El retorno a la legalidad: El Partido Comunista y el Frente Nacional

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Como una salida a la crisis, el PCC levantó la consigna del frente nacional democrático. El caricaturista Espartaco representa aquí la contraposición de los dos frentes. (Voz de la Democracia N° 64 – febrero 4 de 1960).

La organización revolucionaria retomó su actividad legal impulsando las luchas por la vivienda, la unidad de clase obrera y en defensa de la paz, especialmente cuando se preparaba la agresión contra Marquetalia

Beatriz Guerrero
@laflormasroja

Tras la caída de Rojas Pinilla se inició un nuevo periodo en la historia de país y del Partido Comunista. La élite bipartidista proclamó el retorno a la democracia a través del pacto del Frente Nacional, el cual estuvo vigente entre 1958 y 1974. El nuevo régimen civil otorgó una amnistía a las guerrillas que seguían operando en el país, y los comunistas retornaron a la legalidad tras la derogatoria de los decretos del gobierno militar.

No obstante, el Frente Nacional distaba de ser un retorno cabal a la democracia. Este era un acuerdo con el que la oligarquía liberal-conservadora se aseguraba una alternativa para retornar al poder y conjurar la amenaza que los militares habían plantado a su histórico monopolio sobre el Estado, por lo que convinieron repartirse de forma paritaria el poder legislativo y turnarse la presidencia para evitar nuevos conflictos

Rojas, quien pretendía extender su mandato hasta 1962, durante los primeros días de mayo de 1957 enfrentó un paro cívico apoyado por la élite política y la burguesía. Ante la presión, el dictador dejó el poder en manos de una junta militar que haría la transición a un gobierno civil. La junta debía legalizar el acuerdo bipartidista concretado por el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez, y que se ha denominado “Frente Nacional”. Este planteaba la alternación en la presidencia y la paridad en el legislativo y el gabinete por un periodo de 12 años -que luego se extendió a 16- entre los partidos tradicionales.

Para garantizar que las elecciones a cargos públicos fueran monopolio de liberales y conservadores se propuso institucionalizar el acuerdo mediante una reforma constitucional. La herramienta elegida para ello fue el plebiscito. El 1 de diciembre de 1957 la junta militar le preguntó al constituyente primario si daban su aprobación al régimen de paridad bipartidista. La repuesta afirmativa triunfó en las urnas, y de esta manera se legalizó un régimen que impedía el libre juego de los partidos y restringía la participación de actores políticos distintos.

Fin de la dictadura

La junta militar entregó el poder el 7 de agosto de 1958 a Lleras Camargo. Desde ese momento, la élite bipartidista estableció con una fachada democrática un aparato de gobierno reaccionario al servicio de su hegemonía de clase. Por eso, el gobierno otorgó una amnistía a los grupos armados que operaban en Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle del Cauca, y además derogó, entre otros, el decreto de Rojas que ilegalizaba al comunismo. Estas medidas les permitieron a los comunistas un ambiente más favorable para la lucha por su retorno a la legalidad.

El VIII Congreso del PCC en diciembre de 1958 concluyó que el Frente Nacional era una herramienta de la gran burguesía para afianzarse en el poder excluyendo sistemáticamente a las masas populares. Aunque se vio al nuevo régimen como la superación de la dictadura militar, caracterizaba al nuevo gobierno como una democracia restringida y militarista. Así pues, los comunistas entendían la legalidad no como una formalidad jurídica sino como una lucha por la reconstrucción partidaria a todo nivel, tarea que había comenzado el 20 de julio de 1957 con la publicación de Voz de la Democracia.

Por la paz y la democracia

De los 16 años del Frente Nacional, el país estuvo 12 en estado de sitio, y los militares tuvieron funciones judiciales y de policía. Durante la década de 1960 hubo una fuerte arremetida contra los estudiantes, campesinos y obreros, especialmente durante el gobierno del conservador Guillermo León Valencia, cuando se dieron hechos como la masacre de los obreros del cemento de Santa Bárbara y la ejecución del plan LASO (Latin American Security Operation) diseñado dentro de la lógica de la guerra preventiva, por el ejército estadounidense.

Con la amnistía de 1958, muchos excombatientes se integraron a actividades productivas expectantes de las promesas de desarrollo para el agro que hiciera el gobierno. Sin embargo, algunos de ellos fueron asesinados tras la amnistía, y ante el hostigamiento militar, algunos grupos decidieron reorganizar estructuras de autodefensa en zonas del Huila. Los pueblos donde se ubicaban, como Marquetalia, Pato, Guayabero y Río Chiquito, fueron declarados por el gobierno del presidente Valencia como “republiquetas independientes” que amenazaban la soberanía nacional, por lo que debían ser eliminadas a sangre y fuego.

