No hay opinión adversa a la convocatoria e instalación del Consejo Nacional de Paz. Respaldo unánime a las conversaciones de La Habana
Redacción política
Después de 15 años, tres gobiernos e innumerables intentos frustrados para encontrar bases ciertas para un acuerdo de paz entre las guerrillas colombianas y el estado, el presidente Juan Manuel Santos convocó el último miércoles de mayo el Consejo Nacional de Paz, un mecanismo de interlocución de las instituciones y la sociedad con el ánimo de construir caminos de entendimiento y coadyuvar en el empeño de paz que se adelanta en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional.
El Consejo Nacional de Paz fue creado mediante ley 434 de 1998, bajo iniciativa del presidente Ernesto Samper Pizano, como instrumento de interpelación entre los actores en conflicto y lo más representativo de la sociedad. Allí asisten voceros de la institucionalidad colombiana que van desde las magistraturas de las altas cortes, representantes del mando militar en uso de retiro y organizaciones sociales y sectoriales que abogan por la paz. Los partidos políticos, sindicatos, iglesias, la academia, los desplazados y hasta los empresarios tienen su lugar para un propósito: colaborar en forma coordinada y armónica a construir la paz como política de estado.
Aunque el gobierno nacional manifestó que era la hora de convocar una herramienta de ese tipo porque la paz ya no tiene reversa, las organizaciones sociales reclamaron desde un principio del proceso de conversaciones entre la FARC y el gobierno la convocatoria de tal instrumento para ser partícipes y aportar en las discusiones de la mesa. Hasta con tutelas las organizaciones sociales le reclamaron al primer mandatario lo importante que es para el proceso aplicar cualquier tipo de herramienta que blinde las conversaciones.
No obstante, el propio presidente Santos advirtió que la composición del Consejo de Paz debe ajustarse al actual proceso de paz y servir para difundir y convocar a los diferentes sectores, en especial en las regiones, alrededor de los objetivos del proceso de paz. Esa necesaria ampliación nace fruto del intercambio de opiniones entre la dirigencia política de izquierda que ha trajinado el tema de la solución política al conflicto y el presidente Santos. Entre mayor sea el grado de amplitud de organizaciones sociales mayor será el grado de efectividad de las recomendaciones surgidas en el seno del Consejo.
La insurgencia de las FARC, desde la mesa de negociaciones y mediante un comunicado, celebró el anunció y manifestó la importancia de asumir la paz como un objetivo supremo y un alto valor para los colombianos. La propuesta caló bien y atendió el llamado que en perseveraba la delegación guerrillera: “Desde el momento mismo de las conversaciones exploratorias que condujeron a la firma del acuerdo general que guía la mesa de La Habana, hemos insistido en la necesidad de una amplia y permanente participación de las diversas expresiones de la ciudadanía colombiana en el proceso de paz”.
Sectores políticos como Marcha Patriótica expresaron la necesidad de expandir los propósitos del Consejo de Paz, para servir de apalancamiento para el diálogo nacional con sectores en protesta: “El 2013 fue el año con mayor movilización social en los últimos tiempos: las marchas y paros por la salud, el agro y la educación son propuestas programáticas de paz por parte de la sociedad, son nuestras demandas y propuestas sobre política pública; lamentablemente han sido sistemáticamente ignoradas por los gobiernos en Colombia”.
De otra parte, Iván Cepeda, senador electo del Polo Democrático Alternativo, indicó que por ser el Consejo un órgano consultivo del gobierno en materia de paz, le abre la puerta a la participación ciudadana, a las organizaciones sociales excluidas y a las víctimas. El Consejo de Paz sería otro instrumento de interlocución que se suma a los Foros Regionales por la Paz realizados desde las comisiones de paz del Congreso de la República y los Foros de Participación ciudadana convocados para cada uno de los temas de la Agenda desde las delegaciones de paz de las partes.
“Muchos sectores sociales y políticos han reclamado tener un espacio de participación en la construcción de la paz. Es el escenario que se necesita para que los gremios económicos, junto a campesinos, trabajadores, grupos étnicos y la academia puedan expresarse sobre el diseño de la posguerra, con qué condiciones debe proyectarse una transición de la violencia hacia paz”, expresó Cepeda.
