muribundo hombre. La enfermera procedió a llamar a la médica quien llegó 30 minutos después. La doctora Diana Sánchez le inyectó ranitidina. Al parecer el paciente empezó a convulsionar, pero no recibió auxilio médico, no hubo oxígeno, y para cuando decidieron bajarlo y llevarlo en ambulancia, el hombre ya había muerto. Hay que recordarle al INPEC que todos los colombianos, independientemente de su situación jurídica, tienen derecho a la salud.

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