El principal instigador de la agresión militar desde el Senado fue el conservador Álvaro Gómez Hurtado. Mientras tanto, los comunistas hicieron un llamado al diálogo y organizaron una campaña de agitación con visibilidad internacional para evitar las acciones militares. La campaña insistía que una acción bélica contra los campesinos desataría un nuevo conflicto.

En 1964, se bombardearon las poblaciones en cuestión. Los campesinos organizados rompieron los cercos militares, y posteriormente formarían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, iniciando una nueva etapa del conflicto armado.

La lucha por la vivienda

Los comunistas tenían experiencia acumulada en la lucha por la vivienda, sobre todo en Cali, pero luego de la violencia se reorganizó el sector viviendista con una proyección nacional. En 1959 se fundó la Central Nacional Provivienda, Cenaprov, por iniciativa de Alfonso Barberena, viejo colaborador de Julio Rincón. En la capital trabajaron bajo la dirección de Pedro Salas, quien organizaba a inquilinos del sector de Las Cruces.

En 1960 CENAPROV consiguió personería jurídica, y el Comité Ejecutivo de la Central propuso entonces como postulados centrales de la organización la lucha: 1. por casa propia, sin cuota inicial y a largo plazo; 2. Contra la especulación y alza de los arrendamientos; 3. Por una reforma urbana democrática; 4. Por la organización y defensa de los inquilinos; 5. Por la unión y defensa de los destechados en Colombia; 6. Por la unidad de acción y la solidaridad con el movimiento obrero.

Uno de los hechos emblemáticos de la lucha por la vivienda fue la creación del barrio Policarpa, cuyo proceso de invasión se dio entre 1961 y 1966; su éxito se debió en gran parte a su organización interna y su alto nivel de politización. En unos terrenos baldíos situados detrás del Hospital de La Hortúa, el 29 de junio de 1961 Rosa Buenaventura y su familia iniciaron la ocupación, un movimiento que fue coordinado por Álvaro Rodríguez; y desde el momento en que se inicia la invasión empieza el intento de erradicación y desalojo de los habitantes por parte de las autoridades.

Las mujeres fueron determinantes en la invasión, construcción y defensa del barrio, cosa que se expresó en el nombre que se le dio. Cenaprov, bajo la dirección de Mario Upegui, logró la legalización del barrio, y desde la década de 1960 acompañó la construcción de unos 500 barrios por todo el país.

Por un sindicalismo independiente

Tras la división y la presión que experimentó la CTC durante los años de la violencia, la actividad de la central decayó y esta no se reactivó sino hasta la década de 1960. Pero entonces la dirección liberal de la CTC retomó la retórica anticomunista excluyendo arbitrariamente las organizaciones sindicales con orientación clasista. Estas se agruparon en el Comité de Unidad de Acción y Solidaridad Sindical, Cuass, como alternativa al sindicalismo patronalista.

Con organizaciones sindicales de primer y segundo grado, dentro de las que estaban Fedepetrol, Fedetav, Fedeta, Fenostra y Fenaltracocem, con activa participación de los comunistas, se conformó la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, en 1964.  Para el cargo de presidente fue electo Pastor Pérez quien había sido presidente de la CTC (independiente) que agrupó durante la violencia los sectores clasistas del sindicalismo, y formaron parte de su dirección dirigentes probados en la defensa de los intereses de los trabajadores como, Roso Osorio y Gustavo Osorio, entre otros.

Aunque la CSTC jugaría un rol muy importante en la organización sindical de trabajadores públicos y el sector industrial en los siguientes años, logrará su personería jurídica solo 20 años después de fundada. Pero esto no fue obstáculo para que tuviera una destacada participación en el movimiento huelguista, teniendo un rol protagónico en el paro cívico de 1977. Su política de unidad de acción abrió paso a la formación de la CUT con principios clasistas, ante la crisis de la UTC y la CTC y su política pro patronal.

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4 Comentarios

  1. It’s not all that exceptional as it being directly down the road. Add to that the need of the Mexican government throughout the previous fifty years to send out it’s neediness so we in the USA will give both to the tutoring, human services or it’s kin. The very illegals that may have an uprising to unseat the severe government that gives it’s residents maps for greener fields.

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