El articulado de la reforma a la Justicia castrense cambia radicalmente la doctrina de la guerra. La impunidad es la bandera del proyecto
Hernán Camacho
El gobierno nacional radicó con mensaje de urgencia en las comisiones primeras conjuntas del Congreso la ponencia de la ley que regula el aprobado acto legislativo 02 de 2012, conocido como el fuero militar. Ya se surtió el primer debate conjunto y las premoniciones no pueden ser alentadoras. La ley es más lesiva que el propio fuero.
Tanto la iniciativa reguladora como el acto legislativo le han servido a las organizaciones de derechos humanos y de víctimas de crímenes de Estado para la protesta que ha trascendido fronteras. Los organismos internacionales de derechos humanos están atentos al desarrollo de la discusión y han advertido lo inconveniente del proyecto de ley en la permanente impunidad de crímenes de Estado.
Objetivo central: impunidad
El proyecto ha causado tan aguda controversia en sectores democráticos que, desde la primera socialización pública de la iniciativa, ya provocó duros enfrentamientos como el producido por el general en retiro Ruiz Barrera, presidente de Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), quien arremetió contra el nombre del senador y ex director del semanario VOZ Manuel Cepeda Vargas, justificando su asesinato y señalándolo como jefe de la insurgencia de las FARC.
Esas aseveraciones provocaron una enérgica respuesta. Iván Cepeda, hijo del inmolado dirigente, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra el ex general Barrera por apología al terrorismo de Estado. Esto es solo una muestra del álgido debate que trae consigo la iniciativa.
Las malsanas intenciones son evidentes si se estudia al detalle lo aprobado en el primer debate. En el fondo se pretende discutir la penalización o no de conductas criminales de autoría militar. Para muchos analistas, lo que está en juego en la reforma es la impunidad de los casi tres mil falsos positivos denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. O los actos violentos y criminales de la Fuerza Pública que pasan por las detenciones irregulares hasta ejecuciones extrajudiciales. De ahí que el ministro Pinzón pidiera dejar de asociar los falsos positivos con las actuaciones de la Fuerza Pública. Insólito.
Como también resulta inaudito que el ex general Barrera calificara los falsos positivos como “inexplicables decisiones judiciales”, demostrando así la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Militares que hoy se encuentran en despachos de la Justicia ordinaria y pretenden ser trasladados a tribunales castrenses. Por esa razón, los mandos militares estuvieron atentos al debate y permanentemente persuadiendo a los congresistas la manera de votar.
Objetivos militares
La preocupación persiste cuando los uniformados justifican acciones realizadas bajo el amparo de operaciones militares en las que se retuvieron, secuestraron, torturaron y asesinaron a personas civiles presentadas como bajas en combates contra la insurgencia, con el objeto de recibir bonificaciones de servicio que les representó ascenso en su carrera militar. Todo con aparente legalidad.
Los defensores del proyecto sugieren que la protección de los uniformados pasa por permitir que sus acciones sean supervisadas por sus pares. Sin embargo, de existir alguna irregularidad fruto de su proceder, sea esta tramitada en un Tribunal de Garantías Militares, conformado por militares activos y civiles que serían oficiales en retiro y quienes definirían si las acciones son sujetas a la Justicia ordinaria o castrense.
Falsos positivos no paran
Al tiempo que se debate la iniciativa, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) presentó el Informe especial sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia durante 2012. Allí, los investigadores encontraron que en 2012 fueron 20 casos de falsos positivos con 52 víctimas, en contraste con 2011 donde se presentaron 17 casos con 85 víctimas.
“El panorama de las investigaciones judiciales es también preocupante, debido a los tiempos en los que se han ido desarrollando, el estado actual de los procesos y los pocos resultados arrojados, en contraste con el número de casos reportados y el número de fallos dictados. A esto se suma la limitada colaboración de la Justicia Penal Militar con la Justicia ordinaria, el vencimiento de términos, la existencia de casos de militares condenados por graves infracciones al DIH que aún continúan en servicio y la ausencia de medidas para proteger a familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces”, dice el informe.
La doctrina militar
Llama la atención del proyecto en todos sus títulos la tesis de guerra preventiva. El mismo discurso que le sirvió a Estados Unidos para invadir a Irak, en Colombia hace presencia en la reforma. Licencia a los militares para actuar en forma preventiva ante lo que ellos mismos puedan identificar como hechos peligrosos que pongan en peligro el deber constitucional de la protección.
Así por ejemplo, la reforma se refiere a quienes son blancos legítimos del accionar militar, y se incluye allí a los civiles: “Para efectos de este título, se entiende por blanco legítimo la o las personas que forman parte de los grupos armados que cumplan una función directamente relacionada con las actividades hostiles del mismo. También lo son los civiles que participan directamente en las hostilidades”, explica el articulado de la ponencia radicada que a continuación especifica: “La participación directa en las hostilidades por personas civiles conlleva para estas la pérdida de la protección contra los ataques de la Fuerza Pública, mientras dure tal participación”.
Para expertos en conflicto, el artículo evoca las acciones militares como las hechas por la Fuerza Aérea en Santo Domingo (Arauca), en donde se bombardeó el caserío por la presunta presencia de la insurgencia, hecho que nunca fue probado por la Justicia internacional. Al contrario, el Estado colombiano fue condenado por tales acciones. No obstante, el articulado de la reforma pretende salvaguardar este tipo de acciones militares y justificar sus consecuencias.
El temor militar
Las especulaciones sobre los acuerdos a que se llegue entre la insurgencia de las FARC y el gobierno Santos en La Habana son uno de los argumentos a los cuales apelan los uniformados y defensores de la Justicia militar para sustentar la iniciativa aduciendo que si los guerrilleros no son privados de la libertad los militares tampoco. A ese respecto, voces defensoras de derechos humanos señalan que están muy equivocados quienes confunden los falsos positivos con delitos cometidos en servicio. Estos últimos son susceptibles de una justicia transicional concertada en La Habana, los otros no.
Tanto los investigadores del Cinep como voces internacionales le insisten al gobierno Santos en el cambio de jurisdicción de los procesos, transfiriéndolos desde la Justicia penal militar a la Justicia ordinaria, incluyendo la revisión de todas las actuaciones judiciales hechas por la Justicia penal militar. Recomendación contraria a la exposición de motivos de la ponencia que regularía la Justicia militar.
Fuentes cercanas al Congreso le contaron a VOZ que las presiones para aprobar el proyecto vienen de los altos mandos militares y Acore, quienes han visitado oficina por oficina a los parlamentarios para advertir lo inconveniente que sería para el ejército la modificación o el hundimiento de la iniciativa.
Así las cosas, se prevén pocos cambios al proyecto en las plenarias. La voz de las organizaciones internacionales de derechos humanos no será escuchada y el camino de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del conflicto está en duda. Este proyecto hace parte de la agenda para la guerra que promueve el gobierno Santos dejando en duda su voluntad política en el proceso de paz.